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La tierra, lo que en esta se produce y quién es el dueño han sido asuntos centrales y conflictivos en Colombia, desde antaño. Las desigualdades en esta materia han hecho que durante casi un siglo el país esté hablando de reforma agraria. Pero, ¿qué es lo que hace que este asunto sea tan importante? Le contamos qué está haciendo y cómo va el proyecto de redistribución de tierras del Gobierno.
Para empezar, el problema de la tenencia de la tierra en Colombia es evidenciado por los datos, puesto que el coeficiente de Gini es de 0,86, según cifras de 2018 del Ministerio de Agricultura (cuanto más cercano a 1 sea este valor mayor desigualdad). Esto lo hace uno de los países más desiguales en este aspecto.
“Somos el segundo país en Latinoamérica que tienen los mayores niveles de desigualdad en la tierra, que es causa de muchas de las inequidades para con la población rural. Si no se resuelve el problema de la tierra, no se resuelven los problemas y los conflictos armados en Colombia y a eso contribuiría enormemente la reforma agraria”, asegura Gabriel Tobón, profesor e investigador de la Universidad Javeriana.
Y es que los expertos coinciden en que solucionar esa desigualdad esa es la razón principal por la que es importante que en el país se haga una reforma agraria en este momento.
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Integralidad para combatir desigualdad y brechas
Ana Jimena Bautista, investigadora de Dejusticia, añade que hay estudios que demuestran que dicho panorama en el acceso a la tierra se relaciona con “la desigualdad socioeconómica. La consecuencia es que especialmente los campesinos y población étnica son quienes están en una mayor situación de pobreza y necesidades básicas insatisfechas”.
Por eso también se espera que la reforma ayude a “reducir las brechas regionales del país, ver al sector del agro como un motor de desarrollo, equidad y reducción de pobreza. Hay que diversificar la economía del país y retomar vocaciones productivas del país”, expresa Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.
En este punto coincide la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pues consideran que es hora de que el país le cumpla al campo y supere el abandono histórico en el que ha estado. “Eso significa que llegue la tierra junto con el crédito, las carreteras, un régimen laboral para el campo, incentivos para que se motive los jóvenes a regresar a él. Hay que generar las condiciones habilitantes para que el campo sea rentable”, dice su presidente, Jorge Bedoya.
Son muchas las necesidades que tienen los productores y habitantes de las zonas rurales. Por eso reclaman una reforma integral que vaya más allá de temas de tierra y que cumpla con el punto número uno del Acuerdo de Paz. En este punto ha sido enfática la ministra de Agricultura, Cecilia López, puesto que ha dicho que apoyarán a los campesinos para que creen sus proyectos productivos y haya desarrollo rural.
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Un principio “ambicioso”
Tanto la ministra López como el presidente Gustavo Petro han sido enfáticos en que la reforma ya está en marcha.
Para María del Pilar López, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, este inicio ha sido bastante ambicioso. “Es ambiciosa en magnitud y tiempo, las reformas anteriores han durado unos ocho a 10 años, esta plantea en un periodo de cuatro cambiar completamente distribución en temas de costos, sobre todo en compra de tierras”, afirma.
La actual reforma agraria se compone de cuatro elementos, de los que comenzaron a funcionar tres. El primero consiste en la legalización de masiva de 681.000 hectáreas. “Se están titulando y repartiendo los títulos en todo el país”, dijo Cecilia López. Los primeros de estos se entregaron a la población rural del Cauca el pasado jueves 13 de octubre.
El segundo tiene que ver con los bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “En cerca de un mes se van a entregar aproximadamente 125.000 hectáreas que cambian de arrendatario a los grupos de campesinos, familias productoras indígenas y afrodescendientes”, resaltó la ministra.
Sobre los dos primeros puntos Bautista considera que, aunque tienen que ver con política de tierras, no son necesariamente parte de la reforma agraria. En el primer caso, según ella, se trataba de una formalización de baldíos y el segundo es un asunto de arrendamiento.
Como en ninguno de los casos había acceso a la tierra, esto “no encaja en lo redistributivo, entonces no sería propiamente parte de la reforma agraria. Aunque son importantes en cuanto a reconocimiento de derechos”, agrega Bautista.
Vea: La tierra, sus disputas y productividad: así está el panorama.
El factor de redistribución
El tercer elemento es el más reciente. Empezó a ser una realidad con el acuerdo de compra y venta de tres millones de hectáreas entre el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
El objetivo es que esa tierra sea fértil y de calidad. Se comprará a precio de mercado luego de una evaluación de diferentes entidades del Estado que darán los topes máximos y mínimos de su valor. El precio dependerá de esto y de la oferta que hagan los ganaderos.
“El acuerdo con Fedegan demuestra hasta qué punto está decidido el gobierno para comprar tierras de manera negociada. Es un camino interesante, pero hay que ver cómo se desarrolla porque el campo está sensible con el incumplimiento del Acuerdo de Paz”, analiza Carlos Duarte, profesor de la Universidad Javeriana de Cali.
Otro punto importante de la compra de predios es el valor que tendrá. Petro estima que el costo total de los tres millones de hectáreas será de $60 billones. Todavía no se sabe de dónde saldrá ese dinero ni cómo se va a financiar. Ese es el punto que más preocupa a los expertos y analistas.
En principio se dijo que se financiaría con bonos de deuda pública, pero el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue enfático al decir que eso no se puede hacer y que “no está autorizado”.
Lea: Compra de tierras: claves y dudas que deja el acuerdo entre el Gobierno y Fedegán.
De baldíos y perspectivas
Finalmente, el cuarto componente es sobre los baldíos. Este aún no ha empezado porque el Gobierno está esperando la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema. Mientras tanto, permanece la deuda histórica del Estado de saber cuáles son estos terrenos y recuperar los que fueron entregados irregularmente a particulares.
Frente a esto, Bautista opina que esperar el fallo “es un error porque apenas se conoció el comunicado empieza a correr el término que dio la corte para su cumplimiento”.
Y es que no solo es importante que el Estado recupere dichos predios, también es relevante que conozca cuáles son los baldíos que tiene y dónde están ubicados. Esa es una deuda que ha ido pasando de gobierno en gobierno.
En conclusión, dentro de los cuatro elementos los expertos reiteran la urgencia de que el Gobierno le ayude a los campesinos a que produzcan en a tierra que se les asigne y que su actividad sea rentable para que después no tengan que abandonar sus predios. “Esta es una parte muy importante que no está suficientemente contemplada y que aumentará la necesidad de recursos económicos”, indica Tobón.
Aunque todos los puntos son importantes, Arturo García, socio de Econometría Consultores, considera que el Gobierno va en la dirección correcta con la reforma, aunque le preocupa que “están trabajando en demasiados frentes y corren el riesgo de no hacer mucho por no tener la capacidad. Hacer todas las cosas al tiempo es imposible”.
Si bien el Gobierno ha sido claro respecto a qué va a hacer, todavía hay muchas preguntas en cuanto a la implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes (especialmente los dos últimos). Por ahora, el gremio de los agricultores y los expertos tienen la expectativa al máximo y son optimistas con el camino que empieza a recorrer esta reforma agraria.
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