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Testimonios, videos, fotografías, letras de cambio y hasta promesas chimbas de diplomas de bachillerato a cambio de votos constituyen el arsenal de evidencias en poder de la Corte Suprema de Justicia contra Gustavo Londoño García, representante a la Cámara por el Vichada. El expediente, en poder de El Espectador, documenta cómo el congresista del Centro Democrático se hizo elegir en los comicios de marzo de 2018 acudiendo, presuntamente, a conductas ilícitas, pactos bajo la mesa, promesas burocráticas y ofertas educativas que ni siquiera estaban avaladas por el Ministerio de Educación. Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó a Londoño García por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos.
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Un proceso judicial que arrancó hace dos años, en marzo de 2019, cuando Londoño García tuvo que rendir indagatoria ante la Corte. Allí se declaró un inocente perseguido por sus enemigos políticos, pero las pruebas recopiladas parecen desmontar esa versión. Elizabeth Sáenz Motta, cuñada de Omar Yesid Mesa, dirigente político del Vichada, les reveló a las autoridades la hoja de ruta de las maniobras supuestamente ilícitas que le permitieron a Gustavo Londoño ganar un escaño en la Cámara de Representantes en 2018. La testigo, además, aportó un documento clave: un “acuerdo de voluntades” firmado el 26 de febrero de 2018 entre Londoño y Mesa para que este último, quien también aspiraba al Congreso, pero por Cambio Radical, desistiera de su candidatura y apoyara a Londoño electoralmente.
Dicho acuerdo, según reza el documento autenticado en notaría, fue suscrito a escasas dos semanas de los comicios parlamentarios de 2018 y estipulaba que Omar Yesid Mesa se comprometía a brindar todo su apoyo político y el de sus líderes a Gustavo Londoño García, que su trabajo electoral se desarrollaría fundamentalmente en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo y que, como contraprestación, Londoño García nombraría en su Unidad de Trabajo Legislativo a una cuota política de Mesa. Para sellar este pacto, además, el hoy representante a la Cámara firmó una letra de cambio por $35 millones a favor de Omar Yesid Mesa. Es decir, dicho monto habría sido el pago acordado para que Mesa pusiera a su gente a votar por Londoño, según concluyó la Corte Suprema en su acusación.
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Así mismo, en el expediente salió a relucir que Londoño García, al parecer, se valió de la institución educativa Petroschool, con sede en Villavicencio, para ofertar programas de capacitación en bachillerato a cambio de que los beneficiarios se comprometieran a apoyar electoralmente al hoy congresista del Centro Democrático. Un supuesto carrusel de compraventa de votos que, además, salió mal, pues se constató que Petroschool no tenía autorización para expedir dichos diplomas, ya que solo estaba autorizada para operar en la capital del Meta, según certificación del Ministerio de Educación. Es decir, la Corte Suprema, en desarrollo de su investigación, documentó que Petroschool, cuyo rector confesó ser amigo y vecino en Villavicencio de Gustavo Londoño, entregó diplomas chimbos.
Aún más. Tras una inspección ordenada por la Corte Suprema a Petroschool se logró establecer que la entidad educativa ni siquiera guardó copias de los 1.012 diplomas de bachillerato expedidos el 8 de marzo de 2018; es decir, tres días antes de las elecciones al Congreso. Tampoco se encontraron las actas de grado. En cambio, varios testigos sí contaron con lujo de detalles que esos títulos se repartieron a cambio de votos para el candidato —hoy congresista— y que incluso todo el mundo en Vichada supo entonces que el beneficiario de esta estrategia electoral era Gustavo Londoño. Justamente ese 8 de marzo de 2018 el secretario de Educación del Vichada alertó a la comunidad sobre el posible fraude que se estaría fraguando a través de entidades que no disponían de una planta física e infraestructura administrativa adecuadas.
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Las evidencias
En un documento de 151 páginas, la Corte Suprema condensó las pruebas que ha recopilado en los últimos tres años en este caso. Allí se refiere, por ejemplo, que el político Omar Yesid Mesa, como seguro, le entregó a su hermano José Duván los documentos sobre el pacto firmado con el congresista Gustavo Londoño y la letra de cambio. Esas pruebas fue las que entregó a la justicia Elizabeth Sáenz Motta, esposa de José Duván Mesa y cuñada del dirigente Omar Yesid Mesa. Con otra particularidad: la testigo Sáenz Motta aseguró que su hija Leidy Cristina Bohórquez Sáenz facilitó su cuenta del Banco de Bogotá en Villavicencio para que el parlamentario Gustavo Londoño le consignara a su tío los $35 millones acordados. Según el expediente, el hijo del parlamentario, Juan David Londoño, consignó esa suma en dos cuotas.
La Sala de Instrucción de la Corte rastreó el pasado político de Omar Yesid Mesa Jiménez y descubrió que había sido diputado en Vichada entre 2004 y 2007 y entre 2012 y 2015. Así mismo, se estableció que volvió a ser elegido para el período 2016-2019, pero perdió su investidura. En ese momento fue cuando aceptó ser candidato a la Cámara por el partido Cambio Radical, aspiración que declinó dos semanas antes de las elecciones de marzo de 2018, tras el famoso “acuerdo de voluntades” con Gustavo Londoño. En su declaración ante la Corte, Omar Yesid Mesa negó dicho pacto, aseguró que los documentos entregados por su cuñada eran falaces y que su firma no era real. En cambio, dijo que apoyó a Londoño por convicción. Eso sí, reconoció que le hizo un préstamo a Londoño por $35 millones sin intereses y que ello explica la letra de cambio.
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La Corte no le creyó. Entre otras razones, porque su propio hermano José Duván Mesa declaró que en su presencia se firmó el “acuerdo de voluntades” entre Omar Yesid Mesa y Gustavo Londoño en “una habitación del Hotel California, de La Primavera”. Es más, José Duván Mesa agregó que por esa razón su hermano “desistió de la aspiración a la Cámara de Representantes doce días antes de los comicios”. Esto, claro, a cambio del pago de unos dineros y de unos acuerdos burocráticos. También contó que su esposa, Elizabeth Sáenz Motta, obtuvo todos estos documentos comprometedores porque el propio Omar Yesid Mesa se los dio el 20 de julio de 2018, después de que Londoño, supuestamente, le incumpliera. Finalmente, aseguró que en Vichada todos saben que por cada diploma de Petroschool los beneficiarios debían conseguir diez votos para Londoño.
Pero, además, la Corte cuestionó el supuesto “préstamo” que Omar Yesid Mesa le hizo a Gustavo Londoño días previos a las elecciones. ¿En realidad fue un préstamo, como lo señalaron Mesa y el congresista, o el pago por haber desistido de su candidatura? Para la Sala de Instrucción, el cuento del préstamo es justamente eso, un cuento, pues para esa época Omar Yesid Mesa tenía deudas de más de $206 millones y no recibía salario, pues había perdido su investidura como diputado del Vichada. Es más, según los reportes financieros de Bancolombia, donde Mesa tenía un crédito hipotecario, desde julio de 2016 dejó de pagar esta obligación y estaba en mora en sus cuotas de amortización. ¿Cómo alguien con semejantes deudas podía entregarle, así no más, $35 millones a Gustavo Londoño? La respuesta sería que ese dinero no fue un préstamo sino un pago.
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Sobre el episodio de Petroschool y las denuncias de una presunta feria de títulos de bachillerato, el alto tribunal escuchó en declaración al rector Fernando Gómez Peralta. Dicha estrategia fue negada por el testigo, quien solo reconoció que por su amistad con el parlamentario le pidió ayuda “para abrirse campo” en el Vichada. Según explicó Gómez Peralta, ofreció a centenares de ciudadanos la posibilidad de acceder a educación secundaria o de inscribirse a cursos formales bajo la modalidad semipresencial o en módulos impartidos a distancia. Incluso relató que para implementar esa oferta educativa él mismo como rector “les hizo un examen verbal o escrito para evaluar su nivel”. Por último, dijo que el 8 de marzo de 2018 —tres días antes de los comicios— el colegió expidió “cerca de 750 diplomas”, aunque reconoció no tener copias de los títulos otorgados ni las actas de grado.
Los testimonios y evidencias desmontaron estas explicaciones. Indira Estela Gallo Riveros, quien trabajó en la campaña de Gustavo Londoño al Congreso en 2018, declaró que la campaña se comprometió a entregar “el título de bachiller expedido por Petroschool con la condición de que en las elecciones del 11 de marzo de 2018 votaran por él”. Añadió, además, que recibió órdenes de las directivas de la campaña de hacer proselitismo político en el municipio de La Primavera con la instrucción “de invitar a la población, casa a casa, a estudiar a Petroschool”. Otras versiones y videos documentaron, incluso, que en la sede de campaña de Gustavo Londoño, al parecer, se les habrían pedido firmas y compromisos electorales a los potenciales beneficiarios de estos títulos educativos que, al final, resultaron inservibles.
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La testigo Yuri Marcela Serrato Rubio, por ejemplo, reconoció que filmó varios de los hechos que hoy salpican al congresista Londoño, que en La Primavera se “efectuaron graduaciones en solo tres meses, sin evaluaciones, menos aun entrega de trabajos” y, además, aportó otras pruebas de actos de proselitismo en favor de Gustavo Londoño de “algunos beneficiarios de los grados con la exhibición del diploma recibido”. En uno de esos videos, según se lee en el expediente, aparece el hijo de Londoño, quien ofició como su gerente de campaña, supuestamente cobrando políticamente la entrega de 180 diplomas de bachillerato en el municipio de Santa Rosalía. Ese cúmulo de testimonios, fotografías y videos sobre este presunto tráfico de diplomas educativos a cambio del respaldo electoral para Gustavo Londoño resultó muy contundente para la Corte.
“Varios elementos de juicio confirman que no existió en realidad un proyecto concebido de antemano orientado a llevar la educación a la población del Vichada, con independencia de la campaña electoral existente para entonces, como lo sostuvo el rector [de Petroschool] González Peralta, sino que obedeció a una oferta pública e indiscriminada de títulos a cambio de sufragar por el procesado [Gustavo Londoño]. Ello, además, en condiciones en las cuales carecieron en últimas de validez; se trató de una mera promesa de tiempo electoral constitutiva de la corrupción de los sufragantes que incluso defraudó la expectativa de los beneficiarios”, concluyó la Sala de Instrucción en su acusación contra el parlamentario. Y agregó que el rector de Petroschool lejos estuvo de desmentir las pruebas que lo involucran en esta estrategia de compraventa de votos.
Para rematar, en el proceso hay un video en el que el rector del colegio Petroschool afirma lo siguiente en plena campaña de 2018: “Petroschool está de la mano con el Centro Democrático y el 101 para la Cámara de Representantes: Gustavo Londoño”. Todas estas evidencias llevaron a la Sala de Instrucción a acusar formalmente al congresista Gustavo Londoño García por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos. La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema será la encargada de llevar a cabo el juicio en su contra. Y aunque Londoño se ha declarado un perseguido político y ha calificado como una “infamia” estas acusaciones, lo cierto es que su panorama judicial está muy enredado. Las evidencias indican que se valió de títulos educativos chimbos para hacerse elegir en 2018 y que, además, le “compró” sus votantes a un dirigente del Vichada.
Por Juan David Laverde Palma
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