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Indicó Minhacienda que junto al presidente Uribe se idearon otras formas de hacerles recuperar el dinero a los afectados por las pirámides.
Pensaron en "constituir un fondo o una cooperativa para las personas afectadas, muchas de ellas no quieren que se les devuelva el dinero sino que sea invertido para actividades productivas que puedan generar empleo en la región".
El procurador Alejandro Ordoñez indicó en un concepto enviado a la Corte Constitucional con respecto a los decretos de emergencia económica que "no constituye una medida desproporcionada la introducción de una falta disciplinaria gravísima para los servidores públicos que depositen o entreguen dineros a las personas que desarrollan la práctica ilegal de captación masiva de recursos del público en cuanto todo servidor público está obligado a permitir que se le investigue por sus conductas".
Pidió con este y otros pronunciamientos, que se declare la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica, que le permiten a alcaldes y gobernadores intervenir a las captadoras ilegales de dinero dentro de su jurisdicción.
"La proliferación de distintas modalidades de captación de recursos del público por fuera del marco legal, con grave riesgo y amenaza ya que sus captadores no ofrecen las garantías y seguridades propias de la actividad financiera, siendo necesaria la adopción de mecanismos ágiles para contrarrestar las aludidas prácticas y, de esa manera, evitar una posible crisis social", indicó Ordoñez, en su primer pronunciamiento oficial desde su posesión como procurador a principios de enero.