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¿Dónde están?
En nada terminó la esperada audiencia de imputación de cargos contra el coronel (r) Jorge Pérez Amézquita y los soldados Cristian Casilimas Pulido, Yorman Buriticá Duarte y William Alarcón. Todos los reflectores estaban sobre la diligencia, pues los cuatro militares son investigados por el asesinato de Dimar Torres, exguerrillero de las Farc ejecutado a sangre fría el 22 de abril de este año en Norte de Santander. Los procesados trataron de enviar su caso a la justicia penal militar, sin éxito, y el pasado 19 de diciembre, la Fiscalía se aprestaba a anunciarles la investigación oficial en su contra por homicidio en persona protegida. Pero la abogada del coronel (r), Jennifer Prada, fue sancionada en otro proceso y ni siquiera se presentó en Paloquemao. La Judicatura está por decidir si ella puede litigar en esta causa. A la audiencia tampoco llegó ninguno de los uniformados y eso sí preocupa a la familia del desmovilizado, cuyo hijo nació hace unos días y recibió el nombre de Dilan.
Superamigos
Luis Carlos Gómez Góngora es, por estos días, protagonista de un escándalo judicial mayúsculo: el de las interceptaciones ilegales que se hicieron desde la plataforma Esperanza, que pertenece a la Fiscalía. Gómez Góngora, condenado a ocho años de prisión por delitos como violación ilícita de comunicaciones, estuvo en la Fiscalía unos 25 años, y en los pasillos del organismo es considerado uno de los padres del sistema de interceptación, razón por la cual su captura y condena golpearon tan duro dentro de la entidad. Asegurando que tiene información de cómo el exfiscal Néstor Humberto Martínez “chuzó” a gente cercana a los diálogos de paz con las Farc, pidió pista recientemente en la JEP. Y en la cárcel La Picota se hizo amigo de Francisco Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado a 55 años de prisión por homicidio. Dicen en la cárcel que Kiko Gómez es quien controla el patio donde están ambos, y además comparten abogado ante la JEP: Pedro Niño, hermano de la exfiscal Hilda Niño, procesada por favorecer a paramilitares.
La furia de Uribe
El accidentado trámite de la reforma tributaria esta semana les produjo fuertes angustias al Gobierno y su bancada. En especial, el suceso ocurrido el miércoles en la Cámara de Representantes, cuando la segunda vicepresidenta, María José Pizarro, aprovechó el descuido del oficialismo para levantar la sesión, argumentando falta de quórum y sin anunciar proyectos, lo que puso en vilo por unas horas la principal iniciativa del Ejecutivo. El chisme en el Congreso es que quien llevó del bulto fue el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, sobre quien el expresidente Uribe descargó toda su furia, dado que, al ser el primer vicepresidente y del partido de Gobierno, era el llamado a evitar la “jugadita” de la oposición.
Falta de colegaje
La jugadita de Pizarro tampoco cayó bien a varios de sus colegas, que se sintieron atacados y expuestos por la acción de la representante de levantar la sesión en la que se tenía pensado votar la reforma tributaria. “Hay una imagen mala del Congreso porque supuestamente no trabaja y llega tarde, y Pizarro viene y levantó la sesión porque no había quórum”, comentó un congresista conservador, lamentando la falta de “colegaje parlamentario”. La molestia de varios congresistas que hacían parte de la bancada de Gobierno ni siquiera era porque la tributaria se estaba embolatando, sino porque los dejaron mal parados, nuevamente, frente a la opinión pública.
¿Cuota femenina?
El sonajero para reemplazar a Nancy Patricia Gutiérrez en el Ministerio del Interior sigue sonando. Cuentan en el Congreso de la República que Sergio Diazgranados declinó definitivamente el ofrecimiento del presidente Iván Duque, quien ha seguido en busca de quien podría asumir el chicharrón político. Dicen que al mandatario le quedó sonando un nombre de última hora: la saliente gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, una baronesa electoral que cumple con los requisitos necesarios: mucho recorrido político, ascendencia con los parlamentarios y carné del Partido de la U. Mejor dicho, un gallo tapado que podría quedarse el frente de la cartera política.
Un potosí I
Esta semana estuvieron por segunda vez en Bogotá las autoridades de la nación indígena Qhara Qhara, entregando el gobierno de Iván Duque más documentación de su reclamo sobre la memoria y la propiedad del galeón San José, hundido en el Caribe colombiano el 8 de junio de 1708. Aseguran que la mitad de la carga o tesoro provenía de la plata extraída de las minas de Potosí, entonces virreinato de Lima, hoy Bolivia. Tuvieron reunión con Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, y dejaron un mensaje de video para el presidente y la vicepresidenta colombianos, al igual que 2.200 hojas de documentos y libros obtenidos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y la Casa de la Moneda, como soporte de sus requerimientos, en especial que el saqueo y la violación de su territorio sea reconocido por el gobierno español.
Un potosí II
Para cubrir los gastos de sus viajes a Colombia, la comunidad indígena se ha dedicado a vender artesanías y libretas hechas a mano. También, con recursos de donaciones preparan una cumbre internacional, que se realizará en febrero próximo en Potosí (Bolivia), a la que invitaron al gobierno colombiano, al de España, a historiadores, arqueólogos submarinos y escritores del tema. Aunque para algunos estos reclamos resultan paradójicos, pues Bolivia no tiene mar, los Qhara Qhara lo consideran su prioridad política en 2020.
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