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Pragmatismo

José Fernando Isaza
17 de diciembre de 2014 – 11:00 p. m.

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El pragmatismo no debe ser el único medio para definir las políticas contra la corrupción; algunas veces podría pensarse que aquel reduciría los costos que ésta hace a la sociedad.

En una entrevista a la revista South, el entonces presidente Barco, al referirse a la escalada del gasto militar en Colombia y en Venezuela, dijo que una forma de reducirlo sería que los militares de ambos países encargados de las compras recibieran la comisión sin necesidad de adquirir los equipos de guerra.

Una megacorrupción se está destapando en Petrobrás. Los directivos han aceptado devolver US$165 millones de las comisiones recibidas; la anterior cifra da una idea de la magnitud de los ilícitos. El exgerente de la petrolera Pedro Barusco aceptó reintegrar US$100 millones. Estas cifras hacen palidecer de envidia a los implicados en los carteles de la contratación del Distrito o a quienes se enriquecieron con los sobrecostos de la central del Guavio, casos emblemáticos de la corrupción en Colombia. Culpables disfrutan su riqueza mal habida; los convenios de extradición con España no incluyen el delito de corrupción.

Los sobrecostos en las obras de Petrobrás y la ejecución de algunos proyectos, motivados más por el afán de lucro que por la necesidad técnica, tienen hoy postrada a la empresa. Si se sanciona a las compañías involucradas en los delitos, se corre el riesgo de paralizar el desarrollo de la infraestructura brasileña, pues están comprometidas la mayoría de las grandes empresas del país.

En el gobierno de Lula empiezan a aflorar los escándalos de corrupción en Petrobrás; aunque tuvieron un alto impacto político, no fue tan significativo el económico. Reformas legales, difíciles de pasar en el Congreso, se tramitaban con adecuada lubricación a algunos de los integrantes de los cuerpos legislativos. El costo era asumido por Petrobrás, en forma de erogación directa, y no a través de obras innecesarias, asignadas a los legisladores en forma que pudieran lucrarse de las comisiones. Ambas conductas son censurables y delictivas. Es posible que el daño sea menor si el corrupto recibe su “tajada” y el Estado no tiene que incurrir en el valor total de una inútil obra. Con alta probabilidad, la opinión pública considera que es más censurable el pago directo. La forma de corrupción a través de comisión por inversiones estatales es una práctica o más difundida o más sencilla de ocultar o justificar que el pago directo. Las sociedades no son tan intolerantes a la corrupción; basta recordar que en Argentina el pueblo reelegía a Perón, aun sabiendo sus veleidades. “Ladrón o no ladrón, queremos a Perón”. En Colombia pocas sanciones, aun sociales, reciben quienes hacen ostentación de la riqueza mal habida.

La sensibilidad ciudadana se acentúa cuando, a pesar de los sobrecostos, las obras que tienen efecto en el bienestar ciudadano no se ejecutan. El escándalo en el carrusel de la contratación en Bogotá se destapa por la visibilidad de los incumplimientos de otras obras de la 26 con 30; el retraso de las obras que tenían los Nule por todo el país no tuvieron igual impacto en la opinión.

Los españoles durante la Colonia tenían un método eficaz para combatir el robo del quinto real, única corrupción que les preocupaba. El juicio de residencia: si el encomendero no podía justificar sus bienes y su nivel de vida, con los ingresos o herencias, era tenido por culpable.

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