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“A diferencia de otros procesos que he liderado, hoy los puntos no están a favor”, fueron las palabras del ministro del Interior en la antesala de dos discusiones clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro: la ley de financiamiento y el salvavidas para el Ministerio de la Igualdad. Lo dicho por Armando Benedetti dio cuenta del panorama adverso del que son conscientes en la Casa de Nariño a dos semanas para que finalicen las labores en el Capitolio.
La apuesta del Ejecutivo es cerrar el 2025 con estas iniciativas aprobadas, pero como señala el jefe de la política, no existen esas mayorías que sí se vieron en los primeros años de gobierno. Es más, el comportamiento de la Cámara -la corporación más fiel a los proyectos de la administración Petro- ha sido contrario a sus recientes peticiones, con un argumento casi que unánime de alejarse las filas oficialistas a menos de cuatro meses que los comicios legislativos del próximo año.
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En primera instancia, la mirada se ha posado en las comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Senado y Cámara). Allí hubo expectativa del Ejecutivo para lograr tanto la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PNG) para la vigencia 2026, como de la ley de financiamiento que apalancaría esta iniciativa. Los COP 556,9 billones presentados inicialmente en el mes de agosto, solo se redujeron en COP 10 billones, pese a la controversia que generaba el proyecto en medio del que se ha catalogado como un “delicado” momento fiscal del país por parte de congresistas y expertos.
Ese presupuesto iría acompañado de una reforma tributaria de COP 26,3 billones, que tras modificaciones y “acuerdos” entre bancadas para impedir un nuevo “decretazo” – como sucedió con el presupuesto del 2025-, se recortó a COP 16,3 billones. Sin embargo, esa propuesta no cuenta con las mayorías en las comisiones económicas donde la intención de archivo sigue siendo impulsada por los principales sectores de oposición.
En los pasillos del Capitolio rebota el eco de que nadie puede “suicidarse aprobando impuestos a meses de las elecciones”. Esa frase primó en Sendo, pero fue la Cámara la que ayudó con diversas maniobras dilatorias para salvar por unos cuantos días el hundimiento de ese proyecto. La votación que se presentó en doble oportunidad solo tuvo 7 votos positivos para archivar esta intención oficialista, mientras que por mantener con vida la iniciativa se reportaron 15 en primera ronda y 12 en la segunda.
Ahora bien, en el Senado la advertencia ha sido entregada por sus presidentes: la tercera de esa corporación tendría 12 votos para el archivo, de 17 posibles; mientras que en la Cuarta la oposición hace cuentas de 10 congresistas que buscarían ese archivo por solamente cuatro que le darían vía libre.
Aunque el ministro Benedetti se ausentó la mayor parte del debate, en el tramo final de la discusión logró maniobrar para que se rompiera el quorum desde la Comisión Cuarta de la Cámara. Solo 11 de los 29 congresistas estaban presentes a la hora de votación, donde también jugó un papel clave Wilmer Castellanos (Verde), quien moderó el debate como presidente de la tercera e impidió algunas las modificaciones a la discusión propuestas desde el Centro Democrático.
Y aunque nombres como Wadith Manzur (Conservador), Jorge Eliecer Salazar (La U), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), Sandra Aristizábal y Kellyn González (liberales) permitieron dar vida por una semana más a la ley de financiamiento, las advertencias del Senado se mantienen en firme y podrían dar hundimiento al proyecto. Otros nombres claves fueron Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, la directora del Dapre, Angie Rodríguez o la ministra de Comercio, Diana Morales.
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Desde la Casa de Nariño buscarán aprovechar este nuevo aire que tiene para liderar más encuentros con los que puedan rescatar los votos la aprobación de la tributaria. Aunque las invitaciones han sido rechazadas tres veces por múltiples sectores, una nueva cita en la Casa Santa Bárbara, donde se ubica el ministerio de Hacienda, se fraguará para lograr voltear el panorama a su favor.
Esa división no ha sido exclusiva de las células económicas. El panorama también se traslada en las comisiones primeras. Esos recintos tienen en sus manos el futuro del ministerio de la Igualdad, al que le quedan cerca de siete meses para que se cumpla el plazo que dio la Corte Constitucional para tramitar nuevamente la ley que permitió la creación de esta cartera el 2023.
No obstante, son dos las ponencias de archivo las que darían hundimiento al proyecto en unas corporaciones que, aunque son presididas por el oficialismo – o congresistas cercanos – cuentan con mayorías opositoras encabezadas, principalmente, por Centro Democrático y Cambio Radical. La Cámara, que es presidida por Gabriel Becerra (Pacto Histórico), tiene a por lo menos 15 legisladores en oposición, al menos 10 en independencia que suelen variar de votos y 15 también en favor del oficialismo. Por Senado el caso es similar con 12 congresistas en oposición y 10 aliados a la Casa de Nariño.
El panorama no solo se configura en los votos. También ha existido una evasiva para dar la discusión de este proyecto, sustentada por algunos congresistas en la falta de un sustento fiscal con el que se pueda dar sostenimiento a esa cartera más allá del 2026. Esta postura ligaría la decisión a una tributaria ya hundida en el Congreso.
Allí también reposa la ley de sometimiento, que busca crear un piso jurídico para el programa de paz total. No obstante, en los pasillos del Capitolio tampoco ven futuro a ese proyecto. El concepto negativo emitido por la Corte Suprema de Justicia y la controversia en la que se encuentra inmersa esta administración por presuntos nexos de funcionarios del gobierno con las disidencias de alías ‘Calarcá’ impedirían la conformación de mayorías tanto en Cámara como en Senado.
Ese proyecto ha sido causal de divisiones incluso dentro del gabinete del presidente Petro, luego de que el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre, acusara una falta de interés por parte de la cartera del Interior para impulsar la iniciativa. La discusión se reveló a través de una filtración de los chats de los ministros y derivó en la salida del exfiscal del Gobierno. Además, Augusto Ocampo y Andrés Idárraga, encargados en el minjusticia, tampoco han podido avanzar con la discusión del proyecto.
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Y aunque se podría considerar que la pérdida de fuerza legislativa del Congreso es en estas dos saldas, otras comisiones como la Séptima del Senado también se han convertido en el principal obstáculo para el Gobierno en varios de sus proyectos con una alternancia de 8 a 9 votos en contra. De hecho, otra de las grandes apuestas de la Casa de Nariño es la reforma a la salud, una vez hundida en esa corporación y que, ahora, también pende de un hilo en su tercer debate.
Como bien ha señalado el ministro Benedetti, esa transformación total al sistema de salud llegó al Senado en marzo el presente año, pero desde entonces su progreso a sido mínimo. Hoy la discusión está pausada, también con el argumento de la falta de un aval fiscal claro, luego de que el ministerio de Hacienda hubiese presentado hasta seis documentos diferentes con este sustento, pero que en su última versión también se ató a la tributaria.
Las plenarias también se han convertido en un terreno adverso para el Ejecutivo, algo que se evidencia con el trámite de la jurisdicción agraria. El proyecto de ley que configuraría los detalles finales de la reforma agraria, ya aprobada por este Congreso, tampoco ha iniciado sus debates en la Cámara ni el Senado, a pesar de tener acuerdos suscritos entre bancadas desde hace más de un año.
La discusión inició por el recinto de los representantes y aunque ha encabezado el orden del día de esa corporación por casi 10 semanas, otros proyectos han sido priorizados incluso por los congresistas de gobierno o el quorum (92 de 185) no se ha podido conformar en la plenaria, con constantes rupturas de sectores opositores. Esa estrategia ha sido liderada por Centro Democrático, pero también ha coincidido con reuniones de bancada de los partidos de La U, Conservador o verdes, que suelen – en sus mayorías – apoyar todo proyecto del Gobierno.
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