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“A las mujeres familiares de los presos no nos ve nadie”, dice la argentina Andrea Casamento en entrevista con El Espectador. Esa ha sido su lucha las últimas dos décadas: promover una política penitenciaria que tenga en cuenta también a los familiares de las personas que están en la cárcel. Esta semana estuvo en Colombia visitando prisiones y promoviendo que el país ratifique un tratado internacional que se adoptó en Naciones Unidas hace 20 años: el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT, por sus siglas en inglés).
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Casamento es una de las diez expertas y expertos que integran el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU. Llegó a ese cargo luego de dirigir durante varios años la Asociación Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ACIFAD) en Argentina. En diálogo con este diario, habló de algunas de las cosas que encontró estos días en las cárceles de Colombia, así como de un asunto invisibilizado: la situación de los niños y niñas que tienen familiares en la cárcel.
Usted está visitando Colombia para promover la ratificación del OPCAT, ¿qué cambiaría para nuestro país con ese tratado?
Lo primero, es que con este tratado, Colombia va a poder cumplir con los tratados internacionales que ya ha firmado. Segundo, el protocolo es de prevención. Hay otros órganos dentro de la ONU que denuncian. El protocolo facultativo tiene que ver con la prevención. Cuando el país lo ratifica, habilita a que miembros del subcomité, como yo, podamos hacer visitar sin aviso previo, monitorear los lugares de detención y entregarle al Estado un informe con recomendaciones. Y, tercero, Colombia se comprometería a crear un mecanismo local, que va a hacer lo mismo que hacemos los expertos de la ONU, pero en el territorio, porque es el pueblo colombiano el que sabe cuáles son sus problemas. La idea es que ese espacio se constituya en un mecanismo robusto que permita tener una política firme de prevención de la tortura.
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Tortura entendida como…
Por ahí todo el mundo piensa que tortura es que te quemen con alfileres. No somos bárbaros. Pero hay otras cuestiones que hacen que la vida del otro sea imposible de soportar. Por ejemplo, la tortura psicológica. De acuerdo con como está tipificado internacionalmente, solo el Estado puede perpetrar la tortura. En ese sentido, es importante pensar una política penitenciaria más allá de la detención: cómo van a salir estas personas y cómo las vamos a acompañar.
¿Qué tanta disposición vio en el gobierno a ratificar el OPCAT?
Lo que nos dijo el Gobierno es que sí lo van a ratificar y que está todo aceitado para que pronto pase al Congreso. Todo tomaría alrededor de dos años, por el trámite parlamentario. Igual, mientras eso ocurre, ya se puede comenzar a trabajar en estas cuestiones: empezar a mirar qué pasa en las cárceles con esta mirada respetuosa de los derechos humanos.
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¿Dónde cree que está lo más urgente, dónde deberían poner el ojo primero?
Del gobierno me dijeron que urgentemente quieren dar una capacitación en derechos humanos a todos los directores de los penales. Yo soy honesta, eso me huele a poco. Sin embargo, es un montón, porque es una muestra, en los primeros días de gobierno, respeto de los derechos humanos. Habría, también, que pensar reformulaciones en el Inpec, cómo es el diálogo con el organismo que brinda los servicios, la Uspec. Y otra cosa que haría de manera inmediata, sería ver de qué manera las políticas que se hacen afuera, también lleguen adentro de las cárceles. Por ejemplo, si hay agua en un barrio, ¿cómo no va a haber en la cárcel de ese barrio? Hay que igualar.
¿Con qué se encontró en sus visitas a las cárceles colombianas?
Mucha tristeza. Recién vengo de una cárcel de mujeres y, si bien, es más o menos lo que uno ve en la región, hay cosas graves. El tema de la estructura se podría mejorar mucho, porque no son condiciones dignas. Otra cosa es que, a pesar de que se habla del problema del hacinamiento, muchas mujeres están en condiciones de acceder a libertades anticipadas, pero, por cuestiones administrativas, los trámites están postergados. Una de las primeras cosas que haría es poner en día todas esas carpetas. Otro tema que siempre me llama la atención es la situación de las mujeres presas y sus hijos. Habría que pensar una política pública que atienda específicamente a los niños que tienen referentes adultos presos.
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¿Cómo se imagina esa política?
Que acompañen a los niños en ese proceso, que se vean medidas administrativas respecto de sus madres. En Argentina, por ejemplo, hay salidas transitorias (que el recluso tiene que entrar y volver), entonces, quizás, que la mamá pueda pasar unos días en su casa o acompañar al hijo a la escuela, al pediatra. También, el organismo de protección de niñez (en Colombia, el ICBF), podría brindad talleres, acompañar a esas mujeres. Incluso, redoblo la propuesta: trabajar con las paternidades, con los varones que son padres. ¿Cuán difícil es hacerse cargo de un niño que nunca se conoció?, ¿o que se conoció en una visita tras las rejas?
¿Vio disposición en el gobierno para transformar todo esto?
Me voy optimista porque veo un gobierno muy abierto a la sociedad civil, joven. Por esto quiero decir personas con mucho empuje, muchas ganas, con una cabeza nueva. Eso me llenó de alegría, porque me parece que se van a atrever a estos cambios. Cuando uno habla de estos temas hay una parte de la población que va a decir: “esta gente que se pudra cárcel”. Para cualquier gobierno, es difícil entre ser respetuoso de los derechos humanos y atreverse a hacer estos cambios. Ahí me parece clave la comunicación. Si se logra comunicar y explicarle a la sociedad que de esta manera vamos a estar más seguros al momento que ellos salgan, se cambia esa mentalidad.
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En el caso colombiano, la crisis penitenciaria lleva décadas, pero en la región hay muchas situaciones similares, ¿qué elementos hacen que persista en Latinoamérica?
Uno de los factores es que solo nos concentramos en la seguridad: compramos programas sofisticados, construimos megacárceles, ponemos rejas electrificadas. No podemos mirar la cárcel desde ahí. Desde luego, los internos no se pueden escapar, pero en donde hay que invertir es en el tratamiento.
Usted ha hablado en el pasado de cómo se vuelve una carga, un trabajo de tiempo completo, tener un familiar en la cárcel ¿Cómo vio esto en Colombia?
Igual. Entrando a una de las cárceles, me encontré con una señora abuela haciendo la fila. Ella tenía dos hijas presas, que están por salir. Esta señora se hace cargo de sus nietos, tenía que ir a la cárcel porque se habían equivocado en un documento. Seguramente es jubilada porque es una abuela, ya pasó el rol de criar a sus hijos y ahora estaba en la soledad más absoluta defendiendo a sus dos hijas y atendiendo a sus nietos. Cuando pensamos la cárcel no podemos pensar solamente en el privado de la libertad porque quien sostiene la cárcel es la familia y, sobre todo, una mujer. Y a las mujeres familiares de los presos no nos ve nadie. Somos siempre las sospechosas: “algo habrá hecho, lo crió mal, es una mala madre”. Tenemos que trabajar extra para mantener la casa y a nuestro familiar. Allí también hay mucho por hacer.
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