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También Álvaro Uribe trató, en su momento, de hacer pasar por delito político la carrera criminal de los paramilitares. Lo hizo con liderazgo y otros dirán que con devoción. Con pragmatismo.
En momentos de crisis, al expresidente no le faltó ni creatividad ni atrevimiento. De la trilogía verdad, reparación y paz optó por la última. La verdad y la reparación eran ideales ajenos al proceso. Y en esas condiciones, como bien lo vaticinaron algunos analistas en ese entonces, no estaba claro qué tan duradera y confiable podía ser ese tipo de paz.
De hecho, los paramilitares siguieron en las suyas. Mientras muchos aplaudían Santa Fe de Ralito, los directamente implicados se lanzaron a la consolidación de sus paracracias vía violencia e intimidación, además de narcotráfico, como quiera que este ni siquiera fue objeto de discusiones serias a la hora de firmar una desmovilización.
Tan pragmático como Uribe, ahora el presidente Juan Manuel Santos lanza sus propios globos al aire. Con altas dosis de realismo y en aras del proceso de paz con las Farc, Santos sugiere que el narcotráfico puede formar parte del espectro que cobija al delito político. Esto es: “Que vamos a tener que ser un poquito flexibles con el narcotráfico”.
Aunque parecida, la situación no es idéntica. El marco, eso está claro, sí es el mismo: la implementación de una justicia transicional que permitiría sortear la crisis, salir adelante, arrancar de nuevo, hacer borrón y cuenta nueva, suspender la institucionalidad normal, etc.
En uno y otro caso el objetivo es compartido: lograr alguna paz. Y llegado el momento, cualquier estrategia es considerable. Sin embargo, queda una diferencia, que no es pequeña. Y que hace que este nuevo globo pueda ser diferente.
Revelado el secreto público peor guardado de todos (que el narcotráfico ha sido parte del conflicto armado, la sociedad, la política y las instituciones, que, como lo dijo Maturana sobre su deporte, “el fútbol no es una isla”), se abre una pregunta: ¿qué hacer con esa información? ¿Qué uso darle?
En tiempos de Uribe los paramilitares se salieron en buena parte con la suya. Se quiso abusar del delito político, que no aplicaba al accionar de los paramilitares, y las cosas quedaron de ese tamaño. Si no es que más grandes, con un paramilitarismo reencauchado en bandas criminales y una serie de élites regionales impunemente fortalecidas.
Ahora con Santos el delito político podría ser alterado, de nuevo, para que otros comportamientos quepan y puedan ser objeto de sus beneficios. El globo ya surtió efecto. El debate está abierto. Hay quienes piensan, con deliberado sentido de la confusión, que el narcotráfico es un delito de lesa humanidad. Que el que trafica es necesariamente el mismo que masacra y desplaza. Una posición con la que lo único que se busca es hacer política. En esas está Uribe. Y en esas anda el procurador Ordóñez. Falta ver si el presidente Santos le da la altura suficiente a su propuesta, como para que no se convierta únicamente en una forma más de salvar su propio proceso de paz.
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