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El 25 de febrero de 1994, Camilo Barrientos Durán fue asesinado en la vía entre Yarumal y Campamento en Antioquia. Iba manejando la chiva o bus escalera, su sustento de vida, cuando fue atacado con disparos desde los puestos de los pasajeros. Su nombre había quedado en una lista de supuestos auxiliadores de las Farc, justamente en una época en la que la guerrilla, grupos paramilitares y la fuerza pública libraban una guerra a muerte por el control territorial. Ese listado era de una agrupación conocida en la zona como los 12 apóstoles y, según un fallo del Tribunal Superior de Antioquia, detrás de su conformación y posteriores crímenes estuvo el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez: el ganadero Santiago Uribe Vélez.
A esa conclusión llegó esa instancia judicial que revocó la absolución que, en noviembre del año pasado, emitió un juzgado de Medellín. Según el fallo de segunda instancia que se conoció este martes 25 de noviembre, Uribe Vélez no solo es culpable del homicidio del conductor Camilo Barrientos Durán, sino también del cargo de concierto para delinquir. El Tribunal encontró que el hermano del presidente “actuó con conocimiento y voluntad afectando sin justa causa los bienes jurídicos de la vida y la seguridad pública. De forma que se ha establecido un comportamiento injusto en relación con los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado”. Por eso, la condena fue tasada en 28 años y tres meses de cárcel.
Aquí puede leer el fallo completo:
De acuerdo con la condena de 307 páginas, que además fue una decisión unánime, Santiago Uribe Vélez recabó información sobre las posibles actividades subversivas de Camilo Barrientos, quien supuestamente facilitaba la entrega de alimentos, botas de campaña y otros objetos de logística para la guerrilla. Por eso, su nombre terminó en la lista de personas de interés para la organización paramilitar. Una vez tuvo la información sobre el conductor, el ahora condenado le pidió a Juan Carlos Meneses Quintero, entonces comandante de Policía de Yarumal, que le “colaborara” para que el homicidio se llevara a cabo sin contratiempos, justamente en la vía que Barrientos utilizaba, supuestamente, para transportar los víveres para el grupo subversivo.
En este contexto, Santiago Uribe Vélez le manifestó a Meneses Quintero: “Teniente, colabóreme porque este personaje, hemos tenido la información con certeza y concretamente que hace parte del grupo guerrillero de las Farc que delinque en la jurisdicción, y que es el que los provee de alimentos y de parte logística”. Además de estas gestiones ante el oficial de la Policía, el Tribunal señaló que Uribe Vélez también se movió en otro frente para concretar el crimen. La Fiscalía, durante la investigación en su contra, señaló que el ahora condenado le comentó a alias “Rodrigo”, su mano derecha en el grupo los 12 apóstoles, que Barrientos era un supuesto colaborador de la guerrilla y que, en consecuencia, había que asesinarlo.
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El homicidio del conductor de chiva, de acuerdo con la Fiscalía y la condena en segunda instancia, fue ordenado y perpetrado por ese grupo paramilitar, al mando de Santiago Uribe Vélez. Lo que el ente investigador documentó durante más de 30 años es que los 12 apóstoles fue una facción de las autodefensas que tuvo un “plan de exterminio” y de “limpieza social”, que ejecutó un “plan de exterminio” contra ciertos sectores de la población civil. No solamente contra quienes supuestamente auxiliaban a las Farc y otras guerrillas, sino también contra las personas con adicciones o dedicadas a prestar servicios sexuales. Su centro de operaciones fue la hacienda La Carolina, cuyo propietario era Santiago Uribe.
Varios testigos que hablaron durante la investigación y juicio del hermano del presidente contaron que los 12 Apóstoles fue una agrupación que nació en Yarumal en los años 90 y que tuvo el apoyo de prestantes comerciantes de la zona. Uno de ellos, Santiago Uribe Vélez. Aunque en primera instancia la absolución le restó importancia a varios testigos que hablaron sobre el papel del hermano del presidente en esa organización, el Tribunal Superior de Antioquia recogió esas versiones para concluir que el ganadero, no solo financió su creación, sino que actuó como su líder y dirigente. Por ejemplo, lo que le contó a la justicia exjefes paramilitares como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” y Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”.
El primero dijo que supo, por información suministrada en una reunión con Vicente Castaño que Santiago Uribe era uno de los colaboradores y financiadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y el segundo, exjefe paramilitar cercano a la casa Castaño, aunque declaró ante la Corte Suprema de Justicia que ni el expresidente Álvaro Uribe ni su familia tenían que ver con el grupo paramilitar los 12 Apóstoles, a la Fiscalía le dijo otra cosa: que, según le escuchó decir a Vicente Castaño, ese grupo armado era impulsado por los Uribe, particularmente por Santiago Uribe Vélez, una persona que supuestamente tuvo nexos con el extinto comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La sentencia también recobró el valor de los testimonios de exparamilitares como Pablo Hernán Sierra y el exjefe Salvatore Mancuso, quienes confirmaron el vínculo entre Santiago Uribe y grupos paramilitares, no solo en Yarumal, sino también en el resto de la zona conocida como la zona vertiente Chorros Blancos y los municipios de Angostura, Briceño, Campamento y Valdivia. “La información brindada por cuatro jefes paramilitares es abiertamente indicativa del relevante rol de Santiago Uribe en el grupo criminal conocido como los 12 Apóstoles. Precisamente el hecho de que los cuatro coincidan en que conocieron, de forma independiente y distinta, sobre el papel del sindicado (Uribe), refuerza la fiabilidad de sus testimonios”, se lee en el fallo.
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Por su liderazgo y dirigencia, el Tribunal Superior de Antioquia consideró que Santiago Uribe Vélez debe ser investigado por más de 11 homicidios, al parecer perpetrados por los 12 Apóstoles, por lo que compulsó copias para que la Fiscalía adelante esas averiguaciones. Además, consideró que la defensa del hermano del presidente, de que todo el proceso en su contra fue una conspiración con el fin de afectar al hermano del sindicado, además de una persecución política impulsada por la Fiscalía de Eduardo Montealegre, nunca fue demostrada. En ese sentido, luego de conocer la condena contra Santiago Uribe, su equipo de abogados aseguró que se trata de una decisión “injusta de un ciudadano inocente”.
El Tribunal ordenó la detención de Uribe y no le concedió el beneficio de purgar su pena en prisión domiciliaria. Los abogados del ganadero ya anunciaron que interpondrán la impugnación especial para que sea revisada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, “en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia”, dijo la defensa. En esa misma instancia también llegará el recurso de casación que definirá si Álvaro Uribe Vélez es culpable o inocente en el proceso por manipulación de testigos. Ese escenario convierte a la Corte en el árbitro final de dos expedientes que han marcado, durante décadas, no solo la verdad judicial sobre el paramilitarismo, sino también escenarios políticos y electorales decisivos para Colombia.
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