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El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho revivir los duros hechos del Palacio de Justicia de 1985.
La toma por el M-19 y la retoma por el Ejército Nacional. Apagados los incendios y muertos personajes muy ilustres de la juridicidad nacional por la acción guerrillera, se vivió un drama residual no menos grave: el de los desaparecidos, personal rescatado que primero fue llevado a la Casa del Florero y luego a brigadas militares.
Caer en poder del enemigo es entrar en el horrible mundo de la humillación y el maltrato. Perder la libertad entre ilegales es un portal hacia lo desconocido. A veces se permiten mensajes de supervivencia para los familiares, pero la vivencia inmediata para el “retenido” son las cadenas y el trato inhumano.
El encarcelamiento legal es otra condición difícil, pero se cuenta al menos con el amparo de la ley, con la posibilidad del reclamo frente a los excesos y con los diversos amparos que ofrecen los protocolos humanitarios.
Situación inconcebible, inimaginable y extrema desde todo punto de vista es la del desaparecido. Aquel ser del que no se tiene noticia, cuando él mismo pierde su voz y su llanto es inaudible. Ni tiene modo de reclamar por su rescate a las autoridades que hipotéticamente vendrían a socorrerlo. Ahora bien, si son ellas las que lo han apartado de la faz del mundo, el desconsuelo es infinito y ese ser, perdido ante sí mismo, carece de nombre, su identidad no cuenta y la inhumanidad de sus captores es la única referencia viva de su entorno.
Esa insufrible situación fue la que vivieron algunos de los capturados por el Ejército (y captados por anónimas cámaras que dieron noticia de su existencia), aparentemente rescatados de la balacera y el horror, en el año 85. Sólo que, trasladados a despachos castrenses sin defensa posible, quedaron sujetos a mandos execrables, que dispusieron de su suerte final en recintos tenebrosos de injusticia.
El crimen del desaparecimiento, más tarde tipificado como delito (y vaya si de lesa humanidad), procede con la característica de no dejar rastro ni huella de la víctima ni de sus victimarios, ya que en ello consiste. De ahí la dificultad para su enjuiciamiento.
Los hechos del Palacio de Justicia de aquel 85 coparon la acción de las autoridades civiles, que asumieron responsabilidades de las que han debido zafarse mediante la denuncia oportuna de los excesos militares.
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Ya va teniendo respuesta la pregunta incansable del pie de caricatura del dibujante Jarape, en este mismo diario: “¿dónde están los desaparecidos? ”; pregunta que semeja aquella otra del jefe político y periodista que inquirió por años: “¿quién mató a Mamatoco?”. En ambos casos la respuesta correspondía entonces y corresponde ahora a las autoridades.
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