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DETERMINAR EL VALOR DE UNA vida es imposible, pero los jueces y las compañías de seguros se ven obligados a hacerlo.
Decisiones como construir una presa que resista una inundación de ocurrencia media en 100 años, o una que sólo resista hidrología severa de frecuencia 50 años y que cuesta 1/3 de la anterior, son comunes y están calculando pérdidas de vidas.
En mi columna anterior mencionaba que el valor en horas de vidas salvadas no puede compararse con el costo en horas dedicado a salvarlas; el valor de una vida supera, ética y culturalmente, con creces, la suma de los tiempos dedicados a esta labor. No hay simetría si la vida sacrificada se realiza voluntariamente para salvar más. Piénsese en los 150 héroes de Japón que luchan para controlar las centrales atómicas, a costo de su vida para reducir el riesgo de acortar la esperanza de vida de sus compatriotas.
Se consideró llamar a jubilados para ejecutar esta riesgosa labor. Con la misma lógica una autoridad supranacional debería decidir que sólo los mayores de, digamos, 60 años puedan prestar servicio militar; así en una guerra convencional los años de vida perdida se reducen sustancialmente y además el país puede contar con el aporte de sus jóvenes para su desarrollo.
En el Reino Unido, el gobierno, preocupado por el alto costo que tenían para su sistema de salud los tratamientos del cáncer de pulmón, frecuente en los fumadores, ordenó un estudio que justificara financieramente las campañas contra el cigarrillo; los resultados fueron sorprendentes. Se reducía el costo médico si bajaba el consumo de tabaco, pero la esperanza de vida se incrementaba y las finanzas de la seguridad social se veían afectadas al extenderse el pago de las pensiones. Las campañas para prevenir el cáncer del pulmón continuaron, pues la función del Estado es propender por el bienestar de sus ciudadanos.
Para reducir las muertes por atentados terroristas, se implementan medidas incómodas en los aeropuertos con costos en tiempo y privacidad; las horas “perdidas” fácilmente superan las horas de vida “salvadas”, pero pocos aceptarían una drástica reducción de los controles que aumentara la posibilidad de bombas en los aviones.
La sociedad se ve obligada a aceptar niveles de riesgo cuando su reducción implica costos prohibitivos. En los metros se producen acciones terroristas; tratar de reducirlas con controles a las entradas haría colapsar el sistema de transporte masivo. Se recurre a políticas más sensatas: cámaras de vigilancia, chequeos esporádicos. Surge la pregunta de por qué no adoptar estas medidas en los aeropuertos en lugar de exponer a los usuarios a molestias demoras y dosis de radiación que pueden inducir mutaciones en las células.
La percepción de los riesgos no sigue necesariamente patrones lógicos. El modo convencional de transporte más seguro es el aéreo; sin embargo, produce mayor sensación de inseguridad. En accidentes también se aplica el principio del Cisne Negro, los sucesos de baja probabilidad ocurren. El más grande accidente aéreo se produce en tierra al chocar dos aviones por órdenes equivocadas de controladores aéreos en momentos de baja visibilidad. La probabilidad simultánea de un terremoto y un tsunami que afecten al tiempo cuatro centrales nucleares es cercana a cero, pero ocurrió.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.