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¿Qué ha pasado con la plata que saquearon en la UNGRD?
Hay distintos procesos y distintos contratos, pero hay una figura muy particular y son los FIC, que son los Fondos de Inversión Colectiva. Eso es un mecanismo que la Unidad tiene y no es exactamente un contrato. La Unidad es la coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y tiene dentro de sus capacidades la posibilidad de darles recursos a otros actores del sistema. Por ejemplo, nosotros podríamos de nuestros recursos que están en el fondo darle dinero a una gobernación, a un municipio, a una CAR, a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Civil, a los bomberos. Eso lo permite la ley. Lo que hicieron estos bandidos es que, cuando se vieron fuera, empezaron a firmar unos Fondos de Inversión Colectiva multimillonarios dirigidos a los gobiernos donde tenían a sus aliados políticos.
¿Tiene un estimado de cuánta plata se habría perdido por esa vía?
Pues son como unos cheques dirigidos a corporaciones autónomas y a municipios por cerca de $600.000 mil millones. Estamos hablando de varios municipios en Santander, La Guajira y también de un par de corporaciones en el centro y hay otros en Antioquia.
¿Han logrado recuperar algo de esos recursos?
Hemos llegado a algunos acuerdos. Con el alcalde de Girón habíamos hablado, habíamos llegado verbalmente con la oficina jurídica al acuerdo de que se revocara eso de mutuo acuerdo. Es que si las dos partes deciden liquidarlo, pues no hay ningún problema. Pero luego desapareció. Entonces, por eso tuvimos que demandar nuestro propio acto. En otro caso en Antioquia las negociaciones fueron largas, difíciles, porque decían que no cometieron ninguna ilegalidad pero pues es algo extraño que una corporación autónoma regional, una subdirección le entregue el 65 %, casi 70 %, de su presupuesto en un solo giro; eso no es normal. Y que además ese giro se haga en las últimas horas antes de que Sneyder Pinilla tenga que salir corriendo de la Unidad.
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¿Pero hubo o no acuerdos?
Finalmente, esas corporaciones autónomas aceptaron firmar la terminación por mutuo acuerdo, pero el municipio de Girón desapareció y tuvimos que demandar nuestro propio acto administrativo, lo cual es extraño, pero teníamos que hacerlo. Casi que demandarnos a nosotros mismos. Claro que el tribunal nos dio la razón.
¿Cuánta plata hay comprometida en Uribia y, en general, qué está pasando en La Guajira?
Uribia es gigante, es un municipio gigantesco que además está repleto de diversidad. El alcalde de Uribia es el rey de La Guajira. Entonces, yo sí creo que vale la pena empezar a abrir una discusión política interesante sobre la división político-administrativa de La Guajira. Quizás Uribia debería reducirse en tamaño, quizás deberían nacer nuevos municipios. Pero hay complejidades políticas que hacen que todo sea muy difícil, al punto que este señor alcalde nos entuteló para que le soltemos la plata, y pues obvio yo tendré que acatar un fallo de la justicia porque es mi obligación; si no, me iré a la cárcel. Pero si dependiera de mi voluntad, yo no le entregaría esa plata: son $231.000 millones supuestamente para un acueducto cuando ni siquiera hay proyecto.
¿Esa plata se va a perder en un posible caso de corrupción?
Yo no puedo afirmar eso categóricamente porque no soy fiscal, pero pues cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Yo no puedo afirmar que eso vaya a terminar en manos de corruptos, pero sí puedo decir que Pinilla y Olmedo López son los bandidos, porque ya lo confesaron. Otro ejemplo: cómo es que la Unidad le manda $180.000 millones a Girón, que es un municipio que tiene capacidad de recaudo mientras que a tantos otros, de quinta o sexta categoría, no les dan ni para una olla comunitaria. Eso no tiene sentido.
¿En qué va todo el escándalo de los carrotanques con el que estalló el caso de la UNGRD?
El escándalo de los carrotanques es particularmente doloroso para el país, porque se da en La Guajira y tiene que ver con algo tan delicado como es el agua, que es la mayor falencia. Es una cosa inaceptable que nos debería avergonzar como sociedad. La pregunta que queda es: ¿con quién se robaron la plata? No creo que dos personas, y se lo digo yo que soy el director general de la Unidad, puedan echar a andar solos semejante aparato criminal. Ahí tiene que haber mucha más gente y ojalá la Fiscalía y la Corte Suprema y quien tenga que investigar esto lleguen al fondo. En la medida en que esas investigaciones avancen, tengo la seguridad de que van a aparecer más cosas.
Usted había anunciado una reestructuración de la UNGRD, ¿ya la comenzó?
Esa reestructuración está un poco congelada, porque es una decisión presidencial. El presidente lo ha dicho, él ha hablado públicamente de la reestructuración, pero es él quien tiene que tomar una decisión de fondo. Eso es algo que no puedo hacer yo. El presidente tiene la capacidad sin pasar por el Congreso, sino por decreto, para liquidar, fusionar o reestructurar entidades. Pero hay un asunto y es que la Ley 1523, que es la que le da forma al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y para modificar el sistema habría que modificar esa ley.
Pero usted puso sobre la mesa también la liquidación de la entidad. ¿Esa idea sigue sonando?
La idea está sobre la mesa y existe dentro de las facultades presidenciales. El presidente podría liquidar una entidad si lo quisiera, pero no lo ha dicho. Yo no soy amigo de la idea de la liquidación. Con todos sus problemas, con el lamentable saqueo que hubo, la unidad y el sistema le han dado al país unas capacidades que antes de su existencia no tenía. Y eso hay que reconocerlo.
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El contratista que salió salpicado con el escándalo de los carrotanques, Luis Eduardo López, a quien le dicen “el pastuso”, dijo que todo lo logró con contactos en la Unidad. ¿Siguen adentro?
Dicen que fue el asesor jurídico de Olmedo, otro pastuso. Pero es imposible hacer una purga completa, porque, pues, ¿cómo sabe uno quién es quién? A medida que va pasando el tiempo, es evidente que hay personas que no deben seguir en la entidad. Y yo he hecho todo lo posible para que se vayan. Aunque hay un problema y es que los que son de planta o provisionales, que no son de libre nombramiento y remoción, pues no se pueden simplemente echar; hay que garantizarles un debido proceso y, por supuesto, que eso lo estamos haciendo. En el caso de los contratistas también hay un problema, porque dejan unos contratos muy cerrados, que en algunos casos no permiten una terminación unilateral. Ahí hemos tenido que empezar a explorar fórmulas jurídicas para darles terminación anticipada a esos contratos. Hubo mucho ruido sobre los $25 millones que le pagaban al pastor Saade, pero hay muchos contratos como ese.
¿Por qué es tan complejo tener la trazabilidad de los contratos que firma la Unidad?
Lo primero que hay que hacer es actualizar los sistemas de gestión documental. Hay demoras. Además, la Unidad no contrata con las personas, sino que ordena el gasto y la fiduciaria es la que contrata, porque es un contrato entre privados y se hace sin acogerse a la Ley 80 de contratación pública. Después al contratista le toca sacar las pólizas y otras cosas. Un contrato en la Unidad por lo menos se demora dos meses. Entonces, contratar a los equipos que se necesitan para empezar a echar a andar procesos como la actualización de gestión documental ha sido una pesadilla, pero lo vamos a hacer. La Unidad tiene muy mala fama, que porque no paga. Y no paga por muchas razones, no porque no tenga la plata.
¿Qué lleva a que no pague si ahí está el dinero?
Hay enquistado un germen de corrupción que busca sacar tajada. Entonces, esta nueva dirección le ofrece a esa clase empresarial honesta garantías para que trabajen con nosotros, porque sin ellos no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, para atender el fenómeno de La Niña el Estado no tiene la capacidad instalada; yo utilizo a los ingenieros militares todo lo que puedo, siempre será mi prioridad darles los contratos y que sean operadores públicos los que garanticen la prestación de los servicios. Pero la capacidad hoy no está.
¿Cuál es la radiografía que usted encontró en la entidad cuando llegó?
Hay una cosa sorprendente y es la gestión documental. Muchas cosas están en papel, en cajas que nadie sabe ni siquiera dónde están. Justo después de que pasan las elecciones del 2022, cuando se sabe que Gustavo Petro será el próximo presidente del país, se firmó un contrato para digitalización y actualización no sé qué documental. Y sale todo el archivo de la entidad al final del gobierno de Iván Duque. El archivo físico de la entidad se le entrega a un contratista, ese contrato falla y después vuelven menos cajas de las que salieron.
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¿La entidad está o no preparada para enfrentar el fenómeno de La Niña?
La entidad tiene unas capacidades grandes y la ley, además, le da al sistema unas capacidades muy importantes. Pero hacer una pregunta categórica de si el país está preparado o no, pues la respuesta es no. El país no está preparado. El riesgo no se da porque la naturaleza haga las cosas mal o la naturaleza sea perversa o haya un dios castigador que quiera destruir. No. El riesgo se da porque ocupamos mal el territorio.
¿Hay un presupuesto para el fenómeno de la niña?
Podemos hablar de un escenario hipotético, incluso más catastrófico o en algo comparable con el 2011, que implicaría unas pérdidas cercanas a los $20 billones de pesos. Pero lo grave son las vidas que se pueden perder.
¿Qué está pasando en La Mojana y con el contrato de Caregato?
Ese contrato es muy complejo. Para empezar, tiene que ser firmado en contravía de la orientación del presidente. Desde que el presidente era alcalde de Bogotá ha venido hablando de ordenar el territorio alrededor del agua, de un respeto por la naturaleza. El primer director de la Unidad, Javier Pava, que en mi opinión es una persona con todas las capacidades, recorrido y de nuestro proyecto político, estaba absolutamente en contra de esa obra y tenía otros planes. Pero desde la ruptura de 2021, La Mojana ha estado inundada y eso tiene consecuencias gravísimas para la población. Pero la decisión del señor Olmedo López fue gastarse $130.000 millones en hacer un dique y ponerle una pared al río. Y eso ha salido tan mal que hoy el contratista ni siquiera ha sido capaz de poder reparar algo, y el 6 de mayo el dique se volvió a romper; se abrió un boquete de 100 metros.
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Por David Efrén Ortega
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