No más estratos sociales

Su éxito inicial, sin embargo, vino acompañado por una inercia técnica y política que no ha permitido ajustar la herramienta a las diferentes realidades socioeconómicas de las ciudades, resultando en una necesidad imperiosa de ajustar estructuralmente el sistema.

En primer lugar, los alcaldes no han actualizado los estratos debidamente. Un gran número incluyen como estratos bajos a barrios y manzanas que no lo ameritan, y una vez asignado se considera un derecho adquirido imposible de remover o actualizar. Un claro ejemplo sucedió ya hace unos años con un par de manzanas en Ciudad Salitre, en Bogotá, cuando a pesar del propósito más que justificado del alcalde de subirlos de estrato 4 a 5, terminó siendo un problema político para la administración distrital de turno, al punto de desistir de la acción ante la presión ciudadana y el ruido en los medios de comunicación sobre el tema. Este mal manejo del sistema ha llevado a que un gran porcentaje de la población con suficiente capacidad de pago termine recibiendo subsidios que no necesitan. Hoy, más del 85% de los bienes inmuebles en Colombia están clasificados en estratos que reciben subsidios, lo que resulta por supuesto en un problema fiscal enorme.

Dos elementos agravan esta situación. El arreglo institucional lleva a que ninguno de los involucrados directamente en el tema tenga los incentivos de cambiar el modelo vigente. El DANE, al que le trasladaron equivocadamente desde Planeación Nacional la tarea de actualizar metodológicamente la estratificación, prefiere, quizá con razón, tener escondido el asunto y evitar discusiones que le generen dolores de cabeza, ya que no es parte de su función misional. Planeación, por su parte, en lugar de tomar el liderazgo que decidió ceder hace años sobre el tema, se desentiende del asunto.

La rigidez del esquema normativo tampoco ayuda. La definición estricta de seis estratos (porque no 9 o 20 o 100 o 1.500, dependiendo de la realidad de cada ciudad) genera clasificaciones sociales problemáticas; esto, sumado a que la ley establece porcentajes de subsidios y contribuciones máximas y mínimas difíciles de actualizar, resulta para los alcaldes en una barrera para proyectos de renovación urbana o mejora de equipamientos y calidad de la vivienda para la población necesitada.

Esta realidad nos muestra la urgencia de buscar un nuevo sistema que recoja las bondades del mecanismo actual (como los subsidios cruzados), pero que migre hacia un diseño multidimensional que refleje mejor la capacidad de pago de los hogares. Un primer paso se da en el libro de Carlos Sepúlveda, Denis López y Juan Gallego, publicado recientemente por la editorial de la Universidad del Rosario y la Secretaría Distrital de Planeación, en el que proponen para Bogotá, partiendo de la información catastral, diferentes alternativas a la estratificación actual. Hoy en día el Distrito cuenta con un catastro técnico, actualizado y sistematizado, que permite considerar seriamente estas opciones y eventualmente jalonar la transformación del esquema para el resto del país.

Es entonces indispensable repensar rápidamente un sistema que es injusto con quien está mal estratificado y recibe beneficios sociales a pesar de tener mucha más capacidad de pago o lo contrario. El modelo funcionó por muchos años, pero hoy tiene más abusos que beneficios.
Enhorabuena se aproxima el fin de los estratos sociales, por lo menos en la forma que conocimos de pequeños. Esperamos un modelo más preciso en el cálculo de capacidad de ingresos y valor catastral apropiado, lo cual supone de todos modos un sistema catastral moderno y eficiente no sólo para Bogotá, sino para todo el país, en donde su desactualización es aún preocupante e inconveniente desde el punto de vista fiscal.

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
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