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Esta semana, el honorable Consejo de Estado tiene la altísima responsabilidad de escoger a la persona que será auditor(a) general de la República. Esta entidad es muy importante, porque es la encargada de vigilar y controlar los recursos de la Contraloría General y de las contralorías territoriales. En ese cargo han estado personas realmente importantes, entre las que recuerdo a Clara López, Iván Darío Gómez Lee, Felipe Córdoba, Carlos Hernán Rodríguez, Laura Marulanda y la actual, Alma Erazo.
La terna entre los que tiene que elegir el Consejo de Estado fue presentada por la H. Corte Suprema de Justicia. La conforman Anayme Barón, contadora pública y a quien la Procuraduría investiga por supuestas irregularidades en la compra de un lote cuando fue secretaria de Hacienda, por un sobrecosto del 400 %. La ayuda en su campaña del cuestionado, por el tema de Odebrecht, magistrado Juan Carlos Granados. También está Patricia Duque, administradora de empresas, allegada al exministro Juan Fernando Cristo, quien, se señala, la llevó a la Superintendencia de Servicios Públicos. Eso per se no es un impedimento, faltaba más. Me dicen mis fuentes que le pidieron la renuncia por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos, hechos por los que fue investigada. No se conoce a la fecha ninguna sanción en firme en contra de estas dos profesionales. Finalmente fue ternado el abogado externadista Carlos Silgado, a quien, debo decirlo en aras de la transparencia, conozco. Lo está apoyando fundamentalmente el sector académico. Después de una larga y decente carrera en el sector público, actualmente se desempeña como secretario general de la Personería de Bogotá, cargo que no está ejerciendo porque pidió, como toca, vacaciones y permisos para que no lo acusen de usar su posición para ser elegido. (Acusación injusta y mentirosa que le hizo el sindicato de la entidad.) Sobre él no pesa investigación alguna.
Sin embargo, esta semana que pasó, algunos medios de comunicación, quién sabe con qué protervos intereses, publicaron una gran cantidad de mentiras sobre su corto paso por la Contraloría de Bogotá. Y sí, estuvo cuatro meses en la época del condenado contralor Miguel Morales Russi. ¿Acaso eso, como han querido mostrarlo, lo vuelve un delincuente?
Recordemos que la Auditoría fiscaliza a la Contraloría General, por lo que no puede quedar en manos políticas, como lo pretenden quienes han montado esa campaña de desprestigio en contra el Dr. Silgado.
Será sí el buen juicio que ha caracterizado al H. Consejo de Estado por 206 años (fue creado en 1817) el que nos demuestre que tomarán una acertada decisión. Personalmente he tenido procesos en este alto tribunal y no de poca importancia y, a pesar de haber sido vencido en juicio, nunca se me ha ocurrido desprestigiar a ninguno de sus miembros, como han pretendido hacerlo en estos días algunas personas, para que no se pueda llevar a cabo esta elección. ¡No todo vale!
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