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El pasado 25 de noviembre, Sergio Urrego hubiera cumplido 17 años. Pero el 4 de agosto, “culpable” de haberle dado un beso a un compañero, afligido, humillado y calumniado por la rectora y la psicóloga del colegio Castillo Campestre, Sergio resolvió quitarse la vida.
La muerte de Sergio no es un hecho del pasado. Su sacrificio no es algo que disminuye su significado y drama con el pasar del tiempo. Su suicidio seguirá cuestionando nuestras hipocresías, nuestros moralismos, nuestra enfermiza incapacidad de reconocer la dignidad de todos los seres humanos; todas estas predisposiciones están codificadas no solamente en los juicios de muchos, sino también en las leyes del Estado colombiano y en la apatía de sus funcionarios.
Es así que, si la muerte de Sergio no fuese tan trágica y dolorosa, parecerían cómicas las palabras del magistrado del Consejo de Estado que negó la existencia de la discriminación contra el joven, sustentando que, estando muerto, ya no hay derechos que proteger. Pero, pensándolo bien, quizás una sonora carcajada hasta pondría en relieve la banalidad de tal pronunciamiento. Sí, la banalidad: aquella que Hannah Arendt identificó como la banalidad del mal.
Esta banalidad no caracteriza solamente al Consejo de Estado. Han pasado cuatro meses desde la muerte de Sergio Urrego y todavía ni la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca ni el Ministerio de Educación se han pronunciado frente a la necesidad de sancionar a los directivos del colegio Castillo Campestre. A comienzo de septiembre la ministra Gina Parody en La FM prometió una investigación y unos resultados rápidos. La semana pasada, la ministra admitió en una entrevista que todavía no le había llegado el informe de la Secretaría departamental de Educación, que hasta el día de hoy no ha entrevistado ni a la familia, ni a los compañeros de Sergio. Esta falta de urgencia, y además de un trabajo escrupuloso, son otra cara de la banalidad del mal.
Por su parte, la Fiscalía anunció que va a citar en audiencia de imputación de cargos a la rectora y a la psicóloga del Gimnasio Castillo Campestre. Pero, debido al paro judicial (y a la cercanía de las vacaciones) nada se ha movido. Lo único que la Fiscalía ha sido capaz de hacer (y en este caso sí, ¡qué urgencia y qué eficacia!) es llamar a interrogatorio a Alba Reyes, la mamá de Sergio, a responder por el delito de calumnia y difamación contra la directora del colegio. ¡Diablos, hay que soltar otra carcajada!
Instituciones ineficientes, funcionarios públicos que son idiotas útiles, conforman el pantano en el cual los derechos humanos y civiles son asfixiados, y en donde muere la dignidad humana.
Hannah Arendt escribió que Eichmann no persiguió a los judíos, porque era un monstruo, sino porque era atrozmente estúpido, incapaz de pensar. ¿Y no es esta misma estupidez atroz, la que Sergio Urrego denunció con su gesto definitivo y trágico?
Desafortunadamente, la falta de una respuesta adecuada por parte de las instituciones solo corrobora la perseverancia de la estupidez. Eso hace la muerte de Sergio aun más atroz.