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El viernes 4 de septiembre de 1970, el pueblo chileno fue a las urnas. Había llegado el día de elegir un nuevo dirigente. Tenían tres opciones: Jorge Alessandri, quien ya había sido presidente entre 1958 y 1964; Radomiro Tomic, exembajador y excongresista, y Salvador Allende, un viejo conocido de las contiendas electorales pues ya había sido senador y candidato presidencial en tres oportunidades. La cuarta fue la vencida para Allende, quien ese viernes obtuvo el 36,6 % de los votos, que anunciaron su triunfo y posterior llegada al Palacio de La Moneda. Tras la victoria, pronunció un discurso para su pueblo.
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“Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo”, fueron algunas de sus palabras. En términos económicos, durante el primer año de gobierno parecía que ese progreso se estaba materializando.
Para 1971, de acuerdo con José C. Valenzuela Feijóo y su texto titulado El gobierno de Allende: aspectos económicos, el PIB global e industrial de Chile tuvo un crecimiento sorprendente: el primero fue de 8,3 % y el segundo de 14,6 %. La tasa de desempleo pasó de 8,3 % en diciembre de 1970 a 3,9 % durante los dos años posteriores. El Gobierno de la Unidad Popular recibió una inflación de 34,9 %, pero al año siguiente logró disminuir esa cifra a 22,1 %. Además, “los salarios reales crecieron y la participación de sueldos y salarios en el ingreso nacional llegó a un 59 % en 1971. Es decir, al cabo del primer año de gobierno se había casi alcanzado la meta sexenal”. Pero todo cambió entre 1972 y 1973.
Valenzuela señala que desde 1971 el coeficiente de inversión venía disminuyendo. Para 1970 era de 16,3 % frente a un 14,1 % para el año siguiente. En 1972 esa cifra cayó al 10-11 %. Además, se presentó un descenso en los salarios reales: en enero de 1972 era igual a 100 y “en abril de 1973 se llega a 82″. Para 1972, las cifras del PIB variaron en comparación con las del año anterior: hubo un crecimiento del 3,6 %. La tasa de inflación también alertó sobre el estancamiento económico que estaba viviendo Chile: “si en abril de 1972 llegaba al 39 % anual, en abril de 1973 llegó al 199 % anual”. A todo eso habría que sumarle la imperiosa necesidad de importaciones por 500 y 600 millones de dólares para lograr que en 1973 se sostuvieran los “actuales niveles de abastecimiento a la población” y el funcionamiento “a plena capacidad de la industria”, como expone Carlos Mistral en su libro Chile, del triunfo popular al golpe fascista: economía política de la Unidad Popular.
En 1973, no solo el estancamiento económico debía alertar a Salvador Allende, sino también lo que venía sucediendo en materia política desde el año anterior: la unificación de la oposición, es decir, de la derecha tradicional y la Democracia Cristiana (DC). Aquello aumentaba la probabilidad de un intento golpista. Y así ocurrió el 29 de junio de 1973, fecha en la que se llevó a cabo el “tanquetazo”, un intento de golpe de Estado fallido comandado por el coronel Roberto Souper. Las calles de Santiago de Chile fueron testigo del desfile de 16 vehículos de combate o de guerra rumbo a La Moneda. Al llegar allí, los disparos no tardaron en aparecer. Minutos después, la sublevación logró ser contenida, pero dejando consecuencias, como el debilitamiento del Gobierno de Allende, que fue derrocado el 11 de septiembre de 1973, dando paso a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuyos rastros aún son visibles en Chile.
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La nostalgia pinochetista
“Creo que la presencia de la dictadura en Chile está arraigada en el ADN de la sociedad”, dijo Manuela Martelli, actriz y directora chilena, en una entrevista para EFE concedida a principios de junio de 2023. Pocos días después, sus palabras resonaron en Eduardo Carrasco, fundador y director de Quilapayún, y Horacio Durán, uno de los fundadores de Inti-Illimani Histórico, mientras conversaban para El Espectador. Ambas agrupaciones fueron claves durante el Gobierno de Allende y la dictadura de Pinochet, período en el cual debieron permanecer en el exilio, pero no dejaron atrás su país, sino que se convirtieron en un símbolo de resistencia desde la música.
“Hay una cifra no menor, del 20 o 30 %, que añora a Pinochet, que piensa que fue el mejor período de la historia. Esos sectores son tan brutales, y si pudieran ejercer la misma violencia de ese entonces, estarían dispuestos, no tendrían ningún problema”, dijo Horacio Durán. A su aseveración se suman los resultados de la encuesta Chile a la sombra de Pinochet, realizada en marzo de 2023 por Market Opinion Research International (MORI) y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). Tomando una muestra de 1.000 chilenos, divididos entre los que vivenciaron la dictadura y los que no, hallaron que, aunque el 64 % de los encuestados creían que Pinochet pasará a la historia como un dictador, el 39 % consideraba que será recordado como el hombre que impulsó la economía de ese país, mientras que el 20 % aseguró que aquel personaje será visto “como uno de los mejores gobernantes que ha tenido Chile en el siglo XX”. Pero aquel no es el único resultado que da cuenta de la imagen favorable del dictador.
A la pregunta “¿cómo se habría desarrollado Chile sin la dictadura?”, el 30 % afirmó que se “habría desarrollado más”, mientras que el 32 % consideró que el desarrollo hubiera sido menor. Entonces, quizás no es de sorprender que, a pesar de que el 41 % de los consultados dijeron que “nunca hay razón para dar un golpe”, el 36 % aseveró que sí había una razón para dar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. De hecho, un 47 % sostuvo que el régimen de Pinochet fue “en parte bueno y en parte malo”; el 25 % dijo que “solo malo” y el 11 % “solo bueno”.
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Si hablamos del principal responsable detrás del golpe, el 24 % culpó a Pinochet, pero el 14 % a Allende. Aunque el 35 % no respondió y el 4 % prefirió culpabilizar a otros. “En otras palabras la mayor parte de la población del país no tiene claro quién/ quienes tienen la principal responsabilidad del golpe de Estado”. No tienen claro aquel dato, pero sí el hecho de que aún permanecen las huellas del régimen militar, como lo expresaron el 68 %, frente a una negativa del 18 %.
La encuesta, que también hace una comparación con resultados de años anteriores, precisa en la volatilidad de los hallazgos y cómo varían dependiendo de los acontecimientos del presente. “Mientras tanto Chile seguirá viviendo a la sombra de Pinochet hasta que se forme consenso definitivo sobre la dictadura”.
Eduardo Carrasco no entiende cómo algunos sectores, no solo en Chile, sino en el mundo, parecieran que añoraran los gobiernos antidemocráticos, “que han resultado siempre una catástrofe para sus pueblos”. Entonces, se siente descorazonado, pero convencido de que en un panorama como el actual es cuando más se necesita del arte para “dar cuenta de los peligros que se alzan”. Por eso, cree que la tarea política nunca culmina. “No hay ningún momento en que uno pueda decir: ‘Ya mi tarea está lista, me echo a dormir, porque ya la cosa no necesita de mi fuerza’. Al contrario, debemos estar constantemente atentos y alertas y volver siempre a cantar y hacer todo lo posible por hacer conciencia y detener estas fuerzas que añoran al dictador”.
Durante el Gobierno de Patricio Aylwin Azócar se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que tuvo como objeto “contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos” cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Siguiendo ese fin, surgió el Informe Retting. Los hallazgos, distribuidos en tres tomos, pueden ser consultados en la Biblioteca Nacional Digital de Chile (BNd).
Para complementar los resultados de aquel informe, el expresidente Ricardo Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el decreto 1.040. “Solo en la medida que se conozca en forma completa la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro”, sostiene la norma.
Más tarde, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, surgió la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Sus resultados sirvieron, entre otras cosas, para reconocer a más de 40.000 víctimas de la dictadura de Pinochet y 3.065 personas muertas y desaparecidas entre 1973 y 1990.
Desde 2010, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile resguarda los antecedentes y hallazgos de ambas comisiones (las creadas durante los gobiernos de Lagos y Bachelet), que pueden ser consultados a través de sus informes: Valech I y II.
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Por Danelys Vega Cardozo
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