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La Fiscalía General de la Nación encontró meritos suficiente para vincular al ex funcionario en la investigación que adelanta por el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas de la Unión Patriótica, UP, uno de los últimos dirigentes asesinados en el proceso de exterminio de esa colectividad.
Recientemente Iván Cepeda, hijo del dirigente político y vocero del movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado, Movice, había denunciado la participación de varios agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre otros agentes estatales en el asesinato.
La decisión se produjo solo dos semanas después de que el Ente acusador e investigador hubiera decidido llamar a indagatoria a José Miguel Narváez dentro del proceso que adelanta por el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón.
Adicionalmente, un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz había acopiado el testimonio del ex comandante paramilitar, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, según el cual el funcionario les había entregado las direcciones y datos personales de varios líderes sindicales, estudiantiles, periodistas y activistas de diversa índole para que fueran asesinados de manera selectiva.
Según el ex líder de las Autodefensas, que delinquían en una vasta zona del nordeste antioqueño todas las indicaciones sobre las personas a seguir tenían una tipicidad común que los vinculaba con organizaciones de izquierda y, en algunos casos, con grupos guerrilleros.
Manuel Cepeda Vargas fue asesinado el 6 de agosto de 1994 en el occidente de Bogotá, según se dice, por grupos paramilitares, en complicidad con agentes del Estado.
Hace pocos meses el Consejo de Estado condenó a la nación como actor civilmente responsable, por omisión, tras el asesinato de Cepeda Vargas. Como parte del reparo material a los familiares del desaparecido líder de izquierda, la magistratura había ordenado el pago de más de mil millones de pesos a su hijo, el defensor de Derechos Humanos, Iván Cepeda Castro.
En respuesta, el vocero del Movice había decidido destinar esta cantidad a colaborar con las familias víctimas del los crímenes estatales cometidos bajo la modalidad denominada en Colombia como falsos positivos.
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