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Al final, pasó lo que tenía que pasar: Liz Truss renunció al cargo de primera ministra del Reino Unido después de apenas 45 días en el poder.
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Sin embargo, en mes y medio, la ahora exprimera ministra logró restarle valor de la libra esterlina, recibir regaños por parte del FMI y ahuyentar inversionistas en medio de una crisis de inflación que tiene por la garganta a prácticamente todo el mundo (con la notable excepción de China).
Y en el centro de esta crisis política se encuentra una reforma económica, con cargas de profundidad en materia de impuestos.
Una de las propuestas más impopulares impulsadas por Truss (y su entonces ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng) consistía en un recorte en el impuesto de renta, así como la abolición más elevada de la tasa de ese tributo (45 %), que aplicaba justamente para las porciones más adineradas de la sociedad británica.
Esta previsión fue la primera en ser desmontada luego de perder apoyo popular y de recibir duras críticas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su momento, el FMI aseguró que “dadas las elevadas presiones inflacionarias en muchos países, incluido el Reino Unido, no recomendamos paquetes fiscales grandes y sin objetivos específicos en este momento, ya que es importante que la política fiscal no se contraponga a la política monetaria. Además, la naturaleza de las medidas del Reino Unido probablemente aumentará la desigualdad”.
El plan de recortes de impuestos de Truss era el más agresivo presentado en los últimos 50 años y, entre tributos recortados y ayudas ofrecidas por el Estado, habría costado unos 45.000 millones de libras.
Lo problemático aquí es que, de la mano de este paquete de reforma económica, el gobierno de Truss no produjo una fórmula convincente para explicarle a los mercados cómo podría seguir honrando sus deudas, a la vez que buscaba un menor recaudo y extendía ayudas para intentar impulsar la economía del Reino Unido.
En su momento, esto generó una desbandada de inversionistas en bonos de deuda. Tanto así que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en este mercado para intentar estabilizar un poco el barco.
Las acciones del gobierno de Truss también hicieron que Moody’s, una de las principales firmas calificadoras de riesgo en el mundo, emitiera una advertencia en el sentido que el grado de inversión del Reino Unido podría verse rebajado si el paquete económico continuaba adelante.
Manejar en reversa
Después de la salida de Kwarteng, el nuevo responsable de las finanzas británicas (Jeremy Hunt) prácticamente dio reversa total a las propuestas que había impulsado Truss: eliminó los recortes de impuestos y las ayudas a las facturas de energía de los hogares para restablecer el orden en las finanzas públicas.
Del plan inicial, la estrategia de Hunt elimina los 45.000 millones de libras que habría costado el plan de Truss, a la vez que presentó un plan de ahorro por unos 32.000 millones de libras. Esta cifra, sin embargo, se queda corta frente a los 70.000 millones que, se calcula, necesitan las finanzas británicas para recuperar su credibilidad frente a los inversionistas.
“Me temo que habrá decisiones más difíciles, tanto en impuestos como en gastos, mientras cumplimos nuestro compromiso de reducir la deuda como proporción de la economía en el mediano plazo”, dijo Hunt en su momento, y agregó que la prioridad será proteger “a los más vulnerables”.
Impuestos, impuestos, impuestos
Al igual que sucede en muchos otros países, Colombia incluido, las presiones inflacionarias están haciendo estragos en la economía británica.
Recortar recaudo, a la vez que se haría con gasto público, podría darle más impulso al crecimiento en los precios, algo que siempre termina por golpear a los más vulnerables de cualquier economía.
Y el terror de la inflación se vuelve un poco más grande justo en momentos en los que hay temores por el suministro energético de cara al invierno en el Norte del planeta.
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Y en la mitad de todo lo que hay es una discusión sobre las prioridades tributaria del país, una discusión que, claro, siempre es de gran calado, pero que toma mayor fuerza en momentos en los que soplan vientos de recesión en varias de las principales economías globales.
Por lo general, toda discusión sobre impuestos suele ser complicada y, políticamente hablando, incómoda.
También, por lo general, suelen ser conversaciones que conciernen a una porción de los gobiernos y a los legisladores: los impuestos no son un tema, por demás, de discusión diaria entre la sociedad, aunque sus impactos sí se sienten a lo largo y ancho de un país.
Lo que sucede en Inglaterra muestra, de cierta forma, que las discusiones tributarias parecieran comenzar a ser asuntos más populares (en atención y alcance) de lo que han sido hasta el momento.
Si bien la renuncia de Truss no tiene un movimiento social de protesta detrás, las críticas generalizadas sí revelan un poco que la base de interés por el tema trasciende las oficinas gubernamentales.
En otra escala, claramente, habría que recordar acá el caso de la abortada reforma tributaria que impulsó en su momento Alberto Carrasquilla, quien se desempeñaba como ministro de Hacienda del expresidente Iván Duque (hoy es uno de los codirectores del Banco de la República).
Su propuesta, que incluía ampliar la base gravable del IVA y tocar la canasta familiar (aunque también proponía devolución de este tributo para estratos 1 y 2), fue la chispa que encendió un estallido social que desnudó un escenario de inconformismo y deudas sociales justo en medio de una de las peores crisis sociales y económicas, cortesía del covid-19.
De fondo, en ambos casos, lo que hay son debates sobre cómo los impuestos son herramientas no sólo de financiación pública, sino de redistribución de la riqueza.
Y este cambio en el enfoque de la discusión resulta refrescante, por decir lo menos, pues va más allá del panorama fiscal para abordar cosas como la progesividad y la justicia tributaria.
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