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HA DICHO EL EX PRESIDENTE URIBE: "Me permito manifestar que si aquello que hizo el dr. Bernardo Moreno fue averiguar al DAS y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta".
Muchos medios señalaron, hasta con aplausos, que por primera vez un alto funcionario aceptaba responsabilidades en este país de impunidad.
No es así: el doctor Uribe lo que ha dicho es que acepta la responsabilidad si Moreno es inocente, lo cual no es un gran avance. En cambio, si es culpable, esto es, si fue más allá de la orden de “averiguar”, sin incurrir en “actividades ilegales”, la supuesta manifestación de responsabilidad es más bien un juicio de deslinde y amojonamiento. Uribe no le ha dado la mano a Moreno. Por el contrario, aprovecha para recordar, bajo el ropaje de la supuesta asunción de responsabilidad, que si Moreno es culpable, lo es por cuenta propia.
En lo jurídico, ni hay nada nuevo, ni hay que sorprenderse. Uribe reitera, como era de esperar, que él no ordenó o autorizó acto alguno ilegal. No hay pruebas que refuten esa afirmación, lo que coloca el asunto en el tema de la simple especulación. Eso es lo penal.
Pero en cuanto a la responsabilidad política, el asunto tiene otro tinte. Porque por responsabilidad política se entiende la del superior que, aun declarándose inocente, y precisamente por ello, asume las consecuencias políticas de la falta de sus subalternos, aceptando lo que los anglosajones llaman un “error of judgement”. La culpa política que proviene bien de la escogencia del subalterno, de su falta de vigilancia, en fin, de haber permitido, aun sin intención, que un servidor suyo cometiera actos impropios. En democracias avanzadas, todos los días vemos a altos funcionarios que dimiten o al menos admiten su culpa política por hechos de sus subalternos que, no obstante, les son ajenos en el campo penal o disciplinario.
Tengo inmenso respeto por Uribe. Y agradecimiento como colombiano. No hay motivo en este momento para romper la presunción de inocencia que lo cobija. Pero con su declaración, de verdad, no hemos avanzado nada en este difícil terreno de las chuzadas.
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¿Al fin queremos partidos organizados? Pues eso cuesta, exige cuadros permanentes, institucionalidad. El Consejo Electoral se sacude por un contrato de Fajardo. Aceptando que el asunto de forma quedó defectuoso, el fondo de la cuestión no es censurable. ¿Se espera que la política siga siendo solo para los ricos? ¿Qué las candidaturas queden reservadas a grandes señorones que no tienen que ganarse la vida? ¿Qué solo son viables partidos de notables como en el siglo 18? ¿O que empresas privadas disimulen pagos bajo la mesa a los candidatos? Si se habla de moralidad, prefiero a Fajardo ganándose un sueldo mientras se dedica limpiamente a la política. En vez de celebrar pactos inconfesables o andar limosneándole a los ricos de turno. Los partidos, para ser organizaciones estables, necesitan directores para dirigir, porteros para portear, secretarias para secretariar y candidatos para candidatear. Y eso vale. ¿O son cuerpos celestiales?
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