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Al margen de las protestas, que en su mayoría han transcurrido de forma pacífica desde el pasado 28 de abril, se han identificado por lo menos diez incendios en instalaciones administrativas y judiciales, entre ellas palacios de justicia, una casa de justicia, un concejo municipal, alcaldías, una sede de Medicina Legal y una Unidad de Reacción Inmediata. No hay todavía un inventario oficial de daños, solo estimaciones que, en el caso de la Fiscalía, se calculan en $20.000 millones, y en el de la Judicatura, en $1.800 millones. Además del costo económico, expertos y expertas alertan que la posible pérdida de documentos judiciales y oficiales afecta los derechos humanos, que es obligación del Estado protegerlos y recuperarlos y que, simbólicamente, estos hechos vandálicos golpean la labor de la justicia y rememoran un doloroso pasado. (Video: Incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca)
El Palacio de Justicia de Tuluá en llamas es la imagen más reciente de los ataques a la justicia en el último mes. El pasado 25 de mayo, encapuchados le prendieron fuego en horas de la noche y la Fuerza Pública no pudo detenerlos. El hecho, que quedó registrado en diversos videos, es alarmante, pues en esa sede se guardaban más de 7.000 procesos físicos de 22 juzgados penales, civiles, laborales y de garantías. Al interior del Consejo Superior de la Judicatura se dice también que algunos juzgados civiles están destruidos y que particularmente un juzgado penal, la oficina de servicios y la sala de audiencia laboral quedaron totalmente incinerados. Un gran porcentaje de los expedientes penales posiblemente afectados tienen que ver con delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desplazamiento forzado. (Racismo, pobreza y hambre: la bomba social de Cali en el Paro Nacional)
Las pérdidas se calculan en Tuluá en $280 millones y se ordenó el cierre y traslado transitorio de despachos, a excepción de algunos juzgados penales que ejercen control de garantías y continuarán prestando el servicio virtualmente desde casa. Los palacios de justicia, por lo general, almacenan expedientes judiciales de diferentes áreas, contienen registro de las actuaciones de las partes e intervinientes, además de pruebas. Las partes procesales suelen tener copia de los expedientes, así que su recuperación es más fácil. El penalista Francisco Bernate le dijo al El Espectador que el trabajo no es dispendioso debido a que las partes pueden aportar copia del expediente. “Afortunadamente hoy en día mucha información sistematizada”, agregó Bernate. (“CIDH está lista para visitar Colombia y el momento lo decide el Estado”: presidenta de CIDH)
En el mismo sentido, Héctor Vargas, docente investigador de la Universidad Externado, considera que hoy es poco probable que un proceso desaparezca por completo, pero plantea que de todas formas la recuperación va a representar demoras para las víctimas que esperan que sus procesos sean resueltos con prontitud. “Ya no estamos en la época de solo la fotocopiadora. Atacar una sede judicial no va a representar un problema futuro para los procesos judiciales. Los puede entorpecer, por supuesto, pero se puede recuperar información. Van a verse afectados principalmente las víctimas y los demandados, porque se van a ver ralentizados sus procesos. Va a ser muy difícil atender la ciudadanía”, explicó Vargas a El Espectador. (Paro nacional: reconstruimos las dos denuncias por violencia sexual en Popayán)
En definitiva, agregan los abogados, los ciudadanos de a pie serán algunos de los más afectados. “Los dineros que están cobrando se van a demorar, así como la posibilidad de conocer si fueron bien despedidos o no, si habrá reintegro a su trabajo y la resolución de sus tutelas”, argumentó el penalista Francisco Bernate. Desde otro ángulo, Daniel Marín López, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, advierte que las afectaciones en el Palacio de Justicia en Tuluá pueden impactar sobre todo en procesos penales y esto tiene problemáticas mayúsculas en materia de investigación, juzgamiento y sanción de grave violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el profesor Marín, la pérdida o afectación de expedientes afecta en el derecho a la justicia, pues el expediente guarda una memoria sobre lo que se conoce de un ilícito cometido, en particular si es considerado una grave violación de derechos humanos (como puede ser el caso de Tuluá). En segunda dimensión, porque perjudica el derecho de los ciudadanos a conocer situaciones de modo, tiempo y lugar de las violaciones de derechos humanos. “La verdad judicial tiene entonces un beneficio social. Y el encargado de la seguridad de esos archivos es el Estado, por eso las investigaciones también deben recaer primero sobre él para identificar cuál fue la omisión al deber de cuidado de estas instalaciones”, explicó el docente Marín.
Quienes ocasionaron estos daños, por su parte, tendrían que responder a la justicia por varios delitos. En algunas ciudades ya se anunciaron capturas, aunque en otros municipios defensores de derechos humanos han denunciado haber sido incluidos por el Ministerio de Defensa en listas negras de sospechosos por su labor comunitaria y negaron las acusaciones delictivas. Según la abogada penalista María Simoné Sossa, cuando se roban o queman documentos judiciales y oficiales podría hablarse de hurto, incendio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y daño en bien ajeno (agravado por tratarse de bienes de uso público).
Además de las consecuencias penales, están las simbólicas. Durante la noche roja en Tuluá fue inevitable rememorar el 6 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue asaltado en Bogotá y decenas de personas resultaron muertas o desaparecidas, algunas de ellas de la magistratura de las altas cortes. El día más trágico para la justicia colombiana. Aunque son hechos de distintas proporciones, ese pasado es una variable que debe tenerse en cuenta en el actual paro nacional. María Adelaida Ceballos Bedoya, candidata a doctora en derecho en la Universidad McGill, en Canadá, afirma que la cicatriz del Holocausto del Palacio de Justicia permanece, por ende, quemar la justicia tiene impactos simbólicos.
“En el libro Mi vida y el palacio, de Elena Urán (hija del fallecido magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán) hay un aparte muy conectado con esto. Relaciona los ataques y los posibles cuestionamientos a la Fuerza Pública sobre la vigilancia y el cuidado de ese tipo de sedes. Entiendo que hace poco el Consejo Superior de la Judicatura había solicitado la vigilancia y cierre perimetral de sedes y esto aparentemente no sucedió. Y eso lo veo ligado a lo que pasó en el Palacio de Justicia en 1985. Habla del abandono de la justicia frente al Ejecutivo, algo así como un Estado abandonado por sí mismo”, asegura la abogada Ceballos.
El de Tuluá, sin embargo, no ha sido el único Palacio de Justicia quemado al margen de las protestas del paro. El 12 de mayo también fue incinerado el de Facatativá (Cundinamarca), cuya sede iba a inaugurarse este mes y donde estaban ubicados 13 despachos judiciales. Delincuentes hurtaron 40 computadores, 23 impresoras, algunos escáneres y sillas, y quemaron expedientes penales. Las pérdidas representan cerca de $650 millones. Otros puntos incendiados han sido las alcaldías de Popayán (Cauca), Acacías (Meta), Jamundí (Valle del Cauca) y La Plata (Huila); el Concejo de Jamundí, la Casa de Justicia de La Plata y la sede de Medicina Legal y la Unidad de Reacción Inmediata de Popayán (Cauca). Lo ocurrido en estas dos últimas instalaciones es considerado un caso muy grave.
La noche del 14 de mayo, personas encapuchadas incendiaron la URI y la sede de Medicina Legal en Popayán mientras la ciudadanía se manifestaba después de que se conocieran dos denuncias de violencia sexual cometida presuntamente por miembros del Esmad. Judy Hernández, directora de Medicina Legal, seccional Cauca, afirmó que quedó destruida la sede, donde había cuerpos esqueletizados que eran buscados por sus familiares, evidencias de casos judiciales y un archivo desde 1987 con información de personas desaparecidas, cuerpos sin identificar y casos judiciales en investigación. Medicina Legal no especificó si se perdió evidencia relacionada con los casos estudiados en medio del paro nacional, incluidos los de las jóvenes que denunciaron violencia sexual y que habían sido recluidas en la URI la noche anterior.
La abogada María Simoné Sossa llama la atención especialmente sobre las posibles pérdidas en la sede de Medicina Legal, donde usualmente se practican y almacenan pruebas que se van a usar en procesos judiciales. Es difícil su recuperación porque son elementos incautados, por ejemplo, en la escena de un delito, que no se pueden replicar. Sin embargo, sobre las evidencias físicas se realizan análisis periciales que se plasman en informes, se registran en una base de datos, son enviados a la Fiscalía y se anexan en el expediente. En principio, podrían ser recuperadas, pero reconoce que existen graves inconvenientes en la organización de información en las entidades estatales y también es posible que esta información no haya sido almacenada o enviada a tiempo.
La clave en esta discusión es conocer entonces si los juzgados incinerados tenían digitalizados todos sus expedientes. Expertas y expertos dicen que el proceso de digitalización empezó tarde en el país y solo se aceleró por la pandemia, que impuso el teletrabajo. “En Colombia contábamos con las herramientas tecnológicas para digitalizar expedientes antes de la pandemia y desde hace años voces críticas han hablado de problemas en las instalaciones, donde se guardan expedientes en zonas húmedas o en cuartos que se inundan o que tienen incendios por otras razones”, afirmó la abogada María Adelaida Ceballos Bedoya.
En diálogo con este diario, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo, afirmó que a partir de marzo de 2020 se decidió que todo estuviera digitalizado. “En los servidores se guardan los procesos que están en cada sede judicial. Por fortuna, a partir de esa fecha todo está en la nube. En Facatativá teníamos algunos procesos digitalizados y en Tuluá teníamos un alto porcentaje. En todo Valle del Cauca están digitalizados 140.000 procesos”, dijo la magistrada a este diario y añadió que durante el primer trimestre del 2021 en el Palacio de Justicia de Tuluá se digitalizaron 5.497 expedientes.
La magistrada López aseguró que para avanzar con la digitalización de documentos en el país, la corporación adelantó un proceso de contratación en cada distrito y región, que hasta la fecha ha dejado en la nube 500.000 procesos de los más de dos millones que se encuentran activos en el territorio nacional. “Esperamos que para julio de 2022 esté todo digitalizado, los dos millones de expedientes que están vigentes. Algunos expedientes de los que se perdieron ya estaban finalizados meses atrás. En Tuluá, al menos once despachos perdieron los archivos de manera parcial y completa”, agregó la presidenta de la Judicatura a El Espectador, quien explicó que en esa zona del país hay gran demanda de los expedientes penales debido a que es un lugar que guarda relación con el conflicto armado por la cantidad de grupos al margen de la ley que allí delinquen.
Para la magistrada López, la pérdida de los expedientes genera preocupación porque hay que reconstruir los procesos que estaban vigentes. “Tenemos que mirar en qué etapa estaba cada uno, algunos estaban en etapa de imputación, otros en proceso de juicio o alegatos finales. Eso implica un proceso de reconstrucción. Implica tiempo y una preocupación de qué es lo que se pretende con esos ataques a los palacios, y con mayor razón con la incineración de los expedientes”, concluyó la presidenta de la Judicatura, para quien los ataques a las sedes judiciales han sido sistemáticos.
Aunque las alarmas se han concentrado en las sedes judiciales, los alcaldes y concejales alertan también sobre los incendios en sus sedes. Las administraciones locales albergan, por lo general, la planimetría del municipio, toda su historia, soportes de licencias urbanísticas y los archivos de gestión, que cada funcionario requiere para su actividad diaria. Esto último no está en el Archivo Nacional como respaldo. En diálogo con este diario, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, afirmó que todo acto de violencia y de daño a los bienes públicos es condenable.
El mandatario confirmó que el incendio provocado el pasado 2 de mayo en Acacías (Meta) afectó la sede del Concejo y la Alcaldía. Se quemaron archivos, diez computadores e impresoras, además de afectarse la estructura del edificio. “Se quemaron documentos del Concejo, de la Secretaría Administrativa y Financiera, Tesorería, rentas y cobro coactivo. Pérdida total. Afortunadamente se tenía buena sistematización de documentos, pero no todos estaban digitalizados”, aseguró el gobernador del Meta a este diario.
Los académicos consultados por este diario coinciden con el gobernador del Meta en rechazar estos ataques, que afectan principalmente el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia e insisten en que estos hechos vandálicos no hacen parte de la protesta pacífica y que hay una clara diferenciación entre quienes marchan y expresan sus reclamos de una forma pacífica, y quienes vandalizan.
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