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“Si de verdad queremos que las entidades territoriales desarrollen mediante el mecanismo de APP infraestructura social como colegios, cárceles u hospitales, el porcentaje de participación del Estado no puede ser inferior al 60%. Es más: en algunos proyectos, según sus características, no debería existir límite alguno”.
El gremio recordó que la calificadora de riesgo Fitch Ratings manifestó recientemente en un informe que limitar a 20% la entrada de recursos públicos a los proyectos de APP —tal y como ocurre hoy en Colombia— podría poner en peligro el desarrollo de infraestructura social en las entidades territoriales.
“Creeríamos que hay que pensar, a la luz del Plan Nacional de Desarrollo, en la posibilidad de que ese límite no exista, que se acomode a las características de cada proyecto o que en algunos casos, si es necesario, no sea inferior el aporte de recursos públicos a un 50% o a un 60% del valor del proyecto”, recomendó Caicedo Ferrer, justo en momentos en los que se debate el PND presentado por el Gobierno en el Congreso.
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