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Estamos en tal punto de crispación en el proceso de paz que no deja de ser paradójico que uno encuentre razonable el pacto propuesto por el procurador para blindar los diálogos.
Sabida de antemano la intención electorera y oportunista de Ordóñez (plagada de perogrulladas, como esa de que más importante que la firma de un acuerdo en La Habana es que se cumpla), hay que rescatar su propuesta de diálogo institucional sin que ello signifique llamado al unanimismo.
El proceso requiere, ahora más que nunca, un entorno crítico y fiscalizador de cada punto acordado, y ahí es donde es necesaria una oposición firme pero cuerda.
No obstante, llamar oposición a la andanada de sabotajes, boicots y palos en la rueda como la silbatina al mininterior en el foro de víctimas de las Farc, las pseudonoticias de orden público, las falsas capitulaciones de Santos y los tuits incandescentes de Uribe no son más que falacias que les sirven de mascarada a quienes desde el autodenominado Centro Democrático quieren hacer de la paz su propio Halloween. Una cosa es que las víctimas de la guerrilla tengan todo el derecho a exigir participación en las políticas que se discuten o disientan de las propuestas del Gobierno, y otra muy distinta que a nombre de movimientos nebulosos pretendan no dejarlo siquiera hablar.
A medida que el proceso gana en seriedad y consistencia, sus enemigos —por celos y falta de protagonismo— se atrincheran en los instintos primarios que genera el sabotaje ramplón, ya no para controvertir sino para desprestigiar, deslegitimar y hacer perder credibilidad en los diálogos de La Habana.
Es cierto que el desafío más sensible de Santos tiene que ver con la visibilidad y los derechos de seis millones y medio de víctimas de esta violencia estúpida, pero le compete también no dejarlos caer en las garras del odio por el odio, el último reducto de quienes fueron incapaces de construir su propia paz.
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