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Que Bogotá se haya convertido en una de las ciudades más caras de Latinoamérica es una cuestión que, nadie que se haya paseado por esta parte del mundo, duda.
Tampoco lo hacen las estadísticas internacionales que la señalan como una de las más costosas de la región. Dentro de esta determinación se engloban una multiplicidad de elementos comparativos que comprenden desde el coste de la vivienda hasta las comunicaciones. No obstante, uno de estos elementos nos debe hacer encender todas las alarmas: el coste de los alimentos y el mercado de la distribución alimentaria.
En una ciudad como Bogotá, el coste de los productos alimentarios de primera necesidad y, muy especialmente, los productos de aseo han adquirido unos precios que rondan lo ridículo. En un periodo de seis semanas, y por motivos académicos, he tenido la oportunidad de visitar países como España, México o EEUU. En todos ellos quise comprobar el precio de estos productos que, ya me sospechaba, iban a resultar sensiblemente más baratos. La constatación no hizo justicia a mis intuiciones. La diferencia de precio no era sensible sino radicalmente más baja. En EEUU, y en una ciudad como Nueva York que no es precisamente una urbe económica, los mismos productos de aseo personal descendían un treinta por ciento. En México y España, cerca de un cuarenta, existiendo en este último país, productos similares de marcas de distribución (las llamadas marcas blancas), cuya diferencia de precio caía hasta un sesenta y cinco por ciento.
¿Por qué ocurre esto en Bogotá? No hace falta tener un doctorado en derecho o economía ni una maestría en derecho de la competencia, para darse cuenta de que algo no funciona. En todos esos países, y muy especialmente en España y EEUU, basta pasear por Madrid o New York –cierto es que más en la primera que en la segunda- para encontrarse con múltiples supermercados e hipermercados de titularidad diversa que activamente compiten entre sí. En Bogotá, simplemente, esto no ocurre. Los bogotanos nos encontramos sometidos a grupo empresarial que, de facto, posee la casi totalidad de la distribución alimentaria en la capital del país. Cierto es que existen las plazas de mercado y algunos grandes hipermercados marginales pero en porcentaje su disponibilidad para la mayoría de los ciudadanos, en términos de acceso y coste en desplazamiento y tiempo, los hace inalcanzables. El supermercado de la esquina, el que tiene todo y está a mano, siempre es el mismo e impone los precios que quiere con unos márgenes de beneficio que resultan, simplemente, escandalosos.
Históricamente, Bogotá no es la primera ciudad donde esto ha ocurrido. En el pasado, en países Europeos esto ya sucedió. Las autoridades de competencia, las que velan para que exista competitividad entre los operadores económicos en el mercado, actuaron con diligencia. En España, sin ir más lejos, se obligó a una de las grandes cadenas de hipermercados –Prica- a vender parte de sus establecimientos a la competencia –Carrefour- porque su poder en el sector alimentario, entre hipermercados y pequeños supermercados, desvirtuaba la competencia.
La pregunta es muy sencilla. ¿Dónde están las autoridades de competencia colombianas? ¿Qué están haciendo para evitar que este disparate siga produciéndose? Contra el “monopolio” de facto en Bogotá, absolutamente nada. Sería bueno que, por lo menos y por el bien de los ciudadanos a los que no nos sobra el dinero, hicieran el intento.
La buena noticia, por lo menos, es que desactivaron el llamado “cartel de los pañales” que imponía el precio fijo de dicho producto por el acuerdo de no competencia que existía entre las partes. Todo el mundo sabe que, exactamente lo mismo, sucede con la alimentación, los pasajes aéreos y tantas otras cosas. En este sentido, espero que convengan conmigo que, el que los colombianos tengan que pagar un sobrecosto desmesurado por un incorrecto funcionamiento del mercado ante la mirada impasible del Estado, no sólo es injusto sino que, como con los pañales, también es para cagarse. Con perdón.
* El autor es Doctor en Derecho y Director del Grupo de Estudios de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes.