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El alto tribunal, a través del presidente encargado de la Sala, Alfredo Gómez Quintero, precisó que está en su facultad constitucional de acopiar los testimonios de los ex comandantes paramilitares trasladados a los Estados Unidos, pues no se trata de diligencias formales que necesiten de la presencia del Ministerio Público.
La colegiatura rechazó tajantemente las declaraciones entregadas por el procurador, Alejandro Ordóñez, a Elespectador.com, en las que amenazó con recurrir a acciones legales en contra de la Sala Penal si insistía en efectuar ese tipo de encuentros, bajo las condiciones en las que se venían dando.
En el comunicado, se advierte que el magistrado auxiliar Iván Velásquez ya fue comisionado para realizar próximas reuniones de esa misma naturaleza con los extraditados, dentro de los procesos preeliminares que adelanta por parapolítica.
Así, se estaría desarrollando una nueva agenda de entrevistas entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre próximos, pese a las advertencias del jefe del ente de control de “recurrir a acciones jurídicas contra los magistrados auxiliares”.
En la misiva se destaca como un hecho paradójico el que Ordóñez se refiera a los integrantes de la Sala Penal, cuando los magistrados auxiliares actúan por mandato de la Corte, como respuesta a sus funciones constitucionales. Finalmente, la Corporación insistió en recalcar que esas diligencias no necesitan de la presencia del Ministerio Público, por cuanto se trata de encuentros informales que no constituyen la práctica de prueba alguna y que, por tanto, no afectan el estado de los procesos de los que habla el Procurador.
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