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Luego de pasar por un juzgado administrativo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, la pelea jurídica que la Alcaldía de Bogotá casó desde 2002 con la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) llegó a la esfera penal. El fiscal general (e), Guillermo Mendoza, designó a un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública para que se investiguen las actuaciones de los funcionarios del Distrito, tanto de la actual como de los anteriores gobiernos, a raíz de esta disputa.
El pleito se originó en la expedición del Código Nacional de Tránsito en 2002. En esta norma Fedemunicipios, que es una organización privada, fue delegada para implementar y mantener actualizado el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Sin embargo, desde que se sancionó la ley, la Alcaldía de Bogotá se rehusó a hacer los pagos que la agremiación exigía, el 10% sobre el total del dinero que el Distrito recogía por concepto de multas de tránsito en general. Para la Alcaldía de Bogotá, Fedemunicipios sólo tiene derecho a ese porcentaje pero de los dineros que se recogen a través del Simit.
Por el momento, gracias a un auto que el Consejo de Estado expidió el 21 de octubre pasado, las transferencias que reclama Fedemunicipios de la Alcaldía Mayor están congeladas. El Distrito entuteló ante este alto tribunal la sentencia que emitió el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según el cual Bogotá estaba en la obligación de acatar la ley y entregarle a la organización “el 10% de todos los dineros recaudados desde el 7 de agosto de 2002 hasta la fecha (…) teniendo en cuenta el interés corriente”.
Dicho pronunciamiento se originó por una acción popular que interpusieron dos hombres, Fernando Torres y Alberto Bravo. “Ese fallo está rodeado de dudas. Nunca antes se había visto que una acción popular beneficiara a particulares y no al erario”, expresó el actual secretario de Hacienda del Distrito, Juan Ricardo Ortega, quien también será investigado en el marco de este asunto y que defiende la tesis de no entregar una suma tan alta a Fedemunicipios. Las indagaciones fueron solicitadas a la Fiscalía por el propio alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.
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