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Salvatore Mancuso Gómez, el exjefe paramilitar que comandó las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hombro a hombro con los hermanos Castaño, es nuevamente un hombre libre. Este miércoles, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hizo efectiva la orden de libertad que había ordenado la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a favor de Mancuso, por considerar que ya no tenía pendientes con esa justicia, después de haber pagado más de década y media de cárcel en los Estados Unidos. Ahora, al hombre que lideró uno de los grupos armados más sanguinarios en la historia del país, le espera un nuevo camino.
Tras casi cinco meses recluido en La Picota, Salvatore Mancuso ahora está al cuidado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), como lo manifestó el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria, encargado del Inpec. Según pudo conocer este diario con fuentes dentro de la Unidad, las medidas que tendrá Mancuso ahora fuera de la cárcel estaban estipuladas en un convenio suscrito entre la UNP y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que el exjefe paramilitar es compareciente.
En el caso de Mancuso, “lo que hace la UNP es servir de manera logística. La JEP saca su resolución con las medidas que se le deben implementar a cualquier persona y nos piden que las implementemos y sacamos nuestra propia resolución”, señala una de las fuentes consultadas. Para el exjefe paramilitar no se realizó un Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – (CERREM), sino que fue la JEP la que consideró la seguridad que debe tener Mancuso. Estas medidas fueron activadas tan pronto como se le dio la libertad al excomandante de las AUC y, al menos desde su salida de La Picota, cuenta con cuatro camionetas blindadas.
La razón de que esta protección se ordene por parte de la JEP, es que Mancuso fue aceptado en esa jurisdicción bajo una figura nunca antes vista en esa justicia transitoria: la de “bisagra”. El exintegrante de la casa paramilitar de los hermanos Castaño fue aceptado por la JEP en noviembre del año pasado en un hecho sin precedentes. Fue el primer exparamilitar en someterse ante una Jurisdicción que, desde su constitución, en 2017, le cerraba la puerta a ese tipo de actores del conflicto, aunque quisieran buscar beneficios judiciales a cambio de aportes de verdad. Mancuso fue considerado como el punto de conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado.
A la JEP le resultó de máximo interés lo que pueda contar Mancuso para el macrocaso 08, el cual investiga crímenes cometidos por la Fuerza Pública y agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. De hecho, desde su regreso a Colombia, después de estar más de 15 años privado de la libertad en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, Mancuso ya ha tenido citas con la JEP para aportar a la verdad. El pasado 10 de abril, por ejemplo, la Sala de Reconocimiento de Verdad lo llamó a versión para que detallara la información que ha aportado sobre las masacres de El Aro y La Grana, en Ituango, en la década de 1990.
Más detalles del caso Mancuso: Salvatore Mancuso queda oficialmente en libertad
Previo a su inclusión en la JEP, Mancuso entregó información en diferentes casos de interés para esa justicia y esta, luego de ello, valoró los aportes y los clasificó entre novedosos y reiterativos. Entre la información nueva, está un señalamiento contra la gobernación de Antioquia de la época y Álvaro Uribe Vélez, sobre este expediente de masacres por el cual el expresidente tiene una indagación abierta en la Fiscalía y, además, por el que Colombia fue condena internacionalmente. Mancuso no tiene solo un compromiso con aportar a la verdad en la JEP, sino que también en la justicia ordinaria, pues fue llamado como testigo en el caso por fraude procesal y soborno en actuación penal en contra del expresidente Uribe.
Salvatore Mancuso hace parte de los 34 testigos llamados por la Fiscalía para intentar probar la hipótesis de que, en la década pasada, Uribe utilizó emisarios para lograr que personas conocedoras del paramilitarismo lo dejaran bien parado en otros procesos judiciales y, a la par, intentaran enlodar al senador Iván Cepeda. También, fue citado por la Corte Suprema de Justicia para que declara en el caso contra del senador del Partido Liberal, Fabio Amín; y del excongresista William Vélez Mesa, investigados por presuntos nexos con el paramilitarismo. Además, se comprometió en ayudar con el gobierno de Gustavo Petro, para consolidar la iniciativa de paz total que tiene el Ejecutivo.
En agosto de 2023, el máximo mandatario firmó la resolución que designó a Mancuso como gestor de paz. Aunque en el documento, Petro solicitó la suspensión de medidas judiciales en contra del ahora liberado exparamilitar, y que no debían tener efecto órdenes de captura y medidas de aseguramiento en su contra, los pendientes que tenía con la justicia hicieron que siguiera recluido a pesar de la petición presidencial. Además, tanto Justicia y Paz como la JEP, que han tenido choques sobre los procesos contra él, coincidieron en una cosa, que no podía otorgarse libertad solo por ser gestor de paz. Ahora que está libre, y no por su designación, no es claro si cumplirá con la misión encomendada.
La libertad del exjefe paramilitar, celebrada su defensa que la había solicitado desde primer momento, no es igual de satisfactoria para las víctimas que dejó, pues algunas consideran que no es cierta su intención de aportar a la verdad y la paz, sino que solo busca el beneficio personal. Aunque por su experiencia se le encargó tender puentes entre el Estado y grupos de origen paramilitar como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada o el Clan del Golfo, los segundos no lo reconocen como vocero dentro de la paz total. Entonces, se podría complicar esa misión para que dejen las armas.
Aunque está en libertad, Mancuso tendrá que seguir presentándose a cualquier autoridad judicial que lo requiera. Justicia y Paz, jurisdicción que lo acogió cuando dejó las filas paramilitares, ya dijo que no tenía pendientes con ellos. Sin embargo, sigue en disputa con la JEP, pues ambas jurisdicciones especiales han dicho que son las competentes para ponerle punto final a los casos contra el exjefe paramilitar. Aunque, por ahora, esa pelea se mantiene trabada en la Corte Constitucional que tiene la última palabra sobre quién tiene la razón y podría derivar en un nuevo capítulo de la historia del temido excomandante de las AUC.
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