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Un juez de Soacha negó la libertad a los militares implicados en la desaparición y posterior asesinato de 11 jóvenes de ese municipio cundinamarqués. Se trata del proceso jurídico que puso en evidencia los crímenes estatales que estaban cometiendo uniformados del Ejército en contra de civiles, bajo los denominados falsos positivos.
El juez denegó así la solicitud de la procuradora delgada del caso, quien manifestaba que no había méritos suficientes para mantener detenidos a los sindicados. Luego del conocimiento de este caso se puso en evidencia el asesinato de civiles que luego era hechos pasar como guerrilleros muertos en combate.
Ya son 53 militares en servicio los que han sido señalados como responsables de estos crímenes, que han sido objeto de repudio de parte de varios entes multilaterales, como la Corte Penal Internacional (CPI).
Varias organizaciones no gubernamentales dentro de Colombia han hecho referencia a la necesidad de que ese tipo de crímenes, que algunos tribunales han caracterizado como delitos de lesa humanidad, sean asumidos por este organismo internacional, que empezará a regir en el país a partir del próximo primero de noviembre.
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