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Una bonanza ilusoria

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Todo parece indicar que las autoridades económicas de los años anteriores se desfasaron en el cálculo de la renta petrolera.

Estimaron montos de producción de petróleo mayores a los que se han generado, así como precios elevados para los años futuros. La producción ha sido menor, entre otras cosas, por los atentados de las Farc y el Eln contra la infraestructura, y los menores precios obedecen a una serie de circunstancias externas, como el menor crecimiento de la economía mundial, y de China, en particular, así como a la mayor producción de hidrocarburos de los Estados Unidos.

Los problemas fiscales que tiene Colombia obedecen fundamentalmente a estas divergencias entre la renta petrolera proyectada y la efectivamente obtenida, por un lado, y el incremento en el gasto público de los últimos años, por el otro. Un gobierno debe consumir en un monto igual a la rentabilidad que le permite su patrimonio o su riqueza. Esto quiere decir que debe fijarse más en sus acervos de activos, netos de su deuda, que en las variaciones de sus flujos de ingresos.

Así, si tiene certeza de que su ingreso se ha incrementado en forma permanente, entonces, podrá ajustar hacia arriba y para siempre su consumo en un monto igual al incremento del ingreso. Por el contrario, si percibe que el ingreso se ha incrementado solo en forma temporal, sin afectar su patrimonio, entonces deberá mantener su nivel anterior de consumo, de donde se deduce que el incremento temporal del ingreso deberá ser ahorrado.

Como es muy difícil estimar los precios futuros de un recurso natural, como el petróleo, una regla práctica de comportamiento para las autoridades económicas argumenta que debe tratar a los choques positivos de ingresos como temporales y a los choques negativos como permanentes.

A las autoridades económicas les queda muy complicado manejar estas bonanzas y destorcidas, entre otras cosas, porque los sectores políticos perciben los choques de recursos naturales exactamente al revés. Las subidas de precios las interpretan como permanentes, mientras las caídas las asumen como transitorias.

Por eso, muchos gobiernos introducen reglas obligatorias de comportamiento como las llamadas reglas fiscales y los fondos de estabilización. Colombia los tiene y ese no ha sido el problema. El problema parece estar en los parámetros que se utilizaron para estimar los ingresos futuros de la renta petrolera. Se hace necesario reestimar dichos parámetros con precios de producción de petróleo realistas.

En forma paralela, como los ingresos así estimados van a ser más bajos que los inicialmente proyectados, las autoridades económicas deben revisar el nivel de gasto que es sostenible en el largo plazo. La solución no debe radicar en cubrir el hueco fiscal solo con mayores recursos del sector privado. Es el momento de hacer una revisión a fondo del gasto público, no sólo en relación con su monto, sino también con su composición y eficiencia. Por ejemplo, hay evidencia de que, en lugar de favorecer a los más pobres, muchos programas públicos entregan subsidios a los sectores más pudientes de la sociedad. Ya se sabe que hay despilfarro en los recursos para innovación financiados con las regalías.

Estas medidas no son fáciles de adoptar, pero el país no se puede gastar una bonanza petrolera que no tiene, ni tampoco sostener una falsa prosperidad al debe.

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