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El Reino Unido ha aprobado más de 3.000 licencias, con un valor cercano a los 14.160 millones de euros, para la exportación de armas a prácticamente todos los países que figuran en su propia lista de naciones con un oscuro historial en materia de derechos humanos. China, Irán y Rusia, que a su vez suministran material bélico al régimen sirio de Bashar Al Assad, son algunos de los que se benefician de las exportaciones de armas desde Londres, así lo indica un informe divulgado este miércoles por los Comités de Controles de Exportación de Armas de la Cámara de los Comunes (CAEC, siglas en inglés). El gobierno británico, que el martes anunció un nuevo suministro de material de protección contra armas químicas a la oposición siria, al mismo tiempo otorga tres licencias al gobierno sirio de vehículos todoterreno y piezas de sónar.
En la lista de países con dudosa situación de derechos humanos elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico se encuentra Afganistán, Bielorrusia, Birmania, China, Cuba, Colombia, Corea del Norte, República Democrática del Congo, Eritrea, Fiji, Irán, Irak, Israel, Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán Sur, Siria, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen y Zimbabue.
Varias de estos Estados, juzgados por ser regímenes autoritarios que practican la tortura y la represión, figuran entre los que reciben las exportaciones de armas desde Reino Unido: Irán, Sri Lanka, Arabia Saudí, Libia, Rusia, China y Bielorrusia, son algunos de ellos según el informe del CAEC. Aunque en el documento los parlamentarios admiten que muchas de las licencias corresponden a material para uso conjunto militar y civil, advierten que el número es «asombrosamente alto». También llamaron al gobierno a ser más cauteloso a la hora de exportar armas a otros gobiernos que puedan utilizarlas contra sus propios pueblos: «Debe reconocer que existe un conflicto inherente entre promover fuertemente las exportaciones de armas a regímenes autoritarios y al mismo tiempo criticar sus faltas a los derechos humanos», dice el informe.
Según el documento, Irán firmó 62 contratos con Gran Bretaña, principalmente sobre material criptográfico, y Rusia ha contratado 27 licencias para equipos de biotecnología, rifles de francotirador, armas láser y drones. Estas dos son las principales naciones que proveen armas al régimen del presidente sirio Bashar al Asad, por lo que puede ser que parte del armamento británico termine en manos del gobierno sirio, o en manos de quienes han sido enviados a Siria a apoyar ese régimen. Además, dice el informe, el propio gobierno británico sigue otorgando tres licencias a Siria de vehículos todoterreno y piezas de sónar. Oliver Sprague, director de los programas de armamento de Amnistía Internacional, dijo que debe haber una explicación urgente del carácter de las licencias otorgadas y del destino final de las exportaciones de arsenal británico.
El martes pasado, el gobierno de Reino Unido anunció un nuevo envío a los rebeldes sirios que luchan por derrocar a Al Assad, de 5.000 máscaras antigás para que puedan protegerse de las armas químicas que, según el jefe del Foreign Office, ya han sido utilizadas por las autoridades oficiales. Asimismo, el Reino Unido les facilitará a los combatientes del opositor Ejército Sirio Libre unos fármacos que actúan como tratamiento previo ante un ataque con gas y que darán a las víctimas el tiempo preciso para llegar hasta un hospital para recibir atropina, necesaria contra el gas sarin.
El presidente del CAEC, John Stanley, señaló que los permisos de exportación a los países incluidos en la lista del Foreign Office «pone de manifiesto el conflicto inherente entre las exportaciones de armas del Gobierno y las políticas sobre derechos humanos». Otro buen ejemplo para hablar de ese ‘conflicto’ entre el millonario negocio de las armas y el respeto a los derechos está en la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudi. La monarquía absolutista del Golfo es uno de los sistemas más represivos del planeta según un sinnúmero de organizaciones defensoras de los derechos humanos: en el país de la familia Al Saud no hay partidos políticos, no existen los derechos de libertad de expresión ni de asociación, no hay medios de comunicación independientes, los derechos de la mujer están degradados, existen penas como amputaciones de manos o brazos, lapidaciones y decapitaciones. La drástica interpretación de la sharia –ley islámica- que allí se aplica es comparable a la que rige en Irán o en Afganistán cuando estaba bajo el régimen Talibán.
Pero los derechos humanos, la democracia y la libertad, no están en la agenda cuando se reúnen los gobernantes de Washington y Riad. El factor determinante de su relación radica en los acuerdos comerciales. El régimen saudí es el principal socio comercial de EE.UU. en Oriente Medio, por encima de Israel. Según la Administración de Comercio Internacional de EE.UU., las exportaciones del país islámico a norteamérica llegaron a US$47.4 billones y las exportaciones de EE.UU. a Arabia llegaron a US$13.8 billones. Las cuantiosas cifras están marcadas especialmente por las importaciones de petróleo que hace EE.UU. desde el Golfo y las exportaciones de armas e infraestructura que hace hacia la monarquía saudí. El año pasado se firmó entre Arabia Saudí y EE.UU. el mayor acuerdo militar jamás alcanzado por el gobierno norteamericano, que vendió US$33.400 millones en armas al régimen saudí, incluyendo un escudo antimisiles, 84 nuevos aviones de combate F-15, 70 helicópteros Apaches, 72 «Black Hawks» y 36 «Little Birds».