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El ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Antonio Lizarazo, presentó un escrito ante la Corte Constitucional en el que advierte que la decisión de los conjueces que invalidaron las firmas no tiene fundamento legal alguno.
Manifestó que el CNE no tenia competencia para emitir un certificado relacionado con la financiación de la iniciativa, por cuanto le solicitó a la Corte que se pronuncie frente al tema.
Para él, no hay una sola norma en la que se disponga la vigencia de un requisito de esa naturaleza, por cuanto no existe ningún ente electoral que tuviera la potestad de exigir ese documento como requisito.
Así mismo, indicó que los conjueces que emitieron la decisión final se extralimitaron en sus funciones, que es otra de las aclaraciones que hacen parte del escrito que radicó este lunes en la Secretaría General.
“Se ha venido diciendo que era requisito de procebilidad para le trámite de la Ley el certificado sobre los ingreso y egresos del proceso de recolección de firmas. En mi opinión, en ninguna disposición constitucional o legal se exige ningún certificado de financiación”, indicó el ex magistrado.
De igual manera, dijo que de esta decisión puede depender mucho de lo que en el futuro ocurra con los mecanismos de participación ciudadana, pues, en su concepto, se van a poner al descubierto muchos de los "vacíos y contradicciones" de la Ley 134, que reglamenta ese derecho.
Lizarazo accedió así al derecho que la Constitución le brinda de manifestarse, como constituyente primario, frente al referendo, luego que la Corte hubiese fijado en lista la iniciativa.
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