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En una sentencia histórica, un juez de Ecuador ordenó a la empresa norteamericana Chevron pagar US$ 8.000 millones de dólares para compensar los daños ambientales provocados durante la extracción de petróleo en la Amazonía entre 1964 y 1990. Alrededor de 30.000 indígenas y campesinos, agrupados en el Frente de Defensa de la Amazonía, batallaron desde 1993 en tribunales de Estados Unidos y Ecuador para que la empresa respondiera por el desastre ambiental. Mario Melo, abogado experto en temas ambientales y quien apoyó al grupo de abogados, habló sobre el tema con El Espectador.
¿En qué consistió su participación en el caso?
Soy un abogado que trabaja en derechos colectivos en la Amazonía. No soy parte del equipo de abogados pero me vinculé al caso de manera solidaria. Desde la Fundación Pachamama acompañamos el proceso.
¿Desde cuándo decidió participar en este litigio?
Desde hace 10 años.
¿Esperaban un fallo favorable?
El trámite estaba concluido. Esperábamos que fuera favorable porque había elementos que probaban que los daños ambientales eran de gran magnitud.
¿Por qué se llevó el caso en Ecuador y no en Estados Unidos como se pretendió en un comienzo?
El caso fue planteado ante jueces de Estados Unidos en 1993. En ese momento se aspiraba a que la justicia norteamericana obligara a la petrolera a arreglar los daños a la salud de los habitantes por la operación en la Amazonia Ecuatoriana. Durante muchos años avanzó el proceso pero luego se llegó a la discusión sobre cuál era el tribunal que podría administrar justicia. El juez de los Estados Unidos dijo que el pleito debería ser conocido por juez ecuatoriano por la cercanía con los hechos. La resolución del juez de Nueva York fue que se remitiera a Ecuador y sólo si allí no se pudiera administrar justicia podría retornar la demanda a Estados Unidos. Los demandantes presentaron el caso ante el Presidente de la Corte Superior en la Provincia de Sucumbíos. Luego de un largo trámite, con una infinidad de pruebas, acabamos de escuchar la sentencia de primera instancia.
¿Qué paso sigue ahora?
Lo más probable es que la Chevron apele la sentencia y se proceda a una segunda instancia.
¿Esperaban un monto de 8.000 millones de dólares o aspiraban a una cifra superior como compensación?
Tengo entendido que el monto que estimaban los demandantes era de 30.000 mil millones de dólares. Y lo que ha acordado el juez es 8.000 mil millones.
¿Se dice que fue un proceso lleno de presiones. Fue así?
Ha sido un caso muy polémico. Ha habido presiones de diferente naturaleza. En los últimos meses Chevron-Texaco emprendió un conjunto de acciones para criminalizar a los demandantes haciendo acusaciones que en su momento tendrán que probar. Es una victoria importante pero temporal.
¿A qué se refiere con acciones para criminalizar a los demandantes?
Han hecho público que iniciaron acciones legales contra el equipo de abogados y dirigentes demandantes. Argumentan que realizaron acciones para presionar al juez.
¿Cómo es el equipo que trabajó en esta demanda?
Originalmente la demanda fue presentada por un estudio de los Estados Unidos, a la cabeza estaba Cristobal Bonifaz, un americano de origen ecuatoriano. Hace dos años él se retiró del equipo de abogados. Quien está a la cabeza es Steven Donziger, y el abogado principal en Ecuador es Pablo Fajardo. Hay una asamblea de afectados que es un colectivo de individuos del Amazonas que dirige Luis Yanza. Se llama el Frente de Defensa de la Amazonia. Adicionalmente varias organizaciones ambientales y de derechos humanos han hecho acompañado el proceso.
¿Por qué se retiró Cristobal Bonifaz?
No tengo muy claro el asunto.
¿Cuál sería su argumento para desestimar las críticas de la Chevron contra los demandantes?
Los daños que cometió Texaco durante 20 años de extracción de crudo en la Amazonia son innegables. Están allí a la vista de cualquiera que visite la región. Deben responsabilizarse de los daños que causaron. Mientras a la región le dejaron basura y contaminación, ellos obtuvieron beneficios altos. Esas reclamaciones solo son justificaciones para postergar sus obligaciones con Ecuador y la humanidad.
¿Qué implicaciones cree que tiene el fallo?
Se marca un precedente jurídico y político. Jurídico porque los afectados han logrado que los jueces reconozcan ese daño. En el aspecto político se da un mensaje claro de que no es posible que una empresa ingrese a un territorio y se lleve los recursos sin ningún cuidado ambiental. Sabemos que hay un sistema jurídico respondiendo y quien actué sin cuidados tendrá que pagar por los daños que cometa.