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“Quisimos escuchar a la gente, en compañía de algunas autoridades del orden nacional y departamental. La idea era buscar soluciones conjuntas y comprometernos a evitar que se vaya a presentar otra crisis humanitaria, como las registradas a finales de los 90”, indicó.
Pérez enfatizó que la Defensoría seguirá pendiente para conjugar esfuerzos con representantes de organizaciones humanitarias locales y del orden nacional para examinar otros temas urgentes, como las necesidades básicas insatisfechas. “Es por eso que vamos a insistir en comprometer esfuerzos desde todos los ángulos para evitar todos estos fenómenos que acompañan la presencia de grupos al margen de la ley”, agregó.
En la audiencia del viernes pasado, los habitantes de Tibú y de los municipios vecinos le solicitaron al Gobierno hacerlos partícipes de proyectos productivos que se tienen programados en la zona, como el del cultivo de 22.000 hectáreas de palma aceitera.
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