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Según la Procuraduría General de la Nación, los ex funcionarios sobrepasaron los límites impuestos en la Ley 50 de 1990, al prolongar ese tipo de contratos hasta por siete años, cuando la norma desconoce la posibilidad de una prórroga de esa naturaleza.
En la eventual falta disciplinaria fue señalada la presunta responsabilidad César Pardo Villalba y José Fernando Bautista, quienes presidieron esa entidad bancaria, abanderada en la financiación del agro colombiano.
El hallazgo se derivó de una revisoría fiscal a la que fue sometido el banco, en su regional cafetera, luego de una orden promulgada en ese sentido por la Contraloría General de la República, en el año 2006.
Allí, aparentemente, terminaron violándose las disposiciones laborales reglamentadas a través del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 3 y 77 de la Ley 50.
Durante las aludidas administraciones no sólo se habrían vulnerado las normas en torno a los períodos de contratación, sino en lo que atañe a la forma de vinculación de algunos empleados, cuyas funciones distaban mucho de los supuestos señalados en el objeto de sus contratos de trabajo.
Fue así como se comprobó la vinculación de trabajadores mediante empresas temporales, ejerciendo actividades que no eran ocasionales o accidentales sino que correspondían a funciones propias del objeto del banco.
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