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La historia del asesinato de Hárold Aroca, el joven de 16 años raptado, torturado y hallado muerto en un paraje boscoso del barrio Los Laches, no terminó con sus exequias ni con las recientes capturas de Anderson Santiago Pedraza y alias Chará, señalados por la Fiscalía como unos de los presuntos homicidas. Para su madre, Diana Carolina García, el dolor se transformó rápidamente en miedo y en una constante sensación de persecución. Desde que denunció públicamente la negligencia institucional durante la búsqueda de su hijo, comenzó a recibir amenazas que la obligaron a abandonar Bogotá y enfrentar su duelo lejos de su casa, sus vecinos y los lugares que compartía con Hárold.
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“Me dijeron que tenía que guardar silencio, que no volviera al barrio, que me iban a callar a mí también”, relata. “No entiendo la crueldad con la que nos tratan como familia. En medio de esas amenazas, en un mensaje por redes, me dijeron que tenían las fotos de mi hijo cuando lo mataron y luego me las mandaron, como un recordatorio de lo que me podría pasar”. Para ella, estas intimidaciones no son un mensaje aislado, sino la evidencia de que quienes participaron en el crimen siguen moviéndose con libertad.
La pesadilla comenzó el 5 de agosto, cuando Hárold salió hacia el polideportivo con la ilusión de seguir entrenando para ser futbolista profesional. Apenas llegó, cinco hombres armados lo rodearon. En la grabación —último registro audiovisual del menor— se observa una confrontación verbal y cómo uno de los sujetos lo toma por la espalda, gesto que luego resultó clave para los investigadores. Pese a la llamada ciudadana, que alertó del secuestro en tiempo real, no hubo una reacción inmediata de la Policía. Las horas siguientes, comenta García, estuvieron marcadas por demoras y falta de coordinación institucional.
Tres días después, un comentario en redes que decía “búsquelo en el bosque” la movilizó, pese a que las autoridades insistieron en que el sector estaba vigilado. Fue ella misma quien encontró el cuerpo de Hárold el 9 de agosto, en medio de una búsqueda organizada por amigos. El cadáver mostraba signos de tortura, en una zona donde operan bandas dedicadas al microtráfico, vinculadas —según la familia y las investigaciones— al crimen.
“Si sigue hablando, la callamos”
En los días posteriores al hallazgo, las amenazas comenzaron a circular desde un perfil de Facebook, que tenía un nombre que la familia asocia con la banda Los Ranchos, que según la Fiscalía, opera en el sector, con la participación de los hoy capturados.
Los mensajes llegaban por Messenger: advertencias para que dejara de hablar, que no regresara al barrio y aceptara que “las cosas del barrio se resuelven en el barrio”. En uno de los chats le dijeron que tenían imágenes del cuerpo de Hárold recién asesinado. “Me dijeron que si seguía insistiendo, que si seguía exigiendo en medios justicia por mi hijo me las iban a mandar. Y lo hicieron. ¿Por qué tanta crueldad? No les bastó con asesinar a un niño inocente, sino también torturarme psicológicamente para que les siga su juego macabro.”.
Un par de noches después, por miedo, y con el objetivo claro de hacer pagar a cada implicado en el homicidio de su hijo, empacó lo esencial y salió de Bogotá; no ha vuelto. “No puedo arriesgarme, y menos ahora que sé sus métodos”, dice. Aunque las amenazas disminuyeron hace tres semanas, la madre asegura que la banda se sigue moviendo por la zona “como si nada”, mientras ella y su familia tienen que permanecer lejos y rearmar sus vidas como puedan.
Las capturas que reavivaron las tensiones
La primera detención se produjo cuando, según relató la madre, policías que realizaban labores de vecindario verificaron documentos y encontraron la orden vigente contra Anderson Santiago Pedraza, de 18 años. Fue imputado por homicidio agravado, tortura, secuestro simple, desaparición forzada y porte ilegal de armas. Aunque no aceptó los cargos, el viernes 21 de noviembre una jueza ordenó su reclusión preventiva debido al peso del material probatorio y a que Pedraza constituye un peligro latente para la sociedad.
La segunda captura se confirmó el 22 de noviembre, cuando el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que uniformados del CAI Laches detuvieron a alias Chará. Según el mandatario, el hombre deberá responder también por homicidio agravado, secuestro y tortura. Fuentes cercanas al caso señalan que en el video del rapto se puede identificar por su estatura —“es el más alto”— y que forma parte del grupo de cinco individuos que interceptaron al menor, incluidos los que participaron en la confrontación inicial, que culminó en el sometimiento de Harold.
Para la familia, la detención de los dos capturados sin duda es un avance importante en una investigación, pero “aún hay varios responsables pendientes. Al grupo inicial de personas que lo intimidaron y permitieron que se lo llevaran se suman, al menos, otras cinco personas, que se involucraron una vez mi hijo fue secuestrado. Falta mucho por saber, pero confiamos en que la justicia avance y las personas que mataron y torturaron a mi hijo paguen por lo que hicieron”, exige García.
Por ahora, con un sospechoso en prisión y otro bajo custodia, la Fiscalía avanza en nuevas órdenes contra quienes participaron en el rapto y el asesinato, máxime cuando, de acuerdo con los testimonios, es muy probable que varios de los involucrados aun libres continúen con sus actividades ilegales en Los Laches y en las zonas aledañas.
Las investigaciones por las amenazas denunciadas por la madre son otra arista floja del caso. “Mi vida quedó atrás. Los mismos que mataron a mi hijo me obligaron a salir de mi casa, del entorno en el que me movía toda mi vida. Temo por una respuesta lenta, que no me pongan cuidado y cuando baje la marea y ya el caso de mi hijo no esté entre las prioridades, me pueda pasar algo. Pero no tengo alternativa: la justicia por mi hijo es lo primero. Si no insisto, no pasará nada; pero si insisto, me ponen en peligro”.
A pesar del miedo y el desplazamiento, Diana Carolina mantiene firme su exigencia: “Torturaron a mi hijo. Quiero que paguen lo que hicieron”. Pide protección y que el caso no quede reducido a un par de capturas. Para ella, el asesinato de Harold refleja la vulnerabilidad de los niños en sectores olvidados de Bogotá y la forma como violencia y negligencia estatal se cruzan con consecuencias irreparables. “Lo mínimo que puedo hacer por mi hijo es que su caso tenga justicia”, afirma.
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