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El proyecto de reforma política del Gobierno fue una promesa del presidente Gustavo Petro durante la campaña. Es, además, una reforma inaplazable y una respuesta a diferentes sectores de la sociedad colombiana que reclaman más justicia, transparencia e imparcialidad del sistema electoral y por esta vía fortalecer la democracia y las organizaciones políticas. El proyecto contiene aspectos muy positivos, como las listas cerradas, la paridad y la alternancia, y medidas para democratizar los partidos, entre muchos otros. En una columna anterior afirmé que era un error no haber incluido reformas a la arquitectura de la institucionalidad electoral para garantizar la transparencia electoral, incentivar la inclusión y participación política de sectores tradicionalmente excluidos, erradicar los factores de corrupción originados en la financiación de las campañas y así evitar que los objetivos buscados no se materialicen o lo hagan de manera precaria y se generen nuevas frustraciones. Por ejemplo, si no hay instituciones independientes, con la capacidad, la voluntad política y los mecanismos eficaces y eficientes para controlar que lo establecido se cumpla y para sancionar a los responsables de su eventual incumplimiento, estas propuestas difícilmente coadyuvarán a depurar y democratizar las formas de acceder al poder y de ejercerlo. Además se corre el riesgo de repetir la historia de una reforma con soluciones parciales que no enfrentan de raíz los problemas.
Como ya es un hecho cumplido que al menos por ahora la arquitectura institucional no se modificará y que una reforma política de fondo no da espera, es importante que la que está en discusión salga adelante. Así lo han entendido el Gobierno, los sectores sociales y políticos, y quienes desde la academia y organizaciones sociales lo hemos planteado en diferentes escenarios. Pero esto no impide llamar la atención sobre algunas de las propuestas del proyecto que ameritan una revisión para evitar efectos contrarios a los objetivos buscados. La primera está relacionada con cambios en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, al permitirles renunciar para ocupar cargos en el Gobierno. Esto puede abrir una puerta giratoria que debilita el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la función de control político que a este último le compete. La segunda propuesta tiene que ver con la financiación de las campañas y los partidos. Transparencia por Colombia ha llamado la atención sobre retrocesos en el articulado en cuanto a la trazabilidad y el seguimiento de los recursos tanto públicos como privados, la omisión de la obligación para las organizaciones políticas y los candidatos de rendir cuentas sobre el origen, el monto y la destinación de los recursos de campaña, y el hecho de que en la financiación con recursos privados “no habrá lugar a que se configure el conflicto de intereses sobre un congresista individualmente considerado, de manera personal, particular y directa, en ejercicio de la representación legítima de sus electores”.
Faltan seis debates para que la reforma política sea aprobada. Hay aún tiempo suficiente para que los congresistas, en particular los miembros de la coalición de gobierno, le demuestren al país que sí es posible cambiar las costumbres políticas y que el interés general debe primar sobre los intereses particulares y las conveniencias políticas que dicta la coyuntura.
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