Procurador revoca destitución de coronel por masacre de sindicalistas

Según la tesis manejada por el ente disciplinario, no hay indicios de que los uniformados hayan ejercido alguna labor de planeación de los homicidios, que se produjeron durante el desarrollo de la operación Tormenta I, que fue ejecutada por el pelotón de la compañía Brioso del Grupo Mecanizado Nro.18 General Gabriel Revéis Pizarro del Ejército Nacional.

No obstante, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de 20 años que fue proferida en contra del subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón y los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Oscar Saúl Cuta Hernández y Walter Loaiza Culma, por el homicidio en estado de indefensión de tres dirigentes sindicales.

Los hechos se produjeron el 5 de agosto de 2004, en el sitio denominado Caño Seco de la jurisdicción del municipio de Saravena, Arauca, donde fueron ultimados Jorge Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez. Los líderes obreros fueron sacados de sus casas y asesinados por soldados del Ejército Nacional.

Tras la ejecución del crimen, los uniformados trastornaron la escena, tratando de simular un combate, bajo una estrategia similar a la denominada en Colombia como falso positivo, a través de la cual se presenta a las víctimas como guerrilleros muertos en combate.

Defensores de derechos humanos como el jurista del Colectivo de Abogados, Rafael Barrios, descalificaron la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, señalándola como una acción a favor de la impunidad.

"En el país este organismo, que tiene la responsabilidad de investigar a los funcionarios públicos, hay un retroceso inmenso. Es preocupante, porque esto no es no sólo una lesión a las víctimas y sus familiares sino también a la sociedad colombiana", puntualizó.