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La reforma presentada por el Gobierno tiene “el propósito de apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social, y consolidar el ajuste fiscal”. La meta del Gobierno es recaudar $25 billones adicionales con la reforma, o sea, 2,1 % del PIB. Son metas ambiciosas frente a grandes desafíos: hay que hacer un fuerte ajuste fiscal pues recibe de legado de Iván Duque un déficit de 5,6 % del PIB que es casi 40 % del recaudo que logró su gobierno en 2021, además de una deuda abrumadora de 56,5 % del PIB que en 2018 era solo 40 % del producto nacional.
Esta precaria situación surgió de la fallida intentona de Alberto Carrasquilla de aumentar el recaudo de impuestos a la brava, lo que le costó una insurrección, al menos 63 muertos y su renuncia. El aumento de la deuda sustituyó los impuestos que fueron imposibles de recaudar. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lo vuelve a intentar buscando también incrementar el gasto social de manera apreciable.
El Gobierno de Petro no ha dicho en cuánto va a reducir el déficit, pero un país que juegue a tener un faltante de más de 4 % del PIB entra en problemas para poder financiarlo y deberá pagar tasas de interés caras para lograrlo. Eso significa que su meta implícita de corto plazo es una reducción del déficit en 1,6 % del PIB.
La reforma, como ya lo habíamos descrito, barre con numerosas disposiciones que desnivelaban la cancha a favor de los sectores o aun de empresas que lograban beneficios especiales. Ahora, las contribuciones que deberán hacer las empresas y sus accionistas sobre sus rentas pasan de representar el 40,2 % de ellas a cerca del 60,3 %, que es el porcentaje más alto de todos los países miembros de la OCDE, cuyo promedio es del 43 % de la renta de las empresas combinada con la de sus dueños. El segundo lugar de este grupo de países lo ocupa Corea con el 50 % de tarifa combinada, o sea que Ocampo se planteó una meta muy alta y difícil de lograr*.
Se trata de un incentivo negativo fuerte, tras largos períodos de beneficios a diestra y siniestra que estuvieron vigentes por lo menos desde 2002; de mantenerse ese 60 % de tributo de la renta líquida de las empresas, se espantarán nuevas inversiones. Es que una empresa que deba contar con solo 40 % de las utilidades que genera debe obtener una rentabilidad extraordinaria para contemplar invertir en el país. En el proyecto del Gobierno, las empresas terminan contribuyendo con el 70 % del recaudo y las personas con el 30 %, cuando la tendencia internacional es al revés: mientras más desarrollado un país, se apoya más en los tributos a las personas y menos en los de las empresas.
El proyecto contempla imponer sobretasas a las exportaciones de minerales cuando sus precios superen cierto umbral, para que las rentas diferenciales o las ganancias ocasionales sean compartidas por la nación, algo que tiene mucho sentido cuando se supone que el subsuelo es de todos.
Las pensiones, que siempre estuvieron exentas, caen ahora bajo el hacha de la DIAN. A partir de las 1.790 UVT, que equivalen a $32,2 millones anuales o $2,7 millones mensuales, las pensiones van a ser registradas y las mayores de $10 millones serán gravadas, según las tarifas marginales a cualquier otro ingreso. Se acaba entonces el tratamiento especial que recibíamos los viejitos afortunados para poder enfrentar nuestra especial morbilidad y nos ponen a vivir más austeramente que en el pasado. ¡Que todo sea por el bien de la sociedad!
* Ver “Nota Macroeconómica”, 44, Uniandes.
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