Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Con sus declaraciones y requisiciones acerca de los viajes del jefe de las FARC a La Habana, el procurador aviva un pulso que no es institucional ni jurídico. Es claramente político y de opinión.
Si de buscar pretextos o normas para cuestionar el desempeño de los funcionarios o de cualquier persona se tratara, siempre habría una a mano, como en botica. En este caso, sin embargo, se trata de la convivencia y la Paz, bienes de alto valor para los colombianos cuya resolución, debe reconocerse, aun polariza a sectores de opinión.
Es sabido que quienes representan a las FARC como negociadores tienen deudas con la legislación penal. Recordarlo después de dos años, más que un cuestionamiento es una de las razones por las cuales estamos sentados en la mesa. ¿Tendrá algo de raro que su jefe, en plena negociación, intercambie conceptos con sus “delegados”. Para el proceso debería ser mejor en cuanto los acuerdos no estarán sujetos a más dilataciones al interior de esa organización.
El fuero presidencial para liderar el proceso no se encuentra en discusión y mucho menos las diferencias entre las diferentes ramas del poder que deben trabajar armoniosamente pero con independencia. La capacidad del gobierno para conseguir la Paz está reglada por la Constitución y la Ley como también lo están las funciones de la procuraduría. Por otra parte, el presidente recibió un mandato preciso y mayoritario de la ciudadanía en las pasadas elecciones.
Pero tampoco debemos extrañarnos por la posición del procurador, que coincide con otras expresadas a lo largo del tiempo, tratando de recoger el sentir de una “derecha” que, debe decirse, en Colombia no tiene ni ha tenido arraigo popular, salvo por los efectos en la opinión de la violencia y el conflicto armado que estamos tratando de finalizar.
La probada intención de conseguir la Paz en el gobierno del presidente Uribe, recordada por diferentes medios y opinadores la semana anterior, descarta que la actitud frente al proceso sea de principios, lo cual tiene tanto de largo como de ancho: no es, para el sector que quieren representar ex presidente y procurador, un asunto fundamental al cual deban “oponerse a perpetuidad”, pero, por otra parte, sí está siendo usado para alimentar el pulso político que mantiene con el gobierno.
Y eso a la vez que genera incomodidades y funciona en la práctica como “palos” atravesados en las ruedas de la negociación, hace parte de un debate público que debe surtirse ahora y cuyo punto culminante debe ser la refrendación o no de los acuerdos por parte de la ciudadanía. Sería absurdo que confrontáramos ideas, sobre lo que debe hacerse ahora, después.
Claro que los límites de este debate al que estamos asistiendo a la par con las conversaciones de La Habana, los va a definir en gran parte, el resultado palpable de los diálogos tanto como sus tiempos: a la opinión le puede parecer que las FARC están otra vez mamando gallo y que la cosa se está alargando demasiado, cosa que quita puntos y debilita la posición del gobierno en la política del día a día, situación que trata de ser aprovechada por su oposición.
Pero lo que ahora ocurre, incluyendo la manera como se ha desvirtuado la tesis de que se habrían acordado cosas por fuera de la Constitución, tiene de positivo que nos acercamos al consenso real sobre la Paz como un asunto de Estado que compromete y conviene a todos los sectores: Agota la discusión jurídica y política y “aclimata” una eventual refrendación de los acuerdos. Vale.
@herejesyluis
Conoce más