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La diplomacia colombiana en Washington estaba feliz por la carta que envió hace algunas semanas el vicepresidente Biden al presidente Santos para felicitarlo por su reelección y poner sobre la mesa los temas claves de la relación en el futuro.
Más allá de algunos reclamos velados de EE.UU. sobre el decreto de los medicamentos biotecnológicos —a los que el Gobierno afortunadamente hizo caso omiso—, el “spin” en la embajada fue que la agenda bilateral finalmente estaba libre de “preocupaciones” por temas de derechos humanos.
Se comentaba que ahora sí Colombia y EE.UU. estaban teniendo una relación de “países serios”. Una agenda nutrida de asuntos económicos, alianzas para proveer de seguridad a terceros países, cooperación energética y lucha contra el calentamiento global. Incluso la cacareada alianza de Colombia con la OTAN clasificó en la carta del vicepresidente de EE.UU., que felizmente solo hizo una mención de pasada a los derechos humanos, pero en el marco del proceso de paz con las Farc, que la administración Obama recuerda constantemente que apoya enfáticamente.
En otro país aparentemente muy distinto, donde es rampante la incompetencia estatal, son descuartizadas decenas de personas en “casas de pique” por bandas paramilitares. De dos municipios, Tumaco y Buenaventura, donde más del 80% de la población es negra, el año pasado fueron desplazados cerca de 50 mil ciudadanos. Las Farc ejercen como autoridad de facto en las zonas rurales del municipio nariñense, donde los sobrevuelos de aviones estadounidenses que salen diariamente a fumigar coca llevan más de cinco años. Cientos de miles de colombianos en comunidades negras viven en extrema pobreza, entre extrema violencia y en medio de una total impunidad.
Pero ese no es el país “serio” del que se quiere hablar en las giras a otros países “serios”. En nuestra narrativa de la redención nacional ante el mundo, nos estamos exculpando de los últimos pecados con un proceso de paz.
Pero, periódicamente, un grupo de congresistas en Estados Unidos, como pasó esta semana, o una ONG extranjera, lanza un SOS por la situación aberrante de varias zonas del país. Son las voces de siempre, dicen los funcionarios, sueltan un suspiro y miran hacia arriba alistándose para dar las mismas respuestas de siempre. Agradecen la preocupación, oyen con cuidado y luego anuncian planes de choque, aumento del pie de fuerza, fortalecimiento estatal; los talking points están escritos desde hace cuatro años y, por lo visto, tendrán que ser usados por cuatro más.
Tras elevar su posición internacional en clubes como la OTAN y la OCDE, un país de gobernantes competentes haría una introspección profunda para no olvidar la situación abyecta en la que muchos de sus ciudadanos viven aún. Si los derechos humanos no están entre las prioridades internacionales de otros países frente a Colombia, sí debería estarlo para el Gobierno de Colombia. No solo porque es su mandato legal, también porque además de parecerlo, debería ser un gobierno serio al que le importa su gente.
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