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Las noticias recientes alrededor de uno de los casos judiciales más intrigantes del 2024 en Bogotá, deja sumido el proceso en un túnel oscuro. Un caso que no solo parte de la intempestiva y violenta muerte de Juan Felipe Rincón, de 21 años, (hijo de un general de la Policía), sino que también atraviesa unos complejos antecedentes, que involucran a una niña, de nueve años, y a una adolescente, de 15, cuyo papel parece cada vez más relevante.
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El último avance se dio a inicios de diciembre, en una dilatada audiencia de imputación contra quien, hasta ese momento, era el principal sospechoso de la muerte de Rincón. Se trata de Andrés Camilo Sotelo, de 20 años, a quien el juez dejó en libertad, tras analizar las evidencias, que determinaron que el procesado nunca disparó un arma, en el parque del barrio Quiroga, donde cayó muerto Rincón.
Pero en la mesa quedó otra línea por investigar: la presunta responsabilidad de Sotelo y otras personas cercanas a él, al provocar la muerte de Rincón en medio de una trampa que supuestamente se fraguó para extorsionar al hijo del general. Y ahí quedó todo para la opinión pública. Se espera el avance del proceso, en la que todas las cartas serían reveladas. Una etapa que se vislumbra opaca, debido a lo que sucedió en el transcurso de diciembre del 2024 y enero del presente año.
Bifurcaciones de un caso mediático
El caso dio mucho de qué hablar el año pasado ¿Qué hacía una menor de 15 años con un muchacho de 21, hijo de un general? ¿Es cierto que el joven sostuvo conversaciones íntimas con una niña de nueve? ¿Entramparon a Rincón para extorsionarlo, utilizando a estas menores? ¿Fue todo un hecho trágico que se desencadenó de manera desproporcionada? Estas preguntas quedaron en el aire, una vez se comprobó que, de las dos armas presentes en la escena, solo una disparaba: la del escolta de Juan Felipe.
Juan Felipe Criollo Figueroa es el abogado que representa al general William Rincón, padre de la víctima. En entrevista con este diario manifestó, el año pasado: “Más allá de que William Rincón sea un general, es un padre de familia que perdió a un hijo en hechos todavía en investigación. La petición que me ha hecho es encontrar la verdad, indistintamente de la persona o personas que hayan sido responsables”. Sobre la libertad de Sotelo, indicó: “respetamos la decisión del juez. Sin embargo, presentamos discrepancias”.
Y en ese camino, en diciembre, Criollo Figueroa y su equipo comenzaron a desenmarañar los hechos, alistándose para una siguiente etapa del proceso. No obstante, su participación se ha visto obstaculizada, dicen, por la Fiscalía. Por eso, enviaron un memorial de 10 páginas a la fiscal general Luz Adriana Camargo, en el que exponen lo que, para ellos, ha sido un proceso sin garantías. “Pese a que la representación de víctimas ha radicado solicitudes a la unidad encargada de esclarecer los hechos, la Fiscalía ha adoptado un papel pasivo, que ha imposibilitado arribar a la verdad”, señala el escrito.
Añade el memorial que “hay testigos que manifiestan su voluntad de esclarecer los hechos, aun sabiendo que están bajo amenazas, situación que conoce la Fiscalía”. La testigo a la que se refiere el abogado es la menor, de 15 años, con quien Juan Felipe pasó la noche previa a los hechos y la cual presentó como su novia ante su escolta. Esta joven sería una de las últimas en tener contacto directo con Rincón y, al parecer, conocería lo que hubo detrás de lo que pasó en el parque, donde asesinaron al hijo del general.
Estos reproches de la defensa se ven reforzados por otro hecho: el fiscal, que se encontraba comprometido con la investigación, “sorprendentemente” fue trasladado a mediados de diciembre y el despacho quedó sin titular hasta principios de enero, por lo que no se adelantaron actividades investigativas. Esto es relevante, ya que, durante este tiempo sin fiscal, la defensa recibió un mensaje, que cambiaría el rumbo del proceso: “Durante el lapso que el Despacho estuvo sin fiscal, nos contactó, por medio de WhatsApp, una persona que manifestó estar con la menor (quien había participado y presenciado los hechos) y que quería contar toda la verdad”, añade el memorial.
Ese contacto se habría dado el 23 de diciembre y abogado envió a un investigador.“Un video grabado por la menor S.V.B., en el que indicaba que Juan Felipe Rincón Morales había sido víctima de un supuesto plan para extorsionarlo; que ella había sido instrumentalizada, y que necesitaba protección para su familia, pues iba a contar quienes habían sido los partícipes de dicho plan y cómo se ejecutó”.
Como consecuencia, ese mismo 23 de diciembre le solicitaron a dos coordinadores de la Unidad de Vida de la Fiscalía, de nombre Fabiola Obando y a Jorge Sandoval, que se entrevistara con urgencia a la menor, de 15 años, para obtener su relato, el cual resultaba trascendental, y que se le brindaran las medidas de protección necesarias. “Como fundamento de lo anterior, se les trasladó el video en el que la menor relataba circunstancias graves y de importancia para la investigación”.
Aun con los videos en su poder, la Fiscalía no pudo o no tomó acciones. “La defensa optó por pedir a investigadores privados que entrevistaran a la persona que había escrito por WhatsApp y a la menor. Por un lado, quien cuidaba a la menor dijo que era evidente que la menor estaba en peligro y que esta quería contar la verdad, pero necesitaba protección de las autoridades”.
¿Y la testigo?
El caso continúa ramificándose y generando más inquietudes de las que se ventilaron en las primeras etapas del proceso. Y es que, en esta historia, la joven de 15 años es una voz fundamental. En primer lugar, porque la menor pasó la noche con la víctima y fue a quien llevó al barrio Quiroga, donde ocurrió todo. Segundo, porque la defensa de Rincón cree que ella puede confirmar que hubo un plan premeditado para atrapar al joven de 21 años.
Investigadores privados de la defensa de Rincón manifestaron que, a pesar de haber adelantado las diligencias necesarias y contar con el visto bueno para llevar a cabo la entrevista, “el centro de menores, dónde permanecía la joven, indicó que desde el 27 de enero desconoce su paradero, ya que esta salió de las instalaciones a una cita médica y se escapó”, dice el memorial de la defensa, conocido por El Espectador. Más grave aún, la defensa indicó que, de pasarle algo a la joven, que atente en su contra, esto sería clara responsabilidad de la Fiscalía”, ya que la muchacha manifestó previamente estar en peligro, concluye el memorial.
Por su parte, el ente acusador añadió: “La Fiscalía no ha recibido solicitud de protección por parte de la familia de la joven, el ICBF o un defensor de familia, instancias competentes para hacer este tipo de peticiones por tratarse de una menor de edad” Sobre el paradero incierto de la joven, la Fiscalía confirmó: “La menor de edad estaba a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Permanecía en un centro de atención integral de esa entidad, ubicado en Bogotá, del cual se evadió”.
Las solicitudes de la defensa
La solicitud es clara: que se adelanten los actos investigativos necesarios para dar con el paradero de la joven; verificar en qué circunstancias desapareció de escena, y si corre peligro. Luego, su papel en el proceso debe continuar. “No se explica cómo la Fiscalía, al tener en su poder una grabación en donde ella manifiesta estar en peligro y, adicionalmente, comunica su voluntad de contar toda la verdad, el ente acusador no haya sido capaz de tomar las medidas necesarias y desplegar las actividades de investigación para salvaguardar un elemento tan relevante que lograra el componente de verdad y justicia”.
Y sentenció: “Hoy la menor está expuesta en su propia integridad y vida. Adicional a ello, se desvanece la oportunidad de obtener la información que la menor iba a aportar. El abogado Criollo Figueroa, adicional, radicó una denuncia por la presunta comisión del delito de tortura, a la cual le fue asignado el número de radicado 110016000052202519631. “A pesar de esto, el proceso sigue en la Unidad de Intervención Temprana de Denuncias, sin asignarlo a un fiscal especializado”, relató al jurista.
Aún faltan pruebas por ventilar. Para este punto, la Fiscalía tiene dos caminos: el primero, solicitar una audiencia para acusar formalmente con un escrito de acusación a Andrés Camilo Sotelo por los delitos imputados e irse a un juicio. El segundo camino es precluir el caso. El Espectador intentó contactarse con la defensa de Andrés Camilo Sotelo, para conocer su versión sobre la menor, pero no obtuvo respuesta. Lo último que manifestó a este diario el defensor Saúl León es que no le temen a un juicio e, incluso, considera que el caso no tiene que acabar tan rápido en una preclusión, “debido a la gran connotación, un juicio, por más desgastante, puede garantizar el derecho de la bancada de las víctimas”.
Rafael Quintero, abogado penalista, analiza el escenario de juicio: “En el proceso penal sigue la etapa de juicio, donde el fiscal tendrá que reunir todas las pruebas y aportarlas en un escrito de acusación, donde formalmente el señor Sotelo sería vinculado al proceso penal en carácter de acusado, pero en libertad. Allí tendrán que estar también en una audiencia preparatoria, donde se deben presentar todas las pruebas y es la oportunidad de la defensa para aportar dictámenes periciales, psicológicos, médicos, investigadores de campo, testigos y fortalecer su teoría del caso. Los cargos siguen siendo los mismos: homicidio agravado y porte de armas, a menos de que lleguen a un preacuerdo la defensa y Fiscalía para modificar la adecuación de las conductas típicas. Pero seguramente terminara en el juicio oral todo”, señaló a este diario.
*La identidad de la menor de edad mencionada es protegido para la garantía de sus derechos como lo dicta la Ley.
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Por Juan Camilo Parra
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