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El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa anunciaron el 13 de octubre investigaciones por las inconsistencias en el inventario de bienes incautados a la mafia, que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En pocas palabras, muchas de las fincas, carros y negocios que la justicia les ha quitado durante años a narcotraficantes y criminales, no aparecen. Aunque los altos funcionarios no se aventuraron ese día a ventilar las posibles razones de estos desbalances, en información que intercambiaron las dos entidades, el ente investigador sí ofreció algunos de los porqués, aunque, en general, se lavó las manos.
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De hecho, el día antes de la rueda de prensa que ofrecieron el presidente y el fiscal, la Fiscalía entregó un documento clave, que conoció El Espectador. Se trata de un oficio de cinco páginas que la delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, le envió al presidente de la SAE del gobierno Petro, Daniel Rojas Medellín. Tras explicar algunas de las acciones que ha emprendido la administración de Barbosa para combatir el lavado de activos, la alta funcionaria reconoció que, en el camino, han detectado obstáculos para hacer realidad las órdenes que dan los fiscales de embargar o secuestrar un bien.
Bahamón explicó que, desde el 1 de enero de 2020 al 6 de octubre de 2022, se han impuesto medidas cautelares sobre 21.772 bienes, avalados en $25,7 billones. Eso quiere decir que los bienes no se pueden vender o arrendar. Pero esa no es la cantidad de bienes que han pasado a poder de la SAE en ese periodo, como ha venido denunciando el presidente Petro. Para que cualquier bien entre a los listados de la SAE, el proceso funciona así: con base en una investigación, un fiscal emite una resolución con la que inicia una demanda de extinción de dominio y las autoridades deben congelar los bienes que el expediente quiere extinguir, para que sus dueños no tengan más acceso a él.
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La Fiscalía aseguró que aquí es donde está el meollo del asunto: en hacer realidad las órdenes de los fiscales, para que las propiedades pasen a control del Estado y la SAE pueda administrarlos y disponer de ellos y del dinero que generen. Según el documento, “la diferencia registrada entre el número de bienes afectados con medida cautelar al interior de un trámite extintivo, con aquellos efectivamente entregados a la SAE, obedece a” cuatro situaciones concretas que han identificado y que impiden que se materialice esas órdenes de los fiscales de extinción.
La primera situación ocurre con los carros que entran a procesos de extinción de dominio. Según explicó Bahamón a la SAE, “algunos vehículos afectados tienen inscrita la medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados”. Es decir, los fiscales comenzaron los procesos y se congelaron en las secretarías de tránsito, pero la Fiscalía no pudo asegurar que pasaran a control del Estado. Es algo similar a lo que ocurre con el ganado y los demás animales que entran en procesos de extinción de dominio, que no son pocos. Solo en entre 2020 y lo que va de 2022, la Fiscalía inició procesos de extinción sobre 13.109 semovientes.
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Sin embargo, según le dijo el ente investigador a la SAE, no todos esos animales pasaron a poder del Estado. “A una cantidad significativa de semovientes, se les inscribe la medida cautelar ante el ICA, pero, al momento de secuestrarlos, no se ubican en el lugar donde se reportaron”, añadió el oficio de Bahamón. Y con las empresas y negocios el panorama no cambia. Si bien fiscales de todo el país han iniciado extinción de 437 establecimientos de comercio y 207 sociedades en los últimos dos años, “a la hora de materializar las medidas de afectación, algunas sociedades y establecimientos de comercio no se encuentran en funcionamiento”.
Finalmente, donde suele ponerse más atención es en los inmuebles: fincas, casas y apartamentos. Pues bien. En ese frente existe otro problema, según le dijo la Fiscalía a la SAE. En total, entre 2020 y 2022 se congelaron 1.1147 predios rurales y 3.664 urbanos. En algunos de los casos, según explicó el oficio del ente investigador, “resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regiones”. En el mismo documento, Bahamón le pidió a Rojas que sostengan una mesa de trabajo de “alto nivel” para dar solución a todos estos inconvenientes.
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Según dijo Barbosa un día después de que el búnker enviara este documento, la Fiscalía y la SAE compartirán información de manera periódica para solucionar los interrogantes que hay con el inventario. Además, en el oficio de Bahamón, la funcionaria le recordó a Rojas otras instancias en las que las dos entidades han llegado a acuerdos: construyeron una guía para unificar criterios a la hora de tasar los valores de los bienes, consolidaron un tablero de resultados para enfocarse en los predios sobre los que sí se pudo materializar la medida cautelar y, finalmente, sostienen comités mensuales para adoptar medidas correctivas cuando encuentran alguna irregularidad.
Del documento se desprende que, por ahora, la Fiscalía considera que el lío mayúsculo con los bienes de la mafia no radica en sus propias acciones, sino en factores externos. Una narrativa que coincide con la del expresidente de la SAE, Andrés Ávila, quien ha salido a dar explicaciones sobre su gestión y ha asegurado que las inconsistencias en el inventario son una herencia de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Lo cierto, y que no menciona ni el búnker ni el exfuncionario del Gobierno de Iván Duque, es que en las dos entidades existen denuncias por complejos entramados de corrupción en temas de extinción de dominio, cuyos investigados son funcionarios públicos. En este asunto, todavía hay mucha tela por cortar.
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