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El cese de actividades iniciado por la Rama Judicial el pasado 9 de octubre de 2014, liderado por Asonal Judicial, pone de manifiesto la crisis por la que atraviesa la justicia desde tiempos inmemoriales.
Todos los presidentes al dar comienzo a su mandato esgrimen como panacea del gobierno “la reforma a la justicia”. No obstante, echan de manes que los cambios estructurales en lo económico, político y social demandan la consecución de recursos, provistos por la hacienda pública.
Si auscultamos la Constitución Política de 1991, oteamos en cada trazo normativo un emporio de derechos y garantías, suficientes para que el Estado y los órganos legislativo y judicial mantengan una connivencia pacífica y productiva, en aras de la armonía propia que en la democracia debe existir entre los poderes.
En la actualidad se debate en el Congreso una nueva reforma a la justicia denominada equilibrio de poderes, que a la luz de la crítica entendida lo que pretende es restarle autonomía e independencia a la Rama Judicial, huérfana de un auténtico y legítimo vocero, como que el Consejo Superior de la Judicatura se convirtió en un verdadero “elefante blanco”, contagiado de burocracia y politiquería.
La sociedad colombiana espera del Estado, frente a los problemas perennes de la justicia, que se atiendan las peticiones de los trabajadores judiciales, para quienes aún existe una deuda social, respecto del incumplimiento de la Ley 4ª de 1992, amén de que para hablar de paz y posconflicto, se requieren ingentes recursos económicos que garanticen la descongestión judicial y las demás reivindicaciones salariales que exigen los trabajadores.
Por lo tanto, un Estado social y democrático de derecho, como se concibe constitucionalmente a Colombia, no puede abandonar a su propia suerte la justicia, menos en el momento histórico que más se la necesita para que contribuya a la paz y a la reconciliación nacional.
Orlando Morales.
Bogotá.
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