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Varias sedes de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), recientemente liquidada, fueron intervenidas por un comité de la Procuraduría para investigar la crítica situación denunciada por más de 10 mil usuarios, afectados por las demoras en la entrega de pensiones.
Durante la inspección se revisó la base de datos de la entidad y se hizo auditoría a los documentos que podrían demostrar las irregularidades que llevaron al proceso de liquidación de Cajanal.
Basado en ese informe, el Ministerio Público podrá adoptar decisiones que pueden ir hasta sanciones disciplinarias.
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, manifestó que se realizará un esfuerzo para garantizar la entrega de las mesadas. Para ello, se creó el Comité Técnico de Seguimiento Pensional del Instituto de los Seguros Sociales y Cajanal.
En Bogotá, las diligencias fueron lideradas por la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda; la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Cristina Gruesso y la Directora Nacional de Investigaciones Especiales, Alexandra Valencia, con personal especializado.
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