Colombia, un gran estrado judicial

Dos años después de desatado el escándalo de la parapolítica, el país afronta la crisis institucional más compleja de su historia contemporánea. En un escenario de señalamientos, suspicacias o voces enardecidas y polarizadas que no aceptan argumentos distintos a los suyos, los poderes públicos libran una confrontación que empieza a salirse de sus cauces democráticos. Las fuerzas del Estado pugnan y se agreden verbalmente entre sí, mientras la sociedad expía a retazos una verdad que hoy desborda su capacidad de memoria: la de la penetración del paramilitarismo en las entrañas de Colombia.

Lo lógico hubiera sido que la Ley de Justicia y Paz, sustentada en los principios de verdad y reparación, ya hubiera aportado resultados concretos, o al menos un diagnóstico aproximado de esa realidad. Pero ante sus vacíos inocultables, desde los estrados del Congreso empezaron a surgir denuncias que, dos años después, hoy tienen a la Corte Suprema de Justicia cumpliendo una compleja misión que la sociedad sigue con minucioso escrutinio. La de aplicar justicia a los dirigentes políticos que presuntamente se aliaron con las autodefensas para posicionarse y ser elegidos.

Pero lo que debía ser una gestión exenta de presiones y acatada por el Estado y la sociedad, se ha convertido en un blanco de confrontación judicial y política. Tanta, que terminó por arrastrar consigo la agenda del Poder Legislativo. Hoy el debate ciudadano ya no se ocupa de los temas neurálgicos de la economía, la salud, la educación o la lucha contra la pobreza, sino de la parapolítica. Y en el orden del día, los legisladores y otros líderes sociales ejercen como litigantes acusando, defendiendo o incluso consiguiendo testigos, convirtiendo así el asunto en un fuego cruzado donde el Estado se juzga a sí mismo.

Con el agravante de que en el peligroso juego de acusaciones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, la pugnacidad se ha pasado a las columnas de opinión de los periódicos, creando un escenario aún más incierto y confuso para los ciudadanos. Se habla de montajes judiciales contra congresistas, se replica diciendo que se trata de una maligna estrategia de descrédito contra los investigadores judiciales, y en el imaginario nacional e internacional existe la sensación de que más que una confrontación entre poderes públicos, la intención final es cerrarle el paso a la verdad.

¿Hacia la anarquía?

Colombia se ha convertido en un estrado judicial y, según algunos analistas, camina peligrosamente hacia el caos y la liquidación del Estado de Derecho. Para el ex senador liberal Darío Martínez, con el actual escenario no sólo son la guerrilla o

los paramilitares los que están subvirtiendo el orden institucional, sino también los llamados a dar ejemplo de unidad y armonía: el Presidente de la República, las cortes y el Legislativo. En su concepto, el choque que se presenta puede terminar fácilmente en el cierre de la Corte Suprema de Justicia, tal y como ocurrió en el Perú de Alberto Fujimori.

La polarización agudiza y hasta hay palabras que se ponen de moda, como “roscograma” o “conspiración”. La primera, utilizada por el presidente Álvaro Uribe esta semana para referirse al supuesto clientelismo existente en el Poder Judicial, y la segunda, empleada por los magistrados de la Corte Suprema aludiendo a una presunta estrategia que busca deslegitimar y minar la credibilidad de los jueces en las investigaciones de la parapolítica y la yidispolítica: “Si no me puedo defender, desprestigio al juez, formo un nido de víboras y pesco en río revuelto”, según la tesis del magistrado Jaime Arrubla.

Y la respuesta desde el Ejecutivo no se hace esperar. El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, riposta asegurando que se trata de una afirmación “muy grave pero muy gaseosa”. Y agrega: “De la misma forma en que la Corte Suprema dice que hay que denunciar con nombres propios, creo que ellos también deben denunciar con nombre propio”. A cada pronunciamiento prosigue una respuesta. Y la palabra se arma.

Para el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, la crisis es producto de la intención del Gobierno de hacer una reforma a la justicia, “que en realidad es una reforma a la parte orgánica de la Constitución de 1991 y un nuevo reparto de competencias”, mientras que para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, resulta válido que el Ejecutivo vea “un sesgo” en la Corte Suprema ante las interpretaciones que ha planteado en algunos asuntos, como la extradición de los jefes ‘paras’, que de alguna manera obstruyen la actividad gubernamental.

Hay quienes creen, sin embargo, que la crisis no es institucional sino política. Como el ex ministro Rafael Pardo, quien dice que a pesar de todo el sistema sigue funcionando, lo cual, en su criterio, es lo que tiene molesto al presidente Uribe: “Para mí, es más una agresión del Ejecutivo a la Justicia, derivada de la incomodidad con las decisiones que se vienen tomando en torno a la parapolítica”. Y también hay quienes ven en el actuar del Ejecutivo un “simple reclamo de garantías para que exista un verdadero equilibrio de poderes”, como lo señala el senador del Partido de la U Carlos Ferro.

La reforma de la discordia

Las posiciones se hacen extremas y todo parece indicar que el choque va para largo. No solamente porque la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a llegar al fondo del asunto, y así lo demuestran sus pesquisas en todas las regiones del país, sino porque del lado del Gobierno y las mayorías uribistas en el Congreso ya se advierte la determinación de someter a la justicia a un profundo revolcón. De tal modo que a corto plazo no se ve un horizonte distinto a los señalamientos de lado y lado, incluyendo acciones por fuera de los conductos regulares para consolidar las posiciones de los enconados antagonistas del momento.

Y dicha reforma a la justicia es vista como el ‘florero de Llorente’. “No deja un buen sabor que en el momento en que la justicia juzga al Congreso, el Gobierno le da facultades al Congreso para adelantar una reforma a la justicia”, resalta el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, quien de paso sugiere que la presentación del proyecto reformatorio sea aplazada mientras se definen una reglas de juego claras.

 A su vez, el director de derecho procesal de la Universidad Javeriana, Julio Andrés Sampedro, cree que el hecho de que Ejecutivo y Justicia se estén descalificando mutua y constantemente, al final puede terminar descalificando el Estado de Derecho: “Se puede discrepar, pero no atacar”, agrega.

Y mientras los ataques van y vienen y el país se sumerge aletargado en una pugna que al final promete dejar sólo perdedores, los grandes debates de la vida pública se quedan en un segundo plano. Darío Martínez advierte: “Lo más grave del enfrentamiento entre el Presidente y la Justicia es el mal ejemplo que se le da al ciudadano común y corriente. Con instituciones deslegitimadas; con jueces, congresistas y gobernantes cuestionados, la gente asume que no hay Estado y que está habilitada para hacer lo que le dé la gana. Es la anarquía, donde se destruye la armonía social y aparece la justicia privada”.

El choque de poderes amenaza también con llevarse por delante algunos de los pilares de la democracia. La Corte Suprema advierte en un comunicado que “no va a controvertir opiniones de quienes se han dado en llamar ‘formadores de opinión’, pero sí los exhorta enérgicamente a cumplir el deber constitucional de ofrecer información veraz e imparcial, sustentada en el estudio serio, ponderado y responsable de cada tema, como conviene a los elevados intereses de la Nación”.

En la pugna entra entonces la libertad de pensamiento y de palabra. “La justicia se ha vuelto mediática. Pero la Corte Suprema tiene derecho a investigar a cualquiera y si Pedro Pérez llegase a denunciar a un periodista, tendrá que investigarlo”, afirma el abogado Iván Cancino. La opinión se equipara con conspiración. “Hay muchas susceptibilidades y estamos llegando a extremos”, opina el analista político Alejo Vargas.

La crisis se ahonda. El uribismo se atrinchera en la búsqueda del equilibrio de poderes y las garantías procesales. La oposición exhorta a levantar un muro de protección en torno a la Corte Suprema de Justicia. Y el panorama es de más polarización, teniendo en cuenta que en poco más de un mes llegará al Congreso el proyecto que plantea la realización de un referendo mediante el cual el pueblo tendrá la última palabra sobre si quiere o no un tercer mandato del presidente Uribe. Es el destino de un país convertido en un inmenso estrado judicial, así para algunos sea ‘el país de las maravillas’.