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En respuesta a la denuncia presentada por un ciudadano, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió abrir investigación preliminar contra los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para establecer si existe responsabilidad de los altos funcionarios judiciales, por acción u omisión, en el denominado expediente de la presunta red de corrupción en el organismo, que desde hace cuatro años tiene procesos abiertos en la Procuraduría y en la Fiscalía General de la Nación.
El Espectador estableció que durante la última semana de noviembre de 2010 y antes de que acabara el período legislativo, fue radicada la denuncia ante el Congreso, en razón de los pocos avances de la investigación, que inicialmente apunta a demostrar que, con ramificaciones en el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Congreso, la Registraduría y el DAS, entre otros organismos oficiales, venía operando una red de tráfico de influencias y negocios ilícitos con distintos expedientes judiciales.
Como lo informó este diario en su edición del pasado 3 de octubre, este expediente surgió de manera fortuita en 2006, cuando la Fiscalía investigaba al narcotraficante Manuel Salazar Espinosa, extraditado y hoy condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, y detectó una conversación con su abogado en la cual hablaban de arreglar un proceso en el Consejo de Estado. Desde ese momento y durante tres años, fueron interceptadas las líneas telefónicas de varios funcionarios del organismo con decenas de conversaciones sobre múltiples temas judiciales.
Fueron al menos 30.000 llamadas telefónicas que, inicialmente, en noviembre de 2009, llevaron al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá a condenar por el delito de concusión a Carlos Arturo Fernández Trujillo, un abogado que ingresó al Consejo de Estado en febrero de 1995 como citador y para la época de las investigaciones ya se desempeñaba como auxiliar judicial en la Secretaría de la Sección Quinta del máximo tribunal. A Fernández Trujillo se le probó que recibió dinero por realizar trámites indebidos en un proceso.
El expediente también llegó a la Procuraduría, más exactamente a las manos de la entonces procuradora delegada para la vigilancia judicial, Ana María Garzón, quien el 7 de diciembre de 2009 formuló pliego de cargos contra cinco funcionarios, entre ellos el citado Carlos Arturo Fernández, atribuyéndoles, entre otras posibles conductas, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias, concusión y cohecho propio. Incluso se llegó a compulsar copias para que la Fiscalía abriera nuevas pesquisas.
Sin embargo, a dicho pliego de cargos la delegada anexó un organigrama con más de 100 contactos, con fechas y nombres de gobernadores, magistrados, exmagistrados, procuradores, alcaldes, congresistas, abogados, políticos o servidores judiciales, de una u otra manera vinculados por amistad o negocios con los cinco investigados: el auxiliar Fernández, el magistrado auxiliar Mayfren Padilla, el escribiente Edilberto Samuel Casas, el secretario Virgilio Almanza y la funcionaria de la Procuraduría Esmeralda Muñoz.
Los alcances del pliego de cargos y la inclusión del organigrama causaron tal roncha en la Procuraduría, que el 12 de febrero de 2010, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, decidió reasignar el proceso, quedando en manos de la procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, María Eugenia Carreño. La abogada Ana María Garzón fue declarada insubsistente un mes más tarde. El polémico pliego de cargos fue anulado el 6 de abril de 2010.
La investigación se rehizo y el pasado 7 de diciembre volvió a cobrar forma el pliego de cargos en una providencia de 158 páginas, en la cual una vez más los cinco investigados quedan conminados a explicar sus conductas, pero ya no con las mismas faltas imputadas en el primer pliego de cargos. Ahora deben responder por violación de la reserva legal o divulgación de secretos en casos de investigaciones judiciales y, en el caso de Padilla, también por omitir información respecto a una variación significativa de su patrimonio económico.
En contraste, se dispuso compulsar copias a distintos organismos para que, por separado, se investiguen presuntas irregularidades, entre ellas negociación de procesos, donde están mencionados alcaldes de Maicao, Sogamoso, Uribia, Valledupar; concejales de Montería; gobernadores de Córdoba y La Guajira y diputados de este último departamento. Como quiera que el nombre del ex procurador Wilson Ruiz apareció mencionado en varias conversaciones, se ordenó que otra dependencia de la Procuraduría empiece a investigarlo.
Mientras estas nuevas investigaciones toman rumbo, por ahora a la Fiscalía y la Procuraduría entra a sumarse la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que no sólo dispuso averiguar si, por acción u omisión, se detecta alguna irregularidad de los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado en la llamada red de corrupción, sino también, como lo solicitó el denunciante, si en el Ministerio Público no se quiso investigar a fondo el caso porque su titular fue precisamente miembro del máximo tribunal contencioso administrativo.
El Espectador estableció que la denuncia ya fue repartida y deberá ser asumida por el representante investigador Augusto Posada, del Partido de la U. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, competente para investigar a los magistrados de las altas cortes, solicitará además copias del expediente y todas las horas de grabación que, entre 2006 y 2010, recopiló la Fiscalía, con material que presuntamente direccionaba conversaciones sobre asuntos judiciales entramados con actividades políticas.
En la actualidad, la Sección Quinta del Consejo de Estado está integrada por los magistrados María Nohemí Hernández Pinzón, Susana Buitrago Valencia, Mauricio Torres Cuervo y Filemón Jiménez Ochoa. Precisamente, a raíz de las publicaciones de este diario sobre el polémico expediente, en su edición del 10 de octubre, El Espectador habló con tres de los magistrados, quienes rechazaron cualquier vinculación con el caso, al tiempo que reclamaron a la Fiscalía una pronta solución para evitar suspicacias e injusticias.
En particular, el magistrado Filemón Jiménez manifestó a este diario que cuando la prensa empezó a hablar de la supuesta red de corrupción en el Consejo de Estado, él era el presidente de la Sección Quinta y le pidió al procurador que investigara. A su vez, el magistrado Mauricio Torres admitió que en este caso la actuación de la justicia ha sido tardía y lamentó que se les quisiera poner en entredicho por supuestos vínculos telefónicos incluidos en un organigrama de un pliego de cargos que fue anulado por la Procuraduría General.
Por lo pronto, se abre un nuevo capítulo en el escándalo de la presunta red de corrupción del Consejo de Estado, que llegó a presentarse a mediados de 2006 como un grave episodio que demostraba la existencia de una compleja organización que negociaba con expedientes o cuadraba decisiones por altas sumas de dinero, y por ahora sólo se concreta en la captura en flagrancia y posterior sentencia anticipada del fiscal Romel Polanco y la condena de 48 meses de prisión de Carlos Arturo Fernández.
