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Ante instancias internacionales o recurriendo a acciones de tutela, los abogados de los parapolíticos pretenden impedir que alrededor de 30 ex parlamentarios investigados por la Fiscalía por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa vuelvan a ser procesados por su juez natural, la Corte Suprema de Justicia. Según juristas consultados por este diario, el súbito cambio de jurisprudencia del alto tribunal no los mortifica, pero sí que rija de manera retroactiva.
En este escenario, los procesos parapolíticos caminan en un limbo jurídico que preocupa al seno del Legislativo, que tiene con los nervios alborotados a fiscales y jueces y no faltan las voces que digan que la medida de la Corte es tardía y tiene cierto tufillo político. Algunos analistas consultados por El Espectador le ponen nombre y apellido al cambio de jurisprudencia de la Corte: el ex senador Mario Uribe Escobar. Otros menos apocalípticos no ven sesgo alguno en la medida tomada por esa corporación, advierten que en la Fiscalía los expedientes andaban a paso de babosa y que los congresistas que presuntamente se aliaron con los ‘paras’ deben enfrentar las pesquisas de la Corte.
Ayer se conoció que un juez especializado decidió enviar al alto tribunal el proceso que le sigue al ex senador uribista Rubén Darío Quintero, llamado a juicio por sus presuntos pactos con alias El Alemán, así como el del ex gobernador de Sucre Salvador Arana. El lunes, otro juez había hecho lo propio con el ex congresista Ciro Ramírez. Y en esa vía muy seguramente serán devueltos los casos de otros verdaderos pesos pesados de la política que renunciaron al Congreso, como Luis Alberto Gil, Vicente Blel, Zulema Jattin, Álvaro Araújo, Luis Humberto Gómez Gallo, entre otros. Fuentes de la Corte le confirmaron a este diario que esta ‘devolución’ de expedientes se concretará en las próximas semanas.
El abogado Dagoberto Charry, defensor de Ciro Ramírez, manifestó que esta nueva jurisprudencia sólo puede operar del primero de septiembre en adelante, fecha en la que fue dada a conocer por la Corte. “De lo contrario rompería los principios de favorabilidad e irretroactividad de la ley, que tienen rango constitucional”, dijo. En esa línea se pronunció el abogado Iván Cancino, quien sostuvo que “lo ideal sería que los procesos continuaran su curso en donde están en la actualidad, pero la Corte consideró otra cosa y toca acatar el fallo”.
Entre tanto, el abogado Edwin Chávez, del pool de juristas que defienden a Mario Uribe Escobar, no descartó acudir a instancias internacionales como las Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta medida no sea retroactiva, porque se afectaría la seguridad jurídica de los procesados, y además, para que el Parlamento tenga una segunda instancia para sus procesos penales.
Más allá de la controversia suscitada, que no promete amainar pronto, la Sala Penal de la Corte dictó medidas de aseguramiento contra los políticos Édgar Eulises Torres, Odín Sánchez y Juan Pablo Sánchez.
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