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Lamentablemente, en muchos casos las autoridades ejercen sus funciones bajo una peligrosa mezcla de torpeza y arrogancia.
Cuando los funcionarios públicos quieren imponer arbitrariamente sus decisiones, de nada valen los justos reclamos y las oportunas advertencias de los administrados.
Sucedió la noche del 7 de octubre de 1989, durante el mandato de Andrés Pastrana. En medio de la pasión que despierta el fútbol, justo cuando estaba por comenzar la transmisión por televisión de un partido, se le ocurrió a la Presidencia de la República utilizar en ese mismo momento los canales de televisión para una alocución del primer mandatario. Nada urgente. Ninguna emergencia nacional.
La autoridad del servicio —en ese entonces la sumisa Comisión Nacional de Televisión (CNTV)—, de manera obsecuente y sin importar que se les vulnerara a los televidentes su derecho a disfrutar la trasmisión del evento futbolístico, impartió a última hora y de manera errática la orden respectiva.
El canal de televisión que transmitía el evento futbolero no recibió oportunamente de la CNTV el aviso correspondiente y tuvo que posponer la trasmisión de la alocución hasta el intermedio del partido.
La CNTV, ociosa y tan tolerante con otros, en este caso fue draconiana y le impuso al canal una multa de más de $90 millones. Alegando necedades, a esa entidad de nada le valieron las explicaciones del afectado; por tal razón, la solicitud para que se revocara la sanción tuvo que llevarse al Consejo de Estado en el año 2000.
Después de casi 15 años, el Consejo de Estado por fin dictó sentencia hace unos días. Aparte de que la demora del proceso sea evidencia de la triste realidad de nuestro sistema judicial, la decisión es histórica y memorable para fortuna de la libertad de expresión y la autonomía e independencia de los medios de comunicación. En resumen: las empresas periodísticas ejercen un derecho legítimo, la televisión no es del presidente de la República y respecto de ella su guardia pretoriana no puede disponer a su antojo. Aquí no es Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Rusia ni Argentina.
La decisión del Consejo de Estado les enseña bastante a las actuales autoridades del servicio de televisión. Por favor, lean y tomen nota.
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