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El plástico está en todas partes. Está en las ruedas de los carros y los buses que nos transportan todos los días, en los empaques que sellan los alimentos en nuestra nevera, en los globos con los que celebramos fechas importantes y en las sillas que se utilizan en eventos masivos. Desde que empezó a producirse, se ha vuelto omnipresente en la vida moderna.
Su durabilidad, así como lo barato que resulta producirlo, también ha generado costos.- Su contaminación no tiene precedentes: se ha detectado desde el fondo del mar hasta en nuestros cuerpos. Uno de los principales afectados es la vida marina. Hay estimaciones que apuntan que hasta el 90 % de los animales en ecosistemas de agua de mar ha ingerido plásticos o microplásticos en el planeta.
Ante este panorama, el mundo hoy debate —con encuentros fallidos como el que hubo hace un mes para lograr un Tratado Global de Plásticos— sobre la forma con la que se debe enfrentar este problema, que involucra a una industria de más de 627.290 millones de dólares.
Colombia ha intentado dar algunos pasos. Mañana, domingo 7 de julio, se concretará uno más: entrará en vigor una ley que prohíbe el uso y comercialización de ocho artículos pensadas para un solo uso y hechas a base de resinas plástico en todo el territorio nacional con el objetivo, según el Ministerio de Ambiente, de “proteger el medioambiente y la salud de los colombianos”.
Se trata de un plan que busca una transición de dos años con el objetivo de que, para 2026, en el país no se utilicen plásticos diseñados para ser usados solo una vez. En esta primera etapa serán las bolsas plásticas de los supermercados y de lavanderías, los pitillos, los mezcladores y los soportes para las bombas de inflar y para los copos de algodón los que deben salir de circulación. O las empresas que los fabrican deben cambiar la forma en la que producen estos artículos.
Con esta medida, Colombia se suma a los más de 69 países que han establecido prohibiciones al plástico de un solo uso, siguiendo con las recomendaciones de la ONU.
“En la región, la ley de eliminación de plásticos de un solo uso en Colombia, que entra en vigor este domingo, es pionera por varios aspectos. Uno de los puntos claves es que destaca la importancia de la responsabilidad compartida entre gobierno, empresas, y consumidores, incentivando a todos los actores a adoptar prácticas más sostenibles” indicó Tatiana Céspedes, Coordinadora de campañas para Greenpeace Colombia a El Espectador.
¿Qué cambiará, entonces, a partir de este domingo? Principalmente, que ciertos artículos de plásticos de un solo uso no podrán ser comercializados a menos de que estén inscritos en un programa de reciclaje estricto o que estén hechos con materiales biodegradables.
Pero para entender mejor esta medida, es clave comprender que el término ‘plásticos’ se refiere a una amplia gama de materiales hechos a partir de polímeros —es decir, de moléculas grandes unidas en secuencia que le dan a una gran maleabilidad a altas temperaturas—. Sin embargo, los plásticos que han demostrado ser problemáticos son aquellos fabricados a partir de petróleo o de gas natural, también conocidos como ‘petroplásticos’.
“Lo que se busca es remplazar los plásticos hechos a partir de polímeros de petróleo por biodegradables. Eso viene siendo una posibilidad hace años, con el remplazo de vasos que sean hechos de papel o de plásticos biodegradables para cambiar esa linealidad que ha marcado la producción de plásticos en el mundo, pero tristemente la prohibición es la única forma de asegurar estos cambios culturales”, explica Darwin Hernández, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Javeriana.
Retos para cumplir a cabalidad la ley
Uno de los puntos clave de la resolución que reglamenta la Ley, emitida el 24 de junio por el Ministerio de Ambiente, se centra en las formas en las que se va a garantizar que el plástico que se utilice en el país sea reciclado. Además, debe haber una trazabilidad clara, por parte de los productores, del destino final de sus productos y de su reutilización.
Esto ha generado cierto descontento entre los productores nacionales que, recordando la ley que le puso impuesto a las bolsas plásticas del mercado, aseguran que los “están discriminando y que son normas demasiado extensivas que ponen en peligro miles de empleos”. No descartan interponer acciones legales contra la normativa.
Para Andrés Botero, director ejecutivo de la Cámara Ambiental de Plástico, gremio de los pequeños productores, la nueva normativa no fue socializada con suficientetiempo y existen algunos vacíos que complican su aplicación. “La ley nos pide que aseguremos trazabilidad del reciclaje con esquemas internacionales que ninguna empresa en el país puede certificar en el momento, según nos informó el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)”.
Otras de las críticas de los productores es que la norma les está pidiendo la trazabilidad de elementos como bolsas plásticas, cuyo destino final, aseguran, es casi imposible de determinar. “Es una panacea”, dice Botero de la Cámara Colombiana de Plástico. Ante esto, el Ministerio de Ambiente indicó que existe un plazo de transición de 12 meses para aplicar estas medidas, y que los productores también tienen la opción de reciclar la misma cantidad de plásticos del mismo tipo que se encuentren en el mercado nacional. Es decir, que si una empresa produce mil bolsas, también deberá reciclar mil.
Para Tatiana Céspedes, de Greenpeace Colombia, “estas tensiones con el sector productor de plásticos son inevitables, pues se piden cambios significativos en los procesos de producción. Sin embargo, el éxito de la ley dependerá de la cooperación y compromiso de todos los sectores de la sociedad para superar los desafíos que se presenten en el camino”.
Según Hernández, de la Universidad Javeriana, será un reto para el Gobierno hacer realidad esta norma debido a la gran cantidad de plásticos en circulación en el país, y para la industria, en particular local, será un reto seguir haciendo sus procesos sostenibles con los nuevos gastos que significará hacer productos de plástico.
Educación, el otro punto clave
Otra de las inquietudes que han surgido en torno a esta nueva configuración del mercado tiene que ver con el costo que tendría la medida para los consumidores. “Todos estos procesos de trazabilidad y de punto de recolección en la cadena de producción van a generar nuevos costos que van a recaer sobre los clientes finales, lo que va a significar mayores precios en el mercado. Pero, si lo miramos con una mirada amplia, el costo que le está causando esta economía linear del plástico al mundo es mucho mayor, a final de cuentas”, explica Hernández, de la Universidad Javeriana.
Para el investigador, además, es preocupante, que en la prohibición no se incluyese el icopor utilizados para alimentos, el cual no es reciclable y altamente contaminante. Además de esto, aún quedan elementos de la norma que deberán ser reglamentados por el Gobierno Nacional.
Por otra parte, en la nueva normativa se establece, de manera muy resumida, que se adelantarán campañas de sensibilización para mejorar las tazas de reciclaje en el país, así como se promoverán alternativas sostenibles para su acceso para el público.
Organizaciones, entre ellas Greenpeace y la Fundación Natura, aseguran que sin el componente educativo y sin la responsabilidad por parte del consumidor no será posible avanzar en la meta de reducir el problema que ha significado los plásticos.
“Lo que hay que entender es que hay cosas que consumimos que van directo a la basura”, concluye Alejandra Téllez, magíster de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional. “Tenemos que pensar en cómo dejar de hacer todo desechable y, como seres conscientes de una crisis ambiental, cómo podemos tener productos que se puedan reutilizar”.
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Por Fernán Fortich
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