Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Procuraduría General de la Nación pidió que se investigue penal y disciplinariamente a Juan Carlos Diettes Luna, integrante del Tribunal Superior de Bucaramanga, por considerar que el retardo tenía por objeto buscar el vencimiento de los términos de un proceso por cohecho y celebración indebida de contratos, en contra de los acusados.
El recurso había sido presentado por Armando Navarro Vásquez, Gabriel Arenas Prada, Pascuala Ortiz Reyes y Víctor Julio Gutierrez Toscazo, condenados a 75 años de cárcel, así como por Martha Cecilia Ordóñez de Avila y Luís Armando Rondón Almeida, que debían pagar una condena de 54 meses por decisión del Juzgado Octavo del Circuito de la capital santandereana.
El Ministerio Público señaló que se trataba de una caso de notoria trascendencia, por tratarse de una eventual evidencia de la corrupción que se estaba gestando al interior de la administración departamental, por cuanto requería de una valoración prioritaria por parte del administrador de justicia.
No obstante, el despacho hizo caso omiso de celeridad que merecía el trámite de la apelación, pese a la advertencias que también recibió en ese sentido por parte de la Procuraduría, a través de su Delegado para Asuntos Penales, Gabriel Jaimes, así como la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El 21 de octubre de 2007 y el 27 de mayo de 2008, le organismo de control hizo un llamado al despacho advirtiéndole la cercanía de la fecha límite para la prescripción, que se sumó a la resolución emitida por la Judicatura el 5 de mayo de 2007, en la que precisaba "comunicar al magistrado Diettes Luna para que en un término prudencial resolviera el recurso de apelación interpuesto dentro del radicado No. 2007-744".
Ante la respuesta renuente del funcionario judicial, la Procuraduría le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que le abra un proceso por posible violación del régimen disciplinario, al tiempo que conminó la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema que determine si se trata de un caso de prevaricato por omisión.