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Aunque el presidente Gustavo Petro lanzó este jueves su propuesta de fast track con toda la energía y optimismo, y ante la mirada de más de quince naciones presentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Colombia el camino que le espera a este procedimiento legislativo puede llegar a ser tortuoso, e incluso, quedarse en no ser más que un anuncio.
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Al acuerdo nacional y la constituyente se les sumó una nueva ilusión del presidente, o dirían algunos, un nuevo intento por poner a andar iniciativas de su programa de gobierno que están estancadas o en medio de dudas constitucionales. Se trata de un fast track, un procedimiento legislativo especial con el que busca aprobar ocho puntos relacionados con el Acuerdo de Paz de 2016, entre los que están ampliar el plazo de implementación del tratado, la compra express de tierra, excarcelar al campesinado productor de hoja de coca y la modificación de las normas de las vigencias futuras.
Este mecanismo se creó tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc y fue utilizado en el gobierno de Juan Manuel Santos para aprobar en el Congreso, en menos de seis meses, un extenso paquete de normas esenciales para cumplir el tratado.
Para esa ocasión fue esencial el impulso que le dio a la medida Juan Fernando Cristo, quien lideraba el ministerio del Interior, misma cartera que le entregó Petro hace exactamente cinco días. Aunque parece ser que el anuncio del presidente en las Naciones Unidas sorprendió incluso al funcionario, este no vaciló al día siguiente en defenderlo ante los micrófonos de la prensa, relacionándolo con la frustración que, dijo, estaría sintiendo el jefe de Estado al ver que el Congreso no le marcha al ritmo que quisiera.
Precisamente, por esa relación poca fluida que hay entre el Legislativo y el Ejecutivo, el fast track podría no tomar forma. No solo porque algunos congresistas han lanzado advertencias en las que aseguran que bajo la sombrilla de implementar el Acuerdo de Paz el presidente buscaría aprobar las reformas a las que ellos ya dijeron no, sino también, porque los tiempos son apretados y hay poco margen de maniobra.
Petro no tiene mayorías en el Congreso y eso quedó demostrado el pasado 20 de junio, cuando la corporación culminó su segundo año sin aprobar proyectos significativos para él como su reforma a la salud, a la educación, la ley ordinaria de jurisdicción agraria y su proyecto de transfuguismo.
Por esto, es poco probable que los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara le aprueben su idea de fast track, que debe pasar ocho debates. De contar con el sí de los legisladores, esta reforma constitucional pasaría a ser examinada por la Corte Constitucional, que para los tiempos del Acuerdo de Paz dijo que había fundamento para emplearse.
El panorama en el Alto tribunal parece no ser el mismo actualmente. Fuentes cercanas sostienen que habría una alta probabilidad de que los togados no vean una justificación fuerte para volver a aprobar un fast track, el cual estuvo vigente en Colombia hasta 2017 con el único fin de agilizar la implementación del Acuerdo de Paz y que, entre otras cosas, fue demandado por miembros del Centro Democrático, entre esos el expresidente Iván Duque, quien ya rechazó la idea de Petro.
“Buscan un mecanismo espurio para debilitar el trámite legislativo y así, debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución. Ya hemos derrotado estos abusos una vez y lo haremos cuantas veces sea necesario”, indicó el exmandatario.
Hay expectativa por saber si Santos le dará o no un espaldarazo al nuevo fast track, pues aunque hace poco estuvo reunido con Petro para hablar del Acuerdo de Paz y su visita a Nueva York, ha mantenido su distancia con ideas como el acuerdo nacional y la constituyente. De hecho, se desmarcó de la llegada de Juan Fernando Cristo al gabinete ministerial, apuntando que no tuvo que ver con su nombramiento.
Si bien Cristo, tras su posesión, ha avanzado en diálogos con el poder Judicial, regional, legislativo y con sectores empresariales y de defensa de los derechos humanos, no se conocen aún resultados concretos al respecto. Tampoco si estos grupos le marcharán al acuerdo nacional.
En medio de todo esto, sigue siendo incierta la manera en que el gobierno Petro buscará materializar su acuerdo, pues ha hablado de referendo, proyectos legislativos y como medida última la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo respaldo en el país sigue siendo poco.
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Lo cierto es que el próximo 20 de julio el Gobierno, en representación de su bancada del Pacto Histórico y sus nuevos ministros llegarán al Congreso con un paquete grueso de proyectos y apostándoles una vez más a las reformas hundidas de la pasada legislatura.
Mientras Petro culminaba su viaje en Estados Unidos para hablar del Acuerdo de Paz, mencionar que hay fuertes barreras estructurales y presupuestales para su implementación, promover su agenda interna y opinar de política internacional, como la reelección de Joe Biden y las políticas económicas del presidente argentino Javier Milei, su equipo ministerial continúa reunido en mesas técnicas para dejar todos los textos a radicarse listos.
Además, el Ejecutivo está atento a las movidas legislativas que se dan en medio de este receso, entre esas cómo quedarán presididas las comisiones y, aún más importante, las mesas directivas del Senado y la Cámara. Cristo se prepara para, una vez más, convencer al Legislativo de darle el sí al fast track, el problema es que ahora las dudas en torno a su propósito son mayores.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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